La Comisión del Bolsas y Valores (SEC) ha llegado a un acuerdo para poner fin a las acusaciones por lavado de dinero contra la firma LPL Financial y por ser vehículo para que Eugenio García Jiménez, Jr. lograra timar al gobierno municipal de Mayagüez.

LPL Financial, una firma establecida en California y oficinas en Carolina del Sur, habría pagado más de $4.8 millones para acabar con las acusaciones en su contra, informó la SEC. De esa cifra, unos $4.1 millones serán restituidos a Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), la empresa municipal que habría sido víctima directa del timo. La diferencia corresponde a una multa impuesta por el regulador federal.

Las tretas de García Jiménez, quien no tiene autorización o licencia alguna para fungir como asesor financiero o de valores, sirvieron para robar al municipio mayagüezano y por ende, a sus contribuyentes, unos $7.1 millones, ha alegado la SEC.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos también acusa a cerca de una decena de personas por el fraude.

“Esta acción demuestra que haremos responsables a las casas de corretaje cuando fallen en implementar procedimientos adecuados diseñados para identificar y atender apropiadamente las banderas rojas de actividades sospechosas por sus clientes”, indicó en declaraciones escritas. Eric I. Bustillo, director de la SEC en la Oficina Regional de Miami.

“La orden de la SEC encuentra que las violaciones de LPL Financial a las reglas para evitar el lavado de dinero facilitaron en última instancia la conducta de García (Jiménez) y que resultó es daños sustanciales a la ciudad (de Mayagüez)”, agregó Bustillo.

De acuerdo con el regulador bursátil, García Jiménez habría utilizado a LPL Financial para perpetrar su estafa. La falta de cuidado de la firma resultó en violaciones a la sección 17(a) del Exchange Act y la regla relacionada 17a-8, pero a su vez, sirvió para que García Jiménez también infringiera la ley.

Según la querella de la SEC radicada ayer en el tribunal de distrito federal de Puerto Rico, García Jiménez acudió a LPL en junio de 2016, luego de haber establecido una primera cuenta en otra casa de corretaje utilizando el dinero que le había confiado el gobierno mayagüezano. Pero LPL no hizo esfuerzos suficientes para corroborar la identidad del hombre, se utilizaron nombres corporativos distintos y tampoco tomó acción a pesar de MEDI era una corporación haciendo negocios en Puerto Rico, pero García Jiménez utilizaba en su documentación direcciones en Newport Beach en el estado de California.

A pesar de las alertas detectadas por diversas unidades al interior de LPL, la firma abrió la cuenta de inversiones contribuyendo así a la continuación del supuesto fraude por parte de García Jiménez.

Por espacio de dos años, según los reguladores, García Jiménez le hizo creer a la administración municipal, lo que de a todas luces es increíble: invertir $9 millones y producir un rendimiento anual de entre 8% y 10% por dos años sin ningún riesgo al principal invertido.

En realidad, reza la acusación, el hombre tomó el dinero que le confió el municipio y tomó prestado contra este, utilizando el dinero para otros fines y el posterior cierre de cuentas.

El acuerdo entre la SEC y LPL se produce unos nueve meses después de que la SEC acusara a García Jiménez por el timo y le prohibiera participación alguna en el mercado de valores de Estados Unidos y la actividad de asesoría financiera.

Esta semana, el Departamento de Justicia de Puerto Rico refirió al Panel del Fiscal Especial Independiente al alcalde de la ciudad, José “Guillito” Rodríguez, por la posible malversación de fondos destinados a MEDI.

En marzo pasado, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) arrestó a cuatro asesores de Rodríguez y otras tres personas que también pudieron estar involucradas en la supuesta estafa.