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Cerca del 30% de los que ostentan estos decretos de Ley 20, ya tenían negocios en Puerto Rico previo a obtener los mismos. (Archivo)

Las leyes 20 y 22, diseñadas como incentivos para atraer inversiones al sector de servicios y su exportación, así como promover la llegada de inversionistas foráneos a la Isla, alcanzaron su mayor crecimiento durante el año 2016, cuando los decretos combinados de ambas superaron los 1,700 inversionistas o empresas.


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