El periodo de revisión de pruebas en el caso por fraude contra Arnaldo J. Irizarry, exasesor de la alcaldía de Mayagüez, y otros seis acusados, se extenderá hasta enero del próximo año, luego que los abogados de defensa y la fiscalía solicitaran mediante una moción extender el periodo dispuesto previo a la determinación de una fecha de juicio.

La jueza federal Aida Delgado aceptó la petición tras corroborar que no había objeción de ninguna de las partes involucradas en el caso. Delgado hizo lectura de la moción durante una vista de estatus que estaba pautada para ser final, pero que mediante la moción se solicitó que fuera cambiada a vista regular.

La moción es un documento sellado en el archivo del tribunal federal, aunque en la lectura en la vista salió a relucir que hay por lo menos 8,317 piezas de evidencia en el caso, incluyendo “documentos concernientes a 44 cuentas de banco, múltiples corporaciones envueltas, un número significativo de mensajes electrónicos y contratos que necesitan ser examinados”.

“Reconocemos que la cantidad de material puede generar preguntas muy específicas”, sostuvo la fiscal Myriam Y. Fernández González, al validar la complejidad del caso y el volumen de la evidencia presentada.

En la vista se confirmó que los acusados Arnaldo J. Irizarry Irizarry y Roberto Mejill Tellado -representados por los abogados Juan Alvarez Cobian y Carlos J. Andreu Collazo, respectivamente- se encuentran en negociaciones con la fiscalía para una declaración de culpabilidad, aunque todavía no hay acuerdos finales. En la vista de status del pasado 2 de agosto se había informado que había partes en negociaciones de declaración de culpabilidad.

“Comenzaremos a hacer ofertas (de declaración de culpabilidad)”, confirmó la fiscal Fernández. La próxima vista de estatus se pautó para el 13 de enero de 2022.

El trasfondo del caso

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) arrestó el 23 de marzo a Irizarry, exasesor de la alcaldía de Mayagüez, y a otras seis personas que enfrentan 33 cargos de fraude electrónico y lavado de dinero en un supuesto esquema para defraudar las arcas municipales.

El resto de los individuos fueron identificadas como Eugenio “Gino” García Jiménez; Stephen Kirkland; Steve Minger; Alejandro Riera Fernández; Joseph Kirkland; y Tellado.

Los acuerdos de Irizarry con el municipio del oeste están relacionados con asesoría legal. De acuerdo con la página de la Oficina del Contralor, el asesor firmó contratos con Mayagüez que suman $636,350 desde el año 2013 al 2019.

El caso se relaciona a una investigación que se hizo pública en el 2019, por una inversión de $9 millones en bonos. No obstante, cuando el municipio entregó a García Jiménez Jr. los $9 millones para ser invertidos, el hombre utilizó el dinero para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos y luego tomó prestado contra tales instrumentos para su propio beneficio. El individuo hizo un pago al municipio de $1.8 que provino del préstamo obtenido y no de rendimientos en inversiones.

Los acusados presuntamente orquestaron un esquema para defraudar al municipio de Mayagüez y la corporación Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI). El entonces director del FBI en Puerto Rico, Rafael Riviere, indicó que el alcalde de la ciudad del oeste, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, no es objeto de la pesquisa, más bien lo identificó como una “víctima”.

Relacionado a este asunto, tan reciente como el 27 de septiembre, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, recomendó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra “Guillito” Rodríguez, por posible malversación de fondos públicos, incumplimiento del deber y violación al Artículo 4.2 (b) de Ley de Ética Gubernamental.

Justicia también recomendó la designación de un FEI contra la gerente de Finanzas municipal, Yahaira M. Valentín Andrades, ante la creencia de que, en concierto y común acuerdo con el alcalde mayagüezano actuaron de manera ilegal en el desempeño de sus funciones en el municipio, así como también en la corporación MEDI.

Justicia informó que envió a la OPFEI un informe de 188 páginas sobre el contenido de la investigación preliminar que realizó la agencia de las operaciones en el Municipio de Mayagüez y de la empresa municipal MEDI.

“La responsabilidad que tiene un funcionario público es tan grande y valiosa, sobre todo cuando es electo por el pueblo que le otorga su confianza, que conlleva una obligación mayor de actuar con rigor y asegurar el uso correcto de los fondos públicos”, expresó el secretario.

El dinero para las supuestas inversiones provino de asignaciones legislativas por $9.8 millones que se hicieron entre los años 2012 y 2015 para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez.

Sin embargo, según informó Justicia en el referido que hizo a la Opfei, “Guillito” Rodríguez y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla que no se concretaron debido al fraude imputado.

El uso de esos fondos en transacciones financieras no autorizadas por la Legislatura provocó la pérdida de fondos públicos. De ahí que Justicia sospeche que pudo haber malversación de fondos e incumplimiento del deber de parte del alcalde y la gerente de finanzas.

Estas transacciones y otras que se hicieron en Puerto Rico se hicieron a través de MEDI, que era dirigida por Riera Fernández. Mientras que García Jiménez, Mejill Tellado y Jiménez tenían contratos de asesoría con el Municipio de Mayagüez. Los otros tres imputados eran residentes de los Estados Unidos y presuntamente participaron junto a los asesores municipales en la alegada estafa al ayuntamiento.