La decisión de España de exigir una PCR negativa en origen a los viajeros a partir del 23 de noviembre, cumpliendo recomendaciones de la UE, vuelve a situar en el foco el control de fronteras para luchar contra la extensión de la pandemia, justo cuando la segunda ola golpea con dureza en el continente europeo.

Aplicada ya por algunos países en la primera ola, hace unos meses, esa medida de carácter sanitario también puede ser un elemento disuasorio en la circulación de personas, en especial de turistas, de lo que España es tradicionalmente uno de los mayores receptores del mundo, año tras año.

En el caso español la PCR ha de ser realizada 72 horas antes de la llegada a los viajeros que entren por vía aérea o marítima procedentes de 65 países y zonas, entre ellos Alemania, Francia, Italia y Portugal en la Unión Europea y otros como Marruecos, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá y Puerto Rico.

En otros países también se solicita una prueba PCR, considerada la más fiable en relación con el COVID-19. Es el caso de Austria, que demanda a las personas que llegan desde zonas con alta incidencia del COVID ese “test” de no más de 72 horas o hacérselo ya en suelo austríaco en menos de 48 horas y guardar una cuarentena hasta obtener el resultado. En caso de dar negativo se puede poner fin al aislamiento.

La entrada en Austria solo está permitida en estos momentos a austríacos y residentes en el país, así como ciudadanos o residentes en la Unión Europea o el espacio Schengen.

Italia, uno de los países más castigados por el coronavirus, ya fue a mediados de agosto uno de los primeros Estados europeos que introdujo la obligatoriedad de la prueba para detectar el coronavirus antes de entrar en el territorio, sobre todo para los llegados de algunos países que eran destino de las vacaciones de los italianos.

En un primer momento se obligó a realizar la prueba en el aeropuerto o puerto de llegada a los pasajeros procedentes de Malta, Grecia, España y Croacia. Posteriormente, esta obligación se extendió a los pasajeros que procedieran de París y otras zonas de Francia y a principios de octubre se incluyó a Bélgica, Países Bajos, Gran Bretaña y la República Checa.

En Francia, el secretario de Estado de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, dijo el martes que su objetivo es sistematizar los “test” de antígenos para los pasajeros a su llegada a los aeropuertos del país. Por el momento hay tres aeropuertos en los que ya se pueden realizar esas pruebas, el de Niza desde finales de octubre y los dos de París: Orly desde el 6 de noviembre y Charles de Gaulle desde esta semana.

En un primer momento, esos “test”, de los que se obtienen los resultados al cabo de pocos minutos, se han estado aplicando de forma prioritaria a los viajeros con destino a los departamentos y territorios franceses de ultramar para impedir allí la importación de personas contagiadas que pongan más presión al sistema sanitario.

Progresivamente se están utilizado también para los pasajeros que llegan a esos tres aeropuertos con la idea -explicó Djebbari- de que sea “obligatorio” para las personas que llegan de países en “rojo” porque hay una elevada circulación del virus y que no hayan podido hacerse una prueba en origen. La Seguridad Social francesa asumirá el costo de estas pruebas, incluso para los pasajeros extranjeros que no estén cubiertos.

En el Reino Unido los viajeros que llegan en avión no han de someterse actualmente en los aeropuertos británicos a una PCR para detectar si están infectados de coronavirus, sino guardar una cuarentena de 14 días. En los últimos meses la cuestión de un “test” obligatorio de COVID-19 a los viajeros que llegan al país por transporte aéreo ha sido planteada por el sector de la aviación, por los sindicatos aéreos, por diputados y los mismos pasajeros.

El Ejecutivo sostiene por ahora que, pese a que se trata de una práctica estándar en muchas partes del mundo, ese sistema no sería una alternativa válida a la cuarentena de 14 días y que ese método solo identificaría a un 7 % de infectados.

No obstante, el pasado 7 de octubre el titular británico de Transporte, Grant Shapps, dijo que se valorará la introducción de esas pruebas a fin de que los viajeros puedan finalizar antes de tiempo la cuarentena si obtienen un resultado negativo. Esos visitantes deberían costearse ellos mismos los “test” para evitar lastrar la capacidad del sistema público sanitario.

Con la entrada en vigor del estado de emergencia en Portugal (nivel de alerta máximo en el país) el pasado 9 de noviembre, las autoridades sanitarias pueden practicar “test” de diagnóstico de COVID-19 a todos los que aterricen en los aeropuertos portugueses.

Estas medidas de control también se aplican en los espacios marítimos portugueses y, de momento, se excluyen los “test” de diagnóstico en las fronteras terrestres de Portugal con España, que están abiertas.

En Grecia, al hilo del aumento exponencial de contagios que ha llevado a imponer el segundo confinamiento del año, el país ha endurecido además sus normativas en los aeropuertos.

Desde este miércoles y hasta por lo menos la medianoche del 30 de noviembre, todos los pasajeros de vuelos internacionales con destino a Grecia tendrán que aportar una prueba PCR que demuestre que no tienen coronavirus en las 72 horas previas al despegue de su avión.

Los vuelos extracomunitarios están prácticamente suspendidos salvo con una serie de países, como Uruguay, Japón o Australia, entre otros, cuyos ciudadanos o residentes permanentes pueden seguir entrando en Grecia por avión.

Por su parte, en Rumanía las autoridades obligan a permanecer dos semanas en cuarentena a todos aquellos viajeros procedentes de países considerados de riesgo por la elevada incidencia del COVID, una categoría en la que se encuadra España.

Sin embargo, desde el pasado 7 de octubre se aplican excepciones a esta medida para aquellos que ingresen a territorio rumano con una prueba PCR negativa efectuada en un plazo de 48 horas anterior a la llegada al país balcánico.

Este “test” negativo permite a los viajeros no observar cuarentena si su estancia en el país es inferior a un período de tres días. Quienes permanezcan en Rumanía más de tres días pueden acortar la cuarentena de dos semanas a solo diez días si se someten a un “test” PCR a partir del octavo día y su resultado es negativo.