El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) comenzará un programa piloto llamado “Work Requirement” para insertar a unos 207,000 beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a la fuerza laboral de Puerto Rico, informó hoy, viernes, el secretario de la agencia, Gabriel Maldonado González.

Con esta iniciativa, el gobierno espera aumentar la tasa de participación laboral de un 43% a un 50%, pero aún no cuentan con una dirección clara de cuándo pudiera comenzar.

“Hay un plan piloto donde el Departamento de la Familia va a estar requiriendo trabajo para que cierto grupo que participa de asistencia nutricional se pueda insertar al mundo del trabajo”, informó Maldonado González. “Esa parte de cuándo va a estar empezando la maneja (el Departamento de la) Familia, pero entiendo que ahora en septiembre va a estar comenzando el proyecto piloto”, respondió a preguntas de la prensa.

Alberto Fradera, administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), adscrita al Departamento de la Familia, no pudo precisar la fecha de inicio del programa, pero adelantó que el proyecto se encuentra en “las etapas finales de planificación”.

En la isla cerca de 1.3 millones de personas son beneficiarias del PAN, de las cuales se pretende insertar a aproximadamente el 15.3% de ellas al mundo laboral, adicionales a las 216,193 personas que ya reportan ingresos por trabajo.

De acuerdo con el secretario, los beneficiarios del PAN que comiencen a trabajar no perderán la asistencia, sino que pudieran tener una reducción paulatina, dependiendo de los ingresos.

A su vez, resaltó que se deberán alinear los beneficios de Plan Vital, Medicaid y subsidios de viviendas con este proyecto.

Asimismo, el funcionario aseguró que esto formaría parte de lo que supondría una transición del PAN al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), el cual requiere que los beneficiarios se inserten en la fuerza laboral.

“Esto tiene que ver, no solamente con la parte del mercado laboral, sino también con la transición a SNAP, que estamos cabildeando en el Congreso”, dijo Maldonado González.

Según Maldonado González, la prioridad de la agencia es poder aumentar la fuerza laboral e insertar los cerca de 1.5 millones de personas que se encuentran fuera de la fuerza laboral.

Las expresiones se dieron en medio de la Conferencia Ejecutiva de 2023 de la Asociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico (ACG), en la que se abordaron los temas de falta de mano de obra, agilidad en los procesos de construcción, el impuesto al inventario, entre otros asuntos que afectan al sector.

Lento el reclutamiento para el sector de la construcción

Por otra parte, durante la conferencia, el secretario también dio a conocer que el proceso de reclutamiento de personas extranjeras, a través de la Visa H-2B para trabajar en el sector de la construcción, va a cuenta gotas, debido al límite de 66,000 personas al año en todas las jurisdicciones. Se estima que en Puerto Rico se necesitan aproximadamente 89,000 trabajadores , mientras que en Estados Unidos la cifra asciende a 650,000 profesionales.

“A nivel político, en Estados Unidos ha resultado un poquito complicado poder mover la aguja en términos de lo que estamos pidiendo, tanto aquí como en otras jurisdicciones, de que se flexibilice ese asunto de poder traer mano de obra. Hoy por hoy es complicado”, explicó Maldonado González.

El titular del DTRH informó que se estarán encaminando iniciativas para añadir trabajadores de otros segmentos como la población con diversidad funcional, mujeres, jóvenes, personas de entre 55 a 65 años y exconvictos, que estén hábiles para trabajar.

“Aquí debemos tener la capacidad suficiente para atender la falta de mano de obra, si estratégicamente atendemos cada segmento poblacional que mencioné, atendemos las barreras que enfrentan en el empleo y vamos insertando poco a poco más de ellos a la fuerza laboral”, subrayó Maldonado González.

El Gobernador confía en que se eliminará el impuesto al inventario

En medio de la conferencia de la ACG, líderes del sector de construcción del país sostuvieron un diálogo con el gobernador Pedro Pierluisi, donde levantaron su preocupación sobre el impacto de la contribución sobre el impuesto al inventario en las empresas locales.

El primer ejecutivo aseguró que ha llevado el reclamo al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y confía que la Legislatura dé paso al Proyecto de la Cámara 1692, el cual busca modificar el impuesto al inventario y, de aprobarse, aseguró que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no tendrá reparos.

“Esto (la aprobación de la medida) es un movimiento hacia la dirección correcta. La junta, pienso yo, que prefiere que se elimine (el impuesto al inventario). Yo conozco a esa junta y pienso que la posición de la junta es que se elimine”, aseguró Pierluisi.

“No vislumbro que, si esto se aprueba, lo trate de revocar”, continuó.

Mientras el gobernador emitía sus expresiones, el secretario de Estado, Omar Marrero, asintió desde las gradas sobre la posible postura de la JSF de aprobarse la pieza legislativa, la cual se encuentra en la Cámara de Representantes.