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Cerca del 30% de los que ostentan estos decretos de Ley 20, ya tenían negocios en Puerto Rico previo a obtener los mismos. (Archivo)

Las leyes 20 y 22, diseñadas como incentivos para atraer inversiones al sector de servicios y su exportación, así como promover la llegada de inversionistas foráneos a la Isla, alcanzaron su mayor crecimiento durante el año 2016, cuando los decretos combinados de ambas superaron los 1,700 inversionistas o empresas.

De acuerdo con datos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) el total de decretos otorgados bajo la Ley 22, que es la que promueve la residencia de inversionistas extranjeros, alcanzaron los 1,043 al cierre de año, cifra que se desglosa en 949 ya aprobados y 94 que están ya en proceso de aprobación. De ese total, unos 400 fueron otorgados durante el 2016.

En el caso de la Ley 20, que es la que promueve, mediante incentivos contributivos, la exportación de servicios desde Puerto Rico y que aplica tanto a locales como a inversionistas foráneos, la cantidad de decretos totaliza 790, de los cuales hay 253 todavía en proceso de aprobación. Los decretos otorgados o que son evaluados en este 2016, alcanzaron los 423.

Según un estudio preparado en el 2014 por la empresa consultora Estudios Técnicos, que fue actualizado para incluir datos del 2016, cerca del 30% de los que ostentan estos decretos de Ley 20, ya tenían negocios en Puerto Rico previo a obtener los mismos.

A pesar de la incertidumbre que provoca la fluida situación fiscal de la Isla, que ha tenido su impacto sobre los planes de estos inversionistas, la evaluación de Estudios Técnicos concluye que el impacto económico de ambas leyes mantiene un patrón positivo.

Dicho patrón, indican, se manifiesta por la gran cantidad de nuevos inversionistas buscando los decretos, y la combinación de inversiones y gastos en la economía local que ese movimiento está generando.

Estima la empresa que estas actividades han generado sobre $165 millones en salarios locales, más de 10,021 empleos directos e indirectos, sobre $40 millones en contribuciones corporativas, en exceso de $330 millones en inversiones de bienes raíces, y la generación de lo que se describe como una robusta red de promoción de estos beneficios por parte de individuos privados que no requieren inversión gubernamental.


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