Con la entrada de un nuevo gobierno en 2021, el desembolso ágil y adecuado de los fondos de reconstrucción debe liderar las prioridades porque “donde Puerto Rico tiene la oportunidad más grande de reactivar la economía es en la construcción. No se puede perder de perspectiva”.

Así lo afirmó Umberto Donato, presidente de la Asociación de Contratistas Generales, capítulo de Puerto Rico (AGCPR), al compartir el Programa de Gobierno que formuló el gremio a modo de recomendaciones para el gobernador electo Pedro Pierluisi.

Entre los proyectos que ven prioritarios, Donato destacó aquellos ligados a la infraestructura eléctrica, la reparación de escuelas, la construcción de vivienda y la red vial por entender que “tenemos que usar con sabiduría los fondos para que esa infraestructura esté actualizada y resiliente, y sea la zapata correcta para un crecimiento económico sostenible”.

Solo así, planteó, la Isla se colocará en mejor posición para aterrizar la agenda de atraer mayor inversión en manufactura y otros segmentos como exportación de servicios.

El líder recalcó la importancia de que la ejecución se produzca “con empresas de Puerto Rico, porque es algo que se repite, pero no ha sucedido en la magnitud que hemos querido”, a fin de que una proporción mayor de fondos se retenga en la economía.

“Estamos, como siempre, dispuestos a colaborar y ayudar. Que nos involucren para hacer que las cosas sucedan”, afirmó Donato sobre al ambiente de comunicación que la organización espera mantener con la administración entrante.

En materia de fuerza laboral, la entidad mantiene dos propuestas que ya habían formulado antes del cambio de gobierno: establecer un salario mínimo para los proyectos con fondos públicos que use como guía la Orden Ejecutiva federal 113658, firmada por Barack Obama. Esta orden establece un jornal mínimo de $10.80 para las obras con fondos federales. Según el gremio, este decreto se basa en estudios económicos y tiene mecanismos para aumentos periódicos a base de las condiciones de la economía.

En segundo lugar, “la Asociación apoya la creación de Programas de Capacitación y Educación Continúa dirigidos a empleados y empresas de construcción basados en currículos establecidos por el National Center for Construction Research and Education (NCCER). A través de estos se podrán ofrecer adiestramientos en distintas carreras de construcción mediante programas de ‘apprenticeship’ y certificaciones a nivel nacional en diferentes destrezas, incluyendo entre otras: carpintería, albañilería, acero estructural, operación de equipo, y terminaciones de interiores”.

Donato indicó que la capacitación es vital, además, ante la realidad de que la industria tiene un nivel de empleos muy bajo, con cerca de 30,000 puestos, aun cuando se supone que estemos en plena recuperación tras los desastres naturales.

“Entendemos que se podrían generar 70,000 más para llegar a los 100,000 empleos”, indicó. Agregó que la AGCPR estima que por cada $1 millón de inversión en construcción e infraestructura se generan de 25 a 30 empleos.

Para reducir los costos de construcción, el grupo propone también legislar para que los arbitrios de construcción de los municipios tengan un tope máximo de 5%, además de eliminar el impuesto al inventario sobre materiales de construcción.

En materia de mejorar la eterna batalla por agilizar la obtención de permisos y otros trámites, solicitan que “se apruebe lo antes posible la más reciente versión (2020) del Reglamento Conjunto; se utilicen de forma inmediata los fondos federales asignados para el mejoramiento de la plataforma de permisos (Single Business Portal); y se añada un proceso de autocertificación o concederle más autoridad al Profesional Autorizado, permitiendo que profesionales licenciados (arquitectos e ingenieros) puedan certificar trámites adicionales durante el proceso de permisos”.

En sus propuestas, también pide que se atienda la aprobación del reglamento para poner en vigor la Ley 73 de 2019 sobre la centralización de compras del gobierno; apoyan la revisión de la Ley 218 de 2010 para adoptar “un marco de condiciones generales uniformes para la contratación de obra pública por subasta”. Esa ley incluye la creación de un comité asesor para el gobernador.

“Dicho comité debe activarse cuanto antes para promover enmiendas o recomendaciones para hacer más efectiva la ley”, urgió la AGCPR.