En Puerto Rico se estima que hay 389,000 personas que residen en 183,000 unidades de vivienda ubicadas en zonas propensas a inundaciones. De estas propiedades residenciales, solo 45,000 cuentan con pólizas de seguro de inundación, de acuerdo con datos de la Junta de Planificación (JP).
“Nos preocupa bastante”, expresó José Luis Valenzuela, vicepresidente de la JP, al tomar en cuenta que los eventos de inundaciones suelen ser comunes en Puerto Rico y que no solo el azote de huracanes como Irma –que pasó por la isla la semana pasada– pueden provocarlos.
Aparte de poner en peligro la vida, estos desastres naturales provocan costosos daños a las propiedades. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) estima que la entrada de una pulgada de agua puede causar daños a la vivienda y las pertenencias ascendentes a más de $26,000.
“Las ayudas económicas que pueden proveer el estado y los municipios son limitadas comparadas con los daños que pueda provocar una inundación”, sostuvo Valenzuela. “El gobierno federal tiene también sus problemas económicos y se ha puesto más riguroso al momento de las reclamaciones”.
Ante esto, aseguró que “la meta de la Junta de Planificación es duplicar en este cuatrienio la cantidad de pólizas de seguro por inundación”.
Informó que la JP es la agencia a cargo de coordinar el Programa Nacional de Seguro Contra Inundaciones de FEMA en 74 pueblos. Los municipios autónomos de Carolina, Bayamón, Guaynabo y Ponce se incorporaron al programa como comunidades separadas. La iniciativa es la que permite que en Puerto Rico se emitan pólizas de seguro contra inundaciones para propiedades residenciales y comerciales. También procura que se vele porque el desarrollo de proyectos de infraestructura cumpla con los estándares federales.
Las pólizas son emitidas en su mayoría por aseguradoras privadas que cuentan con el aval del programa. De acuerdo con datos de FEMA, el Congreso de Estados Unidos aprobó legislación que ordena a las instituciones prestatarias federalmente reguladas o aseguradas que exijan un seguro contra inundaciones en propiedades hipotecadas que se encuentren en áreas con alto riesgo. Por eso, muchos consumidores adquieren el seguro al comprar o refinanciar la propiedad.
Existen mapas que ilustran las zonas con alto riesgo de inundación, que se pueden acceder a través de la página web de la JP. Los consumidores también pueden comunicarse con la JP o con los cuatro municipios antes mencionados para confirmar si su residencia o negocio ubica en una de estas zonas, indicó Valenzuela.
Los mapas se actualizaron en 2005 y 2009, según el portal de la agencia, por lo que cabe la posibilidad de que ciertas zonas que antes no estaban clasificadas como inundables ahora sí lo estén. Por eso, Valenzuela exhortó a los dueños de propiedades a verificar y, en caso de que ahora ubique en un área propensa a inundaciones, adquiera el seguro correspondiente.
Las pólizas bajo el programa ofrecen una cubierta aparte que no la contemplan los seguros “hazard” o de propiedad, que cubren daños por fuego, huracán y terremoto, aclaró Luis Cordero, vicepresidente de Ventas y Mercadeo de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico.
“Los daños de huracán son específicamente los daños directos provocados por los vientos”, distinguió el ejecutivo. “En cuanto a la inundación, puede ser por corriente o crecientes del exterior hacia el interior donde básicamente ese cúmulo de agua provoca daños a la estructura y al equipo o contenido. También incluye deslizamientos de terreno que provoquen daños a los estructura. Si la escorrentía socava el terreno y provoca un deslizamiento que afecta la propiedad, la póliza de inundación lo cubre”.
Agregó que de lo que solicite el cliente dependerá si la póliza cubrirá solo daños a la estructura o también incluirá las pertenencias en su interior. En cuanto a la prima a pagar por el consumidor, esta se calcula en base a la ubicación de la propiedad. Algunos de los factores que se toman en cuenta son si está en una zona inundable o si ubica cerca de corrientes de agua.
Valenzuela hizo notar que si la estructura se construyó siguiendo el Reglamento 13 de la JP, que establece medidas de seguridad al desarrollar áreas declaradas como de riesgo a inundación, el dueño puede recurrir a un agrimensor licenciado para que prepare un certificado de elevación. Si mediante este documento se determina que el nivel de riesgo de la propiedad ante una inundación es menor al estimado originalmente, la banca puede eximir a esa estructura del seguro de inundación u ofrecerle una tasa más económica, informó.
El periodo de espera desde que se origina la póliza hasta que entra en vigor suele ser de 30 días, dijo Cordero.
Al momento de hacer la reclamación al seguro, Liza López, gerente de Reclamaciones Seguros Múltiples, indicó que el consumidor llama o acude a la aseguradora. “Se orienta al cliente acerca de que debe tomar fotos de la marca que hizo el agua en las paredes de la estructura. Puede limpiar, pero no debe botar nada porque el ajustador tiene que ver la evidencia”, abundó.
Una vez la aseguradora toma los datos de la reclamación, esta le somete la información al Programa Nacional de Seguro Contra Inundaciones para que este envíe el ajustador y continúen con el proceso.
“Estos seguros están diseñados para ayudar a las personas a continuar lo mejor posible sus vidas tras un desastre”, apuntó Valenzuela.
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