Ante la creciente posibilidad de que el sector cooperativo registre millones de dólares en pérdidas por causa de sus inversiones en bonos de Puerto Rico, líderes del sector, así como el regulador cooperativo barajan nuevas alternativas para hacer frente a la situación, mientras un análisis del Departamento del Tesoro federal apunta a la necesidad de hacer cambios al marco legal que rige esa actividad en la Isla, supo El Nuevo Día.