La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) calificó “sin fundamento y engañosas” las expresiones del presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), Agustín Rojo, sobre la “manera restrictiva en que se ha implementado” la Ley de la Reserva Natural del CEN (Ley 8 de 2013) que, supuestamente, habría impedido reparaciones a estructuras existentes en esta área natural protegida.

“En el CEN no existen residencias ni otras estructuras en uso, con la excepción de aquellas que dan apoyo a la casa de playa del gobernador de turno”, aclaró mediante comunicado Nilda García, presidenta de la Coalición Pro CEN, organización que ha liderado la protección y desarrollo sostenible de esta reserva natural por más de 20 años.

A su vez, García expresó que “es vergonzoso que el líder de una de las organizaciones que representa un sector importante de nuestra economía no haya hecho el mínimo esfuerzo de informarse previo a dar su opinión, haciendo un mal servicio a la discusión pública y a quienes confían en él”.

Con esto, García hizo referencia a que Rojo, mediante un comunicado divulgado el pasado martes, defendió la postura del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, de legislar para que se permitan ciertas construcciones dentro de la reserva.

Méndez, coautor de la ley del CEN que se aprobó de forma unánime en el 2013, comunicó su intención durante la reciente convención de la ACPR.

“Si una familia quiere remodelar o construir o hacer un pozo séptico en su casa no lo puede hacer”, alegó entonces el legislador, quien representa al distrito que incluye los municipios de Luquillo y Fajardo, donde se ubica el CEN.

La Coalición recalcó que no hay familias residiendo en la reserva.

Sin embargo, Rojo “reconoció como válido que el presidente de la Cámara fomente una discusión sobre el objetivo original de la ley y la manera restrictiva en que se ha implementado, al punto de limitar reparaciones en estructuras existentes previo a la creación del Corredor”.

“También resaltó la doble vara que, a uno de los autores de esta legislación, se le pretenda censurar y no reconocérsele facultad de reexaminar lo legislado”, añadió la ACPR en su parte de prensa.

A su vez, Rojo hizo un llamado a “mantener la discusión sobre planificación y protección ambiental en un marco constructivo, basado en datos y evidencia”.

Sobre este particular, García alegó que Rojo contradice su propia exhortación, al ignorar que la Junta de Planificación tiene en vigor un Plan Sectorial de la RCEN, que detalla las áreas específicas que están designadas para la conservación y aquellas donde se pueden desarrollar actividades ecoturísticas y de turismo de naturaleza.

Además, informó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tiene un plan de manejo específico para la Reserva Natural del CEN, dirigido a la restauración de sus ecosistemas y la recuperación de las especies que allí habitan.

El CEN abarca unas 3,000 cuerdas de bosques costeros, playa, ciénagas y manglares. Sus 13 millas de costa albergan comunidades de coral y praderas de yerbas marinas, además de que sus playas son áreas críticas de anidaje del tinglar, una de las tortugas marinas en peligro de extinción.

Según datos compartidos por la Coalición, en la zona se ha documentado la presencia de más de 865 especies de flora y fauna, incluyendo 53 identificadas como raras, vulnerables o en peligro de extinción, algunas únicas de Puerto Rico.

La Ley 8 del 2013, que estableció como política pública “la preservación, restauración y conservación” de los terrenos del CEN junto a su desarrollo basado “en actividades relacionadas al ecoturismo y turismo de naturaleza”, fue aprobada de forma unánime y con el apoyo de numerosas entidades civiles y gubernamentales.