Ocean Capital LLC, la firma de inversiones que lleva una batalla de gobernanza contra la familia de fondos mutuos cerrados de Puerto Rico, que gestiona UBS Financial Services, salió por la puerta ancha esta semana, cuando el Primer Circuito de Apelaciones rechazó alegaciones en su contra en torno a violaciones a la Ley de Valores federal.

En una opinión suscrita por el juez de apelaciones Gustavo A. Gelpí, el apelativo federal afirmó el fallo del tribunal de distrito de Puerto Rico y de paso, ordenó a UBS a reconocer, de inmediato, como directivos, a los delegados propuestos por Ocean Capital para tres de los fondos Puerto Rico Tax Free Funds I y IV y el Tax Free Fund I.

Entre otros remedios, UBS abogaba por interdicto para impedir que personas vinculadas a Ocean Capital sean parte de las juntas de directores de tres de los 9 fondos mutuos cerrados que gestiona la firma. UBS alegaba que los nuevos directivos causarían un daño irreparable a los fondos de inversión en controversia porque estos solo interesan liquidación los instrumentos de inversión que han servido por décadas a inversionistas de Puerto Rico.

Según UBS, al conformar la Coalición de Inversionistas Preocupados por los Fondos Mutuos Cerrados de UBS (CCI, en inglés), se conformó una “coalición” que debió presentar informes ante la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, en inglés), a la luz de la sección 13(d) de la Ley de Valores federal.

Asimismo, la casa de inversiones argumentó que Ocean Capital y personas relacionadas actuaron de manera contraria a la ley federal al ofrecer información falsa a los demás accionistas de los fondos mutuos, tanto al crear un grupo no conocido de inversionistas con más del 5% de participación en la familia de fondos y al no divulgar las verdaderas intenciones de los directivos al integrarse a la gobernanza de tales instrumentos de inversión.

Entre otros argumentos, UBS ha señalado que los accionistas detrás de Ocean Capital son inversionistas residentes que se mudaron a Puerto Rico atraidos por la exención del contribuciones federales que se otorga a través de la Ley 22 de 2012, ahora parte de Ley 60 de 2019.

Al concluir que UBS no pudo demostrar un daño “irreparable” y tampoco demostrar que los integrantes del CCI actuaron en concierto para avanzar la causa de Ocean Capital o hacer falsas representaciones a la hora de promover su causa entre los accionistas de los fondos, el foro apelativo desestimó el recurso de la casa de inversiones.

La decisión del Primer Circuito de Apelaciones se produce casi cuatro años después de que Ocean Capital y diversos inversionistas asesorados por First Southern Capital reclamaran a UBS devolver los beneficios asociados a la familia de fondos mutuos cerrados.

Como parte de ese reclamo, Ocean Capital sometió la candidatura de varias personas a las juntas de directores de tres fondos mutuos. A pesar de que los inversionistas votaron a favor de los directivos sugeridos por Ocean, UBS no les reconoce, abriendo la puerta al litigio ahora resuelto.

Tras el fallo, W. Heath Hawk, socio gerencial de Ocean Capital, se mostró confiado en que la decisión del Primer Circuito de Apelaciones debe poner fin a “las tácticas de atrincheramiento que les han permitido evadir la voluntad de los accionistas por años”.

“Vemos el fallo como una victoria decisiva dado que Ocean Capital ha invertido los pasados cuatro años corriendo campañas por el cambio que han impulsado los accionistas”, indicó Hawk en un comunicado de prensa.

“Continuaremos luchando en nombre de nuestros compañeros accionistas que continuamente han votado por un cambio por más de cuatro años en los 9 fondos mutuos (cerrados)”, aseveró Hawk.

Los 9 fondos que integran la familia de instrumentos de inversión cerrada en Puerto Rico gestionados por UBS son: Tax-Free Fixed Income Fund for Puerto Rico Residents, Inc. (Fund I); Tax-Free Fixed Income Fund II for Puerto Rico Residents, Inc. (Fund II); Tax-Free Fixed Income Fund III for Puerto Rico Residents, Inc. (Fund III); Tax-Free Fixed Income Fund IV for Puerto Rico Residents, Inc. (Fund IV); Tax-Free Fixed Income Fund V for Puerto Rico Residents, Inc. (Fund V); Puerto Rico Residents Tax-Free Fund, Inc. (PRITF I); Puerto Rico Residents Tax-Free Fund IV, Inc. (PRITF IV); Puerto Rico Residents Tax-Free Fund VI, Inc. (PRITF VI) y Tax Free Fund for Puerto Rico Residents (TFF I).

Los fondos mutuos cerrados de Puerto Rico -que por ley están principalmente obligados a invertir en instrumentos o valores de la isla, lo que incluye millardos en deuda del gobierno puertorriqueño- tuvieron días oscuros hace poco más de una década, cuando el gobierno incumplió con el pago de la deuda pública.

En ese período, miles de accionistas locales -apabullados por las pérdidas que experimentaban- vendieron sus participaciones a inversionistas y firmas como Ocean.

Otros miles terminaron reclamando miles de millones en pérdidas como resultado de supuesta mala asesoría por parte de la casa de inversiones.

Todavía casi una década después, los eventos que sacudieron al sector de inversiones de Puerto Rico y que resultaron en multas y acciones disciplinarias por parte de la Autoridad para la Reglamentación de la Industria Financiera (Finra, en inglés) hay disputas pendientes de resolución.