Al menos unas 160 organizaciones o entidades pudieron haber sido afectadas directamente por la conspiración que sirvió para inflar los precios del acero y la varilla en Puerto Rico, según una orden judicial.

Esas entidades estarían en posición para reclamarle a las empresas señaladas por haber fijado, alegadamente, el precio de la varilla y el acero en Puerto Rico, de acuerdo con la orden firmada por la jueza de distrito federal Gina Méndez Miró.

Según la orden, las personas que hayan adquirido más de $100,000 en varilla a Aceros de América y otras dos empresas implicadas en la supuesta conspiración de fijación de precios del acero, tendrían derecho a litigar para recobrar las pérdidas que habría provocado la conspiración.

Méndez Miró también ordenó que deberá crearse un proceso para que la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos informe a las posibles víctimas de las empresas que se alega participaron de la confabulación y que podrían ser compensadas, en caso de que prospere una demanda de clase a esos efectos.

“La conspiración incluye un gran número de víctimas, algunos que compraron cantidades pequeñas a estos conspiradores. Determinar la pérdida que sufrieron estas potenciales víctimas de la conspiración es difícil”, dice la orden.

El documento establece entonces que se deben identificar las potenciales víctimas del esquema, estimadas en 160 organizaciones que compraron al menos $100,000 en varilla durante el tiempo que duró la conspiración, es decir entre los años 2015 y 2022. Las personas afectadas deben ser notificadas de que son potenciales víctimas del esquema.

Al menos dos comerciantes ya se declararon culpables por violaciones a la ley de antimonopolio federal Sherman por conspirar para fijar el precio del acero y las varillas en Puerto Rico. Juan Carlos Aponte Tolentino y Edgardo Solá Colón tendrán sus lecturas de sentencia en noviembre y diciembre próximos.

La definición de los perjudicados por el supuesto “cartel del acero” es parte de los procedimientos legales para una demanda de clase contra Aponte Toletino y Solá Colón, así como contra las empresas Aceros de América, Carolina Building Materials, Inc., Carolina Building, LLC., Steel Services and Supplies, Inc. y la matriz ThyssenKrupp. Según ha trascendido en documentos judiciales, los comerciantes mantenían un grupo en la red de comunicación WhatsApp llamado “La Cosa Nostra”, en referencia a la mafia siciliana para fraguar la conspiración. Desde este chat, supuestamente, se acordaban los precios de la varilla, incluso, durante los años de la reconstrucción luego de los huracanes Irma y María en 2017.