La meta de mantener una tarifa máxima de 21 centavos por kilovatio hora para el 2023 no es suficiente para algunas empresas manufactureras en la Isla. (horizontal-x3)
La meta de mantener una tarifa máxima de 21 centavos por kilovatio hora para el 2023 no es suficiente para algunas empresas manufactureras en la Isla. (Archivo / GFR Media)

A finales de junio de 2016, la Comisión de Energía aprobó un aumento provisional de la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El alza fue de apenas 1.299 centavos el kilovatio-hora. Un mes después, la empresa Cemex anunciaba el despido de unos 60 empleados en la planta de manufactura de cemento en Ponce.

Estos dos eventos, que a simple vista podrían verse como asuntos aislados, están íntimamente relacionados. Cemex, es una de las empresas que más energía consume en Puerto Rico. Algunos estimados suponen que hasta el 20% de las ventas industriales de la AEE son a esta empresa, que en los últimos años ha sido abatida por la caída en la demanda local de cemento producto de la crisis económica. Sus operaciones se fundamentaban en un incipiente esfuerzo de exportación a varios países caribeños.

Pero esta iniciativa fue sacada de carrera con el alza en el costo energético. La producción sencillamente era muy cara como para ofrecer el cemento a precios razonables del mercado caribeño.

“Fue bien triste porque tuvimos que despedir a mucha gente... Nosotros estábamos exportando a mediados del 2016. De hecho, era probable que aumentáramos la exportación, cuando impusieron el incremento provisional y se pedía el alza por la titularización. Eso nos cambio el juego. Mis decisiones son a largo plazo. No puedo esperar a un cambio de política pública, así que se tomaron decisiones fuertes y empezamos reestructurar”, explicó Enrique García, director general de Cemex Puerto Rico.

La empresa entonces optó por importar el producto, para mantener su posición en el mercado de Puerto Rico, y reducir la producción local por los altos costos que implican.

La inversión de la empresa, que puede producir hasta 1.2 millones de toneladas anuales, en una economía que demanda solo 475,000 toneladas, se mantiene subutilizada. El potencial sigue ahí, pero los altos costos de la energía eléctrica impiden explotarlo.

Efecto en toda la economía 

“Eso que me pasa a mí (Cemex) le va a estar pasando a más y más sectores en la Isla. Va a haber un disloque entre lo que tienen invertido y lo que el mercado doméstico les demanda. La crisis, que hasta ahora ha sido una fiscal, se va a convertir en una macroeconómica que son las que nos han pegado en América Latina donde los distintos sectores de actividad económica del país se fueron al tanque. Ese 16% de caída económica que se ha hablado (para el año fiscal que comienza en julio) yo lo veo factible”, dijo García al recordar crisis similares que se han vivido en México y en Letonia.

Con el relato, García ilustraba la importancia que tiene el problema energético en la recuperación económica de Puerto Rico.

“El punto más importante para el desarrollo económico de Puerto Rico es la parte eléctrica... Yo estoy tan frustrado de los costos eléctricos porque es un impuesto a la ciudadanía, al País, al comercio, al desarrollo económico y si no tienes desarrollo económico, no se crean empleos ni se generan riquezas, el País no echa para adelante”, dijo Carlos Unanue, presidente ejecutivo de Goya Puerto Rico, otra empresa que, por sus operaciones, requiere un alto consumo energético.

“Si se quiere que la producción industrial del País mejore, los costos energéticos deben estar como en 14 centavos el kilovatio-hora. Eso es para poder competir”, expresó, por su parte, Josen Rossi, ejecutivo de la empresa de construcción Aireko.

La meta de 21 centavos 

Tarifas cercanas a la mencionada por Rossi no se alcanzarán bajo la planificación actual de la AEE. El Plan Fiscal, certificado por la Junta de Supervisión Fiscal en mayo propone como meta que la tarifa eléctrica sea de 21 centavos el kilovatio-hora para el 2023.

“A nosotros esa tarifa no nos sirve porque no nos ayuda a competir”, expresó Unanue.

Esta meta de 21 centavos, aunque relativamente alta, es de por sí difícil de alcanzar si se toma en consideración los cambios en la factura que se estarán implantando en los próximos meses, que aumenta la carga de los consumidores de modo que se pueda cumplir con el servicio a la deuda, el programa de mejoras capitales y los niveles de ingresos que permitan la continuación de las operaciones de la corporación pública.

El Plan Fiscal apuesta a una serie de inversiones en infraestructura bajo el modelo de alianzas público-privadas. Los tres empresarios, en entrevista con El Nuevo Día, dudaron de la capacidad que tenga el Gobierno para capturar la inversión privada en la AEE, bajo los parámetros actuales y los que se perfilan en el futuro cercano.

Rossi explicó que, por ejemplo, en la planificación se parte de la premisa que la demanda energética permanecerá más o menos igual por los próximos años. Esto a pesar de que en los últimos años la demanda ha caído significativamente y que, por la caída en la economía que se anticipa en los próximos años, esta baja en el consumo podría ser hasta más intensa. Esto porque los costos de electricidad empuja a los clientes a salirse del sistema, dijo.

Unanue, por ejemplo, explicó que el costo energético en Puerto Rico es dos y hasta tres veces mayor que lo que la empresa paga en las plantas que tiene en la República Dominicana, Texas y Nueva York.

“Ese costo energético está en cada lata que exportamos”, sostuvo.

Receta para la mejoría 

Los empresarios, coincidieron en resaltar que para salir de la crisis económica y fiscal de Puerto Rico se necesita que la economía crezca. Y para eso, lo importante es que aumente la producción de bienes y servicios competitivos en los mercados internacionales.

El costo energético es uno de los principales renglones que encarecen la producción puertorriqueña. Por eso, el empeño por una reestructuración de los sistemas energéticos de Puerto Rico.

“Lo más importante para el desarrollo económico ahora mismo es bajar el costo de la energía. Y no tiene que ver solo como un asunto comercial o industrial sino que es algo importante para la ciudadanía”, sostuvo Unanue.

El presidente ejecutivo de Goya Puerto Rico indicó que la primera gran meta debe ser abrir la producción energética a la competencia. De este modo, los precios de la electricidad no obedecerán tanto a la necesidad de ingresos de la AEE sino a lo que el mercado está dispuesto a pagar por el producto.

“La competencia hace que las empresas sean más eficientes... Ahora mismo no lo son (eficientes) porque no hay competencia, no hay consecuencias, no hay rendición de cuentas”, dijo Unanue.

Gobernanza sin partidismo 

Pero para abrir el mercado a la competencia se necesita cambiar la forma en que se gobierna la AEE y fortalecer la Comisión de Energía, cuyos poderes de imponer tarifas fueron diezmados con la reciente Ley 26 de 2017. Este estatuto permite que el secretario de Hacienda, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el jefe de la Autoridad de Asesoría Fiscal y Agencia Fiscal (AAFAF) decreten aumentos en las tarifas de las corporaciones públicas, función que en el caso energético le correspondía exclusivamente a la Comisión.

“Tienes que comenzar con mejorar la gobernanza y la falta de confianza en el Gobierno de Puerto Rico. Resolver eso es lo que atraería inversionistas a Puerto Rico especialmente en este momento en que no se tiene acceso ni se va a tener acceso por buen tiempo a los mercados de capital para hacer las inversiones que necesitas para que el sistema sea más eficiente... Sin una gobernanza estable, que no cambie cada cuatro años, no se va a poder atraer la inversión que se necesita”, dijo Rossi.

Fuera de enfoque 

El otro asunto tiene que ver específicamente con el acuerdo de apoyo a la reestructuración (RSA) y el Plan Fiscal. Dichos documentos, que trazan la hoja de ruta de la producción energética de Puerto Rico, comprometen al sistema a una estructura de precios que no fomenta el desarrollo económico de Puerto Rico. De hecho, actualmente se litiga un caso en el que empresas del sector privado impugnan las alzas tarifarias asociadas a la reestructuración de la AEE. Según Unanue, el RSA lo que hizo fue buscar una viabilidad económica para la corporación pública en lugar de resolver los problemas que tienen y que implican un lastre para el desarrollo económico de Puerto Rico.

Según Rossi, el RSA, que en gran medida sirvió como base para el Plan Fiscal de la AEE, no cumple con las disposiciones de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Esto porque no asegura una sostenibilidad en el repago de la deuda de la AEE y no permite la estabilidad económica en Puerto Rico.

“Uno puede patear la lata para evitar los costos de intereses (de la deuda)ahora pero al final del día para que los costos de una empresa sean sustentables tienen que ofrecer precios de mercado. Y ya la AEE ha demostrado que no puede ser eficiente y que no puede autoregularse”, dijo Rossi.

“Esto tiene que llegar al Título III de PROMESA (que establece un proceso de quiebra territorial) y procurar abrir el mercado a la competencia”, opinó por su parte, Unanue.

Medidas a corto plazo 

Mientras estos cambios y procesos se ejecutan, según García, se tiene que procurar un proceso en que se busque retener la manufactura que existe en Puerto Rico.

Para eso, indicó, se deben procurar tasas preferenciales según el volumen de consumo energético del cliente industrial o según las exportaciones que hace la empresa. El jefe de Cemex, estimó, que esto sería más efectivo que los incentivos contributivos que ofrece el Gobierno a cambio de la inversión industrial y la creación de empleos.

De lo contrario, muchas de las líneas de producción en Puerto Rico, emigrarán, advirtió Unanue. “La energía eléctrica, en lugar de ser un servicio público es un lastre para la actividad económica en Puerto Rico. Eso es lo que se tiene que cambiar”, sostuvo, entretanto, García.


💬Ver 0 comentarios