La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reiteró que no aprobó la venta de unos $384 millones en préstamos del Banco de Desarrollo Económico (BDE) y que tal pacto nunca se llevó ante su consideración, pero declinó indicar si evaluará la transacción o si tomará una postura definitiva en torno a esta.

De igual forma, la JSF indicó que, a su entender, su principal asesor legal en Puerto Rico, el bufete O’Neill & Borges, no actuó como representante legal del comprador, según su definición en el acuerdo de venta de préstamo.

Ambas declaraciones están en una carta suscrita por el asesor legal general de la JSF, Jaime El Khoury, y dirigida al abogado Carlos S. Lamoutte, quien ha entablado una demanda de clase -en nombre de diversos clientes del BDE- con miras a anular la transacción.

La carta tiene fecha del pasado 26 de junio y es la cuarta que la JSF envía al abogado para establecer que no hará ninguna otra expresión del tema por tratarse de una disputa en corte.

Lamoutte ha pedido a la JSF tomar una postura formal en torno a la transacción.

Según la misiva, la JSF escribió a Lamoutte los pasados 20 de septiembre, 23 de octubre y 22 de febrero para expresarle que el organismo tampoco hará referencia a la disputa en sus reuniones públicas.

La respuesta de la JSF se produce luego de que el abogado escribiera a la JSF en tres ocasiones distintas solicitando que el organismo cumpla con su propia normativa y evalúe el acuerdo de compraventa pactado en el 2018 y atendiera un posible conflicto de interés por parte del bufete que le asiste en los procesos de bancarrota del gobierno.

A diferencia de otros asuntos en los cuales la JSF ha estado dispuesto a demandar al gobierno para recabar cumplimiento, la JSF no ha tomado ninguna acción concreta en el caso del BDE, que se sepa. Ello, a pesar de que la transacción prácticamente supone la insolvencia del BDE, una entidad cubierta por la ley federal Promesa. Ese estatuto prohíbe explícitamente al tribunal, a intervenir con la propiedad del deudor a menos que la JSF lo autorice y otorga al organismo la última palabra en lo que atañe a activos gubernamentales por este asumir el rol de deudor.

El BDE pactó la controversial transacción, que incluyó préstamos garantizados por la Administración de Pequeños Negocios y con colaterales que excedían el balance de los financiamientos, con PR Recovery & Development JV LLC y PR Recovery & Development REO LLC, firmas relacionadas con Parliament Capital Management LLC.

En noviembre del 2019, el BDE demandó a los compradores buscando anular el acuerdo y el año pasado, enmendó su reclamo, para requerir $90 millones a los compradores, así como $400 millones a Garnet Capital Advisors, la firma que ayudó a gestionar la transacción.

Los compradores pagaron apenas nueve centavos de dólares por cientos de préstamos otorgados por el BDE que fueron financiados con fondos públicos e incluso, con fondos que pudieron ser obtenidos a través de emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).