En los pasados dos años, se reportaron sobre 80,000 Informes de Actividades Sospechosas (SARs, en inglés) de transacciones realizadas en Puerto Rico y uno de cada cuatro reportes pudo estar relacionado a con delitos contributivos.

El dato salió a relucir este jueves durante el vigésimo segundo Simposio Puertorriqueño Contra el Lavado de Dinero de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR).

“Creo que una de las cosas que, como saben, nos resultó impactante -aunque ahora tiene un poco más de sentido tras profundizar en el análisis- fue que alrededor del 22% de los informes hacía referencia a fraude o evasión contributiva”, indicó Ryan Crosby, director de la Oficina de Asuntos Transnacionales, Investigación y la División de Análisis de la Red de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés) a los asistentes al evento que la ABPR realiza cada año como parte de las iniciativas dirigidas a prevenir el blanqueo de capitales o el financiamiento de actividades de narcotráfico o terrorismo a través del sistema financiero de la isla.

Según Crosby, el 70% de los SARs fue radicado por solo tres bancos, mientras que las cooperativas de ahorro y crédito representaron aproximadamente el 19% de los informes. El restante 11% correspondió a otros tipos de entidades financieras.

No obstante, una sola institución financiera radicó el 65% de todos los SARs relacionados con posible evasión o fraude contributivo entre el 2024 y 2025, destacó Crosby, quien no reveló el nombre de la entidad que dio parte de la situación a FinCEN.

Desde la división de investigaciones criminales del Servicio de Rentas Internas federal (IRS, en inglés), Brian Payne, director de Operaciones de Campo de la Región Sur de la agencia, explicó que, al integrar delitos contributivos en una pesquisa de fraude, se fortalece sustancialmente la capacidad procesal del gobierno.

“Desde la perspectiva de una investigación criminal, cuando analizamos investigaciones por fraude, los cargos contributivos pueden ser una herramienta poderosa. Cuando combinamos ambos, si observamos una investigación de fraude, estas típicamente ocurren en tiempo real y son intensivas en efectivo. Y ese efectivo, a menudo, no se reporta mediante radicaciones falsas, a través de compañías fachada o mediante otros esquemas fraudulentos”, dijo Payne.

A nivel federal, el IRS es la única agencia con jurisdicción para investigar delitos contributivos y el fraude constituye actualmente una prioridad institucional. En Puerto Rico, esa facultad recae principalmente en el Departamento de Hacienda, dependencia que suele referir los casos al Departamento de Justicia.

Según los funcionarios federales, otro indicador que reflejó un incremento dramático, fueron los reportes vinculados a estafas tipo Ponzi. Los reportes en torno al centenario tipo de estafa se dispararon en 10,000% de 2024 a 2025, según los datos compartidos por la FinCEN. No se precisó el volumen total de los casos.

Los fraudes Ponzi suelen prometer altos rendimientos con poco riesgo y descansan en reclutar personas que aporten dinero para pagar las primeras promesas de rendimiento. A menudo, las personas deben referir la supuesta inversión a otros. La estafa sale a la luz cuando ya no hay más personas que entren a la pirámide y los últimos no cobran lo prometido.

Además, las actividades asociadas a “funnel accounts” creció aproximadamente 1,000% en el mismo período. Los llamados “funnel accounts” es un método de blanqueo de dinero en el que se realizan múltiples depósitos en efectivo en diferentes sucursales bancarias con el objetivo de no despertar sospechas.

“Los exhortamos (a las instituciones financieras) a que continúen aumentando la radicación de informes en ese ámbito y que sigan presentándolos. Asimismo, al analizar con mayor detenimiento las distintas publicaciones de FinCEN, en particular sus avisos, alertas y notificaciones, la explotación financiera de adultos mayores fue la guía más citada por las instituciones financieras con base en Puerto Rico”, dijo Crosby.

Asimismo, de unos 5,000 SARs radicados en jurisdicciones estadounidenses asociados al sector de la salud, unos 1,700 reportes o cerca del 35% provinieron de instituciones financieras con base en la isla, detalló el funcionario de la FinCEN.

“La mayoría de esos informes mencionaba —para citarlo correctamente— la certificación de balances de cuentas bancarias por parte del gobierno de Puerto Rico para determinar la elegibilidad a beneficios, generalmente en referencia a Vital, que es el programa Medicaid de Puerto Rico”, subrayó el Crosby.

Por su parte, Myriam Fernández, fiscal auxiliar del Departamento de Justicia federal para el distrito de Puerto Rico, informó que tres de las prioridades que atiende la fiscalía son los casos dirigidos contra personas de edad avanzada, robo de identidad y el fraude electrónico.

“Cuando uno examina los casos que se han radicado y, obviamente, los casos que todavía estamos investigando, muchas veces va a ver más de una de esas prioridades presentes en las acciones de una determinada red. Si observa fraude contra adultos mayores, probablemente, también verá fraude electrónico”, expresó Fernández.

El panel fue moderado por el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow.