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Faltando tres semanas para el cierre del año fiscal, el liderato político de Puerto Rico busca cuadrar el presupuesto teniendo como telón de fondo una economía que acaba de entrar a su octavo año de contracción.

El desafortunado hito en materia económica deja a la luz un ajuste sin precedentes que no acaba de atenderse adecuadamente, dice el economista y catedrático en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, José Alameda.

Además devela un sistema contributivo incapaz de recaudar lo que pretende gastar el Gobierno. Ello, porque el sistema impositivo de la Isla nunca se ajustó a una economía enfocada en el consumo, dice Antonio Fernós Sagebién, profesor en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

En números, según Alameda, desde marzo de 2006 –cuando la Junta de Planificación decretó el inicio del ciclo a la baja y El Nuevo Día reportó el inicio de la “recesión criolla”– hasta el año pasado, el producto bruto de Puerto Rico se ha achicado 14%.

En palabras técnicas, explica Fernós Sagebién, el país ha aprobado leyes, impuestos y procesos que son antítesis a la producción. Mientras, el Gobierno gasta lo que no tiene y “desangra” el Fondo General para salvar corporaciones públicas.

Por ello, la puja que libran el Ejecutivo y la Legislatura para encontrar al menos $1,440 millones en nuevos ingresos será cuesta arriba y, con toda probabilidad, insuficiente a la luz del profundo ciclo de estancamiento que vive la Isla, opinan los entrevistados.

Los números más recientes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) confirman la previsión desfavorable.

Ocho meses a la baja

En abril pasado, el Índice de Actividad Económica (IAE) del BGF cayó 3.5% con relación a abril de 2012, una vez las cuatro variables que integran el índice fueron a la baja. Estas son: ventas de cemento, consumo de galones de gasolina, generación de electricidad y empleo no agrícola. El desempeño del IAE en abril pasado supone un regreso a agosto del 2011.

El frenazo de la economía que se percibe en el IAE mensual se reafirma de forma acumulativa. Las ventas de cemento en los primeros diez meses del año fiscal 2013 cayeron 8.7% con relación al período de julio a abril del fiscal 2012. El consumo de galones de gasolina cayó siete décimas porcentuales. La generación eléctrica ni siquiera llegó a mejorar una décima en igual período. La reducción acumulativa en el empleo no agrícola ha sido de dos décimas porcentuales (0.2%).

9,067 empleos perdidos

Según el Negociado de Estadísticas Laborales federal, desde diciembre de 2012 hasta abril pasado, la economía perdió 9,067 empleos, destaca el economista Orlando Sotomayor. La pérdida en empleos no agrícolas entre julio y abril del presente año fiscal y tales meses en el fiscal 2012 ronda unos 21,600 empleos.

“Las pérdidas sectoriales son generalizadas y consistentes con una aceleración de la contracción de los sectores de la manufactura y construcción”, explica Sotomayor.

“Creo que a la promesa de los 50,000 empleos en 18 meses habrá que decirle adiós y gracias”, reconoce Alameda.

También es poco probable que pueda reducirse el impuesto sobre las ventas y uso (IVU) a 6.5% como anunció el gobernador Alejandro García Padilla.

Hace cuatro años, Puerto Rico recibió $7,000 millones en fondos ARRA. Además, se modificó la Corporación para el Financiamiento del Impuesto a la Venta (Cofina). Ello sirvió para emitir más deuda con cargo al IVU y corporaciones públicas emitieron bonos para obras capitales.

Dificultad e incertidumbre

“Todo eso sirvió para evitar que siguiera cayendo la economía, pero ahora, al no haber esa cantidad de dinero, habrá un retroceso importante de la actividad económica y en las aspiraciones de salir de la depresión porque ya vamos para ocho años de contracción”, dice Alameda.

Y al instante, presagia que el resto del 2013 será un período de “mucha dificultad e incertidumbre”.

“La peor práctica en política fiscal es subsidiar a corporaciones públicas con financiamientos del Gobierno central”, riposta Fernós Sagebién.

El economista ofrece ejemplos: el traslado de los arbitrios del petróleo a la Autoridad de Carreteras y Transportación, la transferencia de los ingresos de tragamonedas o del impuesto de ocupación hotelera a la Universidad de Puerto Rico o a la Autoridad para el Distrito de Convenciones. Y cada vez que se transfirió una fuente de recaudos del Fondo General a otro tesoro, se tomó prestado contra ella.

Nuevo buche de deuda pública

Según el BGF y hasta marzo pasado, la nueva cifra de la deuda pública de Puerto Rico alcanzó el récord de $70,450 millones. De acuerdo con la Junta de Planificación, en el fiscal 2013, el producto bruto rondará los $72,616 millones.

Fernós Sagebién, otrora analista del Departamento de Hacienda, agrega que a través de los años, la acción legislativa ha servido principalmente para dos cosas: “desangrar el Fondo General” y desincentivar la producción “por todo medio posible”.

“No podemos aspirar a tener servicios gubernamentales de clase mundial con un sistema contributivo tercermundista”, dice. Y vaticina: “En un mes, no hay ninguna varita mágica que ponga $1,400 millones en nuevos ingresos al fisco para cuadrar el presupuesto”.

Respuestas

Para salir de la amargura económica y poner la multimillonaria cifra en las arcas de Hacienda, en doce meses se requiere de una visión y voluntad política que no se atisba.

“Hay que buscar nuevos motores para que la economía crezca”, dice Alameda al señalar que la reformulación de la agricultura, proyectos energéticos y la investigación en medicina tropical podrían ser parte de la respuesta.

Según Alameda, Puerto Rico dejó morir los sectores más pujantes: manufactura, construcción, turismo. Y también perdió los que pudieron darle aire cuando expiró la sección federal 936.

Aseguraque no se trabajó bien con la estrategia del puerto de trasbordo en Ponce, el corredor tecnológico para incursionar en la investigación y el desarrollo, la promesa de ser meca para grupos y convenciones.

“Están tratando de arreglar una máquina con una herramienta incorrecta”, dice por su parte Fernós Sagebién. “El IVU debe desaparecer, pero los impuestos propuestos no resuelven el problema”. Sostiene que el impuesto a los servicios corporativos o B2B y que la patente estatal sobre ventas brutas serán insuficientes y Puerto Rico tendrá otro hueco fiscal en dos años.

Según Fernós Sagebién, en el lado fiscal, la alternativa para Puerto Rico, y con ello evitar la degradación crediticia, consiste en poner fin al IVU y establecer “una ventana de 18 meses” que permita una transición hacia un impuesto de valor añadido (IVA).

Ese sistema es que el prevalece en buena parte del mundo y se recomendó para Puerto Rico desde la incumbencia de Pedro Rosselló.

“Todo el mundo está convencido de que lo necesario es un IVA, pero hay falta de voluntad política”, puntualizó.