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Transcurridos casi siete meses desde que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) comenzó una investigación a fondo por presuntos delitos cometidos por Luis Burdiel Agudo y Gilberto Hernández Negrón, presidente y vicepresidente, respectivamente del Banco de Desarrollo Económico (BDE), los fiscales aún no han concluido el caso.
“El caso está bien adelantado. Los fiscales se encuentran evaluando la prueba recopilada para someter los resultados finales al panel”, sostuvo Luis de la Cruz, a cargo de comunicaciones de la Oficina del PFEI, cuando El Nuevo Día indagó sobre cuál fue el resultado de dicha investigación anunciada en noviembre de 2019 por la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives.
Se supone que el PFEI realizara la investigación en un periodo de 90 días a partir de la notificación de la resolución. De la Cruz no pudo precisar a que se ha debido el atraso.
En aquella ocasión, Cotto Vives señaló que ordenaba a los fiscales hacer una investigación a fondo tras evaluar los resultados de una investigación preliminar referida por el Departamento de Justicia, en la que se establecía que los dos ejecutivos del BDE pudieron haber incurrido en supuestas actuaciones ilegales mientras desempeñaban sus funciones en la entidad bancaria.
El PFEI no solo recibió ese referido de Justicia, sino que también dicho Departamento le hizo llegar otro informe que realizó la Oficina del Inspector General relacionado con esos hechos.
En noviembre, al momento de asignar los fiscales del caso, Cotto Vives expresó que del informe preliminar y el récord que sometió Justicia surgía prueba suficiente para concluir que en sus respectivas actuaciones, tanto Burdiel Agudo como Hernández Negrón pudieron haber infringido disposiciones del Código Penal, de la Ley del BDE, así como de la Ley de Ética Gubernamental.
Los fiscales asignados fueron Manuel Núñez Corrada como fiscal especial independiente, y como fiscales delegados Zulma Fúster Troche y Ramón Mendoza Rosario.
Cuestionado por qué los fiscales no culminaron la investigación en los 90 días ni entregaron el informe en el mes de febrero, como se suponía y se han tardado más del doble del tiempo reglamentario, de la Cruz explicó que los fiscales habían pedido una prórroga, aunque expiró en abril.
“Se le concedió una prórroga que venció en abril, pero como con lo del COVID-19 se paralizaron los procedimientos, no han podido entregar el informe. Muchos de esos casos trabajan con expedientes confidenciales que no se pueden sacar de las oficinas”, indicó el portavoz de prensa del PFEI.
Voces de silencio
El Nuevo Día ha intentado hablar con el actual presidente del BDE, Pablo Muñiz Reyes, para que comente sobre la situación financiera de la institución y sobre las demandas que tiene el BDE con relación a la venta de las carteras de préstamos, pero hasta ahora ha declinado la entrevista.
Tampoco ha querido hablar el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, quien es de los pocos miembros de la junta de directores del BDE, que está desde comienzos de este cuatrienio. La junta de directores del BDE fue la que aprobó la venta de las carteras de préstamos a Parliament Capital Management y a Condado 6, entre otros compradores.
Fuentes de este diario que prefirieron no se les identificara, han indicado que Burdiel Agudo está suspedido, pero continúa devengando su salario. Él es empleado de carrera de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, entidad que está en proceso de fusionarse con el BDE. El proyecto de fusión está en la legislatura y se supone se apruebe en la presente sesión legislativa, la cual culmina en los próximos días.
