Partiendo del análisis de Palmer y Bologna, la recuperación de los bonistas subordinados de Cofina sería menor que la recuperación que recibirían los bonistas de GOs. (GFR Media) (vertical-x1)
Partiendo del análisis de Palmer y Bologna, la recuperación de los bonistas subordinados de Cofina sería menor que la recuperación que recibirían los bonistas de GOs. (GFR Media)

Si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) hubiera aceptado los términos económicos de la propuesta conjunta de ciertos bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el grupo organizado de Obligaciones Generales (GOs, en inglés), Puerto Rico hubiera llegado a un acuerdo con varios de sus acreedores más importantes.

Pero esto se habría hecho sin contar con un presupuesto que pueda hacerlo factible, pues la propuesta no ofrece un recorte significativo de deuda, mientras los bonistas locales se quedarían con la peor parte de la transacción.

Al menos dos fuentes separadas de El Nuevo Día, conocedoras de las negociaciones que llevaron a cabo los suscribientes de la propuesta conjunta y que examinaron sus términos, aseguraron que la oferta Cofina-GOs permitiría que varios fondos especulativos que compraron sus bonos a descuento recuperen prácticamente la totalidad de la deuda emitida en bonos Cofina y GOs.

Pero ese beneficio para los bonistas principales de Cofina y GOs se daría a costa de “sacrificar” a los bonistas subordinados de Cofina, en su mayoría individuos, fondos mutuos, planes de pensiones privados, empresas locales y cooperativas en Puerto Rico.

“Lo que pretenden estos fondos es quedarse con lo que no pagaron a costa del bonista local”, dijo una de las fuentes, quien solicitó el anonimato. “La propuesta quita el derecho propietario que poseen los bonistas subordinados de Cofina, para dárselo a los bonistas de GOs que no tienen esa protección”, agregó el ejecutivo.

“Las aseguradoras (municipales) verían un alivio porque recuperarían casi a par en Cofina, compensando lo que puedan perder con otros créditos”, explicó la segunda fuente, un banquero de inversiones que también pidió el anonimato. En la jerga financiera, "par" significa que estos bonistas recuperarían su valor inicial más lo intereses acumulados.

Estocada a los bonistas subordinados

Los señalamientos de las fuentes parecen confirmarse con un reporte de la firma BTIG publicado esta semana.

En el reporte, los analistas Mark Palmer y Giuliano Bologna –que siguen las acciones de varias aseguradoras municipales– catalogaron el acuerdo entre ciertos bonistas de Cofina y GOs como “un paso significativo hacia una potencial resolución de una de las disputas más críticas y complejas en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico”.

“Si el acuerdo de resolución se implementara en su totalidad, los Cofina senior recibirían recuperaciones de 93% a 95%, mientras los Cofina subordinados podrían recuperar entre 42% y 43%”, señala el análisis de Palmer y Bologna.

Partiendo del análisis de Palmer y Bologna, la recuperación de los bonistas subordinados de Cofina –que según sus contratos de bonos poseen la garantía de repago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU)– sería menor que la recuperación que recibirían los bonistas de GOs.

Según el análisis, los bonistas de GOs –cuyos bonos no tienen ninguna fuente de repago específica, aunque ellos alegan tener prioridad de pago según la Constitución– recibirían casi 57 centavos de cada dólar que prestaron al gobierno.

La oferta –que rechazó la JSF– planteaba además que los bonistas subordinados ni siquiera tendrían derecho a recibir una tajada del dinero en efectivo proveniente de los recaudos del IVU que custodia Bank of New York Mellon, porque esa partida se distribuiría entre los acreedores de Cofina senior y de los GOs.

Si la propuesta monetaria se hubiera aceptado, de todos modos, no podría pagarse a partir del siguiente año fiscal, fecha que los proponentes recomendaron, a menos que la JSF y el gobierno dejen al resto de los acreedores de deuda y a los pensionados con recortes significativos.

Según el presupuesto revisado y que todavía es objeto de negociación entre la JSF y el gobierno, a partir del siguiente año fiscal, Puerto Rico dedicaría $2,327 millones al pago de las pensiones y unos $970 millones al pago de la deuda pública. Esa última cifra rondaría, en el mejor de los casos, una cuarta parte del servicio a la deuda que Puerto Rico debería pagar en el siguiente año fiscal.

Anoche, el gobernador Ricardo Rosselló informó que tras llegar a un acuerdo con la JSF sobre el presupuesto, derogará la Ley 80, que concede beneficios a los trabajadores por despido injustificado, a cambio de aumentar los presupuestos de su oficina, la oficina de la comisionada residente, la Legislatura y los municipios. Como parte de las negociaciones, el bono de navidad y las licencias pagadas de enfermedad y vacaciones permanecerán sin cambios.

Un mensaje para Swain

“El marco de trabajo propuesto para una resolución muestra un grado de unidad entre acreedores en ambos lados de la disputa que no se había visto previamente. Creemos que este marco de trabajo también envía una señal a la jueza Laura Taylor Swain”, agregaron los analistas, haciendo referencia a quien preside la reestructuración de la deuda de la isla.

Sin embargo, según las fuentes, la mejor evidencia de que la idea no es beneficiosa para el bonista de Puerto Rico radica en la ausencia de respaldo a la propuesta conjunta por parte de los fondos institucionales que han invertido en la isla y que poseen deuda de Cofina y GOs y de los fondos mutuos cerrados de la isla, que poseen deuda subordinada de Cofina.

La propuesta, no obstante, recibió el endoso de Bonistas del Patio, organización que incluso participó del proceso de mediación en supuesta representación del bonista local, reveló esta semana el director ejecutivo de la organización, Jorge Irizarry.

El Nuevo Día reportó la oferta monetaria del binomio Cofina-GOs antes que la JSF y el gobierno la rechazaron. De igual forma, el comité de Retirados y el comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) rechazaron la oferta, según fuentes de este diario.

Para sus proponentes, en contraste, el acuerdo inicial supone una oportunidad para que Puerto Rico acabe con su patrón de impago, para reducir el principal adeudado y acabar con la demanda en torno a quién pertenecen los recaudos del impuesto al consumo.

Los protagonistas

El pasado lunes, integrantes de la Coalición de Bonistas Principales (senior) Cofina y ciertos bonistas subordinados de Cofina, así como integrantes del Ad Hoc-GO, anunciaron que habían llegado a un acuerdo inicial sobre los parámetros que debían regir la renegociación de la deuda de la isla.

En síntesis, la estructura a crearse sería un fideicomiso al que se transferiría el 5.5% del IVU. En términos generales, los bonistas de Cofina y GOs intercambiarían su acreencia por un nuevo instrumento que se pagaría de los recaudos del IVU por los próximos 40 años y recibirían parte del efectivo acumulado en las cuentas de reserva de esa entidad.

La propuesta provee para que también se intercambien otros $500 millones de acreencias no aseguradas.

Además, la alianza Cofina-GO anunció una oferta monetaria que, según los acreedores, ahorraría aproximadamente unos $10,000 millones en la deuda pública de la isla.

Según los documentos revelados por autorización del equipo de mediación que trabaja con los casos de Título III, por el lado de Cofina, los signatarios de la propuesta poseen aproximadamente un 54% de los bonos principales o senior. Entre estos figuran fondos de inversión, pero los bonistas principales son aseguradoras como Ambac Assurance Corp.

Los bonistas subordinados de Cofina que suscriben la propuesta son los mismos fondos que poseen deuda senior, a excepción de Canyon, y a ellos se une la aseguradora municipal Assured Guaranty. En total, estos apenas poseen el 13% de la deuda subordinada de Cofina vigente.

En el lado de los GOs, siete fondos de inversión suscriben el acuerdo, así como las aseguradoras Assured y Ambac, también dueñas de bonos Cofina.

En conjunto, los proponentes del lado de los GOs representan el 35% de la deuda vigente.

Aunque los documentos indican que “los bonistas locales” suscriben el acuerdo, no se informa cuánto poseen en bonos de GOs o Cofina.

Beneficios para algunos

“El acuerdo de resolución, si se adoptara, podría representar un positivo significativo para AGO (Assured), MBI (la matriz de National Public Finance) y AMBC (Ambac) en la medida en que las recuperaciones serían bien por encima de los precios en los que cotizan los bonos no asegurados según el cierre del mercado el viernes y bien por encima de las expectativas del mercado, según se refleja en cada uno de los valores de descuento de las aseguradoras”, indicaron Palmer y Bologna en su análisis, y recomiendan comprar los tres títulos accionarios.

Desde el anuncio de la propuesta conjunta el pasado lunes hasta el pasado miércoles, la acción de Ambac apreció casi 13%, y llegó a su nivel más alto en seis meses. El título de Assured apenas se movió al alza y MBIA (matriz de National) se movió a la baja en casi 3%.

La secuela para la isla

El lunes pasado, la JSF rechazó la propuesta de Cofina-GOs, pero dejó la puerta abierta a “cualquier estructura” que permita renegociar la deuda de la isla de manera rápida y razonable.

Sin embargo, aunque el marco de resolución propuesto por el binomio Cofina-GO recurre al mecanismo de deuda titulizada, lo pactado no supone el fin de los litigios que Puerto Rico encara en corte.

Por ejemplo, el documento destaca que los cálculos que se hagan para intercambiar la deuda existente por nueva será a valor “par”, o sea, su valor inicial más los intereses acumulados del Título III.

Los contribuyentes puertorriqueños también tendrían que pagar a los abogados y los asesores de estos grupos de bonistas. Fuentes de este diario aseguran que solo los gastos de la Coalición Cofina rondan $75 millones.

De otra parte, el pacto que lograron ambos grupos de bonistas establece que el acuerdo sería, en esencia, separado del resto del plan de ajuste que suscriba Puerto Rico con sus demás acreedores, lo que implica dejar fuera de la ecuación a los empleados del gobierno y los jubilados, así como a contratistas del gobierno, para quienes se anticipan recuperaciones de solo centavos. Esto, porque en el documento de acuerdos se indica que ejecutar la transacción “no estaría condicionada o atada a la confirmación o efectividad de un plan de ajuste para el gobierno”.

Asimismo, según la propuesta, mientras el gobierno llegaría a un acuerdo con los bonistas GOs que suscribieron el pacto, todavía tendría que estructurar alguna solución para el resto de la deuda.

“Nada de lo contenido en este bosquejo de resolución conjunta atiende los procedimientos de Título III y los derechos, remedios y objeciones de todas las partes en lo que respecta a las reclamaciones hechas contra el gobierno”, indican además los documentos divulgados por el binomio Cofina-GO.


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