Una acusación federal contra un comerciante puertorriqueño detalla cómo un grupo de vendedores de acero y varillas se pusieron de acuerdo para aumentar el precio de estos productos y asegurarse que no hubiera competencia en el mercado.

El grupo de comerciantes se hacía llamar “La Cosa Nostra”.

El comerciante Juan Carlos Aponte Tolentino, quien fue vicepresidente interino de Aceros de América, se declaró culpable de un cargo de conspirar para fijar precios entre los años 2015 y 2022.

De acuerdo con la acusación federal, Aponte Tolentino y otros dos empresarios que no son identificados, intercambiaban mensajes constantes y se autodenominaban “La Cosa Nostra”, la frase que identifica a la mafia siciliana. El grupo de comerciantes y autodenominados mafiosos controlaba aproximadamente el 70% del mercado de varillas en Puerto Rico, se comunicaba por la red WhatsApp y sostenía reuniones y otras actividades sociales.

La acusación federal detalla que en 2019, Puerto Rico importó unos 60.4 millones de kilogramos de varilla, o aproximadamente unas 66,500 toneladas, en parte, para la reconstrucción de la isla luego de los huracanes Irma y María en 2017.

Las compañías que formaban parte de “La Cosa Nostra” estaban ubicadas en Toa Baja y Carolina. De acuerdo con la acusación federal, operaban sus empresas como “un cartel que dominaba el mercado”.

Indica el documento que Aponte Tolentino y otros se comunicaban para fijar los precios de los productos de acero, incluyendo la varilla, mientras hablaban de los cambios de precio y los aumentos de precio con los que dominarían el mercado. Las autoridades federales alegan, incluso, que el grupo se puso de acuerdo para pedir detener o aminorar la importación de varilla a Puerto Rico con el fin de afectar el suplido, crear una escasez y poder manipular los precios.

La acusación incluye varias comunicaciones entre Aponte Tolentino y los comerciantes coconspiradores, quienes supuestamente también intentaron borrar las comunicaciones que sirvieron para consumar la confabulación.

Son varias las instancias descritas en la acusación federal en las que los comerciantes se comunican para fijar el precio de la varilla.

Por ejemplo, en agosto de 2015 se comunicaron para acordar que venderían el quintal de varilla a $25.50. Llegaban al punto incluso de hablar sobre cómo le comunicarían los nuevos precios a sus clientes. Ya en 2018, y según otros mensajes, el precio de las varillas iba por $48.95. Uno de los comerciantes dijo entonces que el precio le garantizaría una ganancia de 20%. Ya en febrero de 2022 el precio discutido de un quintal de varilla iba por $51.95.

La acusación que resultó en la declaración de culpabilidad de Aponte Tolentino el pasado 7 de agosto es la base de una demanda radicada por Tiger Group contra Aceros de América, Carolina Building Materials, Carolina Building, LLC., Steel Services & Supllies, Inc. En la demanda, Tiger Group también incluyó a los comerciantes Aponte Tolentino, Edgardo Solá Colón y Francis García Haghverdian. La intención de Tiger es que el litigio se convierta en una demanda de clase a nivel federal.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la fijación de precios por parte de Aponte Toletino y otros constituye una violación a la ley federal antimonopolio, conocida también como la ley federal Sherman. Quienes resultan convictos se exponen hasta 10 años de prisión. Las empresas que participan de la práctica ilícita se exponen a multas criminales de hasta $100 millones o hasta el doble de los daños causados a las víctimas, bajo ciertas circunstancias.

Aponte Tolentino y los dos comerciantes que se confabularon con él distribuyeron los productos con los precios inflados a ferreterías, contratistas, otros negocios y a individuos en Puerto Rico, lo que resultó en ganancias “sustanciales” para estos.

Solo Aceros de América -que presidía interinamente Aponte Tolentino, quien habría seguido la práctica ilícita del presidente anterior de la empresa fallecido- sobrefacturó el precio de los productos en unos $100 millones en ventas.