Umberto Donato, presidente de la Asociación de Contratistas Generales Capítulo de Puerto Rico. (GFR Media)
Umberto Donato, presidente de la Asociación de Contratistas Generales Capítulo de Puerto Rico. (GFR Media) (GFR Media)

El Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales (AGCPR) acogió la determinación de la gobernadora Wanda Vázquez Garced de suspender la OE-2018-033 que ordenaba, entre otras cosas, un salario de $15.00 por hora y el uso de convenios laborales en los proyectos de construcción.

Asimismo, la organización también favorece la creación de un grupo compuesto por entidades del sector público y el privado para estudiar y evaluar recomendaciones para derogar o enmendar los mandatos de la OE-2018-033.

“La firma de la OE-2020-075 es un paso positivo para la industria de la construcción y el objetivo de maximizar el potencial de los fondos de reconstrucción y de crear la mayor cantidad de empleos posible”, dijo el arquitecto Umberto Donato, presidente de AGCPR.

“Desde el primer día la industria de la construcción fue unida a solicitar la suspensión de la OE-2018-033 por el impacto nefasto que tendría en la economía de Puerto Rico y en la capacidad de la construcción para convertirse en motor de desarrollo económico”, agregó.

Con el tiempo, Donato indicó que las advertencias de la industria al gobierno se materializaron limitando la capacidad de crear empleos sostenibles en la construcción. Actualmente, la industria tiene un poco más de 20,000 empleados, que es una cifra similar a los meses antes del huracán María en el 2017 cuando el empleo había llegado a niveles muy bajos.

Como alternativa, la AGCPR recomienda que el gobierno adopte la OE federal 13658 que establece un salario mínimo para el 2020 de $10.80 y un mecanismo para revisar dicha cantidad conforme al desempeño de la economía, mientras en lo que el grupo de trabajo completa la evaluación del mercado local y llega a un acuerdo sobre el salario mínimo en la construcción.

“Somos conscientes y convencidos que, tanto la industria de la construcción, como los demás sectores económicos del país necesitan ajustes en el salario mínimo y que cualquier modificación tendría que ser producto de consenso luego de un análisis de la realidad de la economía local. Esperamos que el grupo que se ha creado con esta encomienda pueda trabajar de una manera ágil para llegar a un acuerdo que fomente la actividad económica y la creación de empleos seguros y sostenibles”, concluyó Donato.