Christian Sobrino Vega, principal oficial ejecutivo de la Aafaf (semisquare-x3)
Christian Sobrino Vega, principal oficial ejecutivo de la Aafaf (Teresa Canino )

Ahora que la jueza federal Laura Taylor Swain ha dado su visto bueno, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) se propone llevar del papel a la acción, el plan que modificará la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) este mismo mes.

En paralelo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno confirmaron a El Nuevo Día que han reanudado conversaciones con varios grupos de acreedores con la expectativa de lograr más recortes en lo que adeuda el territorio estadounidense.

Sin embargo, todo apunta a que el alivio que el gobierno y la JSF han celebrado como secuela del plan de ajuste de Cofina no cambiará en nada las exigencias de la JSF para que continúen los recortes presupuestarios en el gobierno. Ello, porque los beneficios del plan de ajuste de Cofina ya están calculados en el plan fiscal que la JSF aprobó en octubre del año pasado.

En marcha el plan Cofina

De acuerdo con Christian Sobrino Vega, principal oficial ejecutivo de la Aafaf, el fallo de Swain a favor del plan de ajuste de la deuda de Cofina activa una serie de pasos y trámites que el gobierno debe efectuar y que incidirán tanto en los bonistas como el gobierno.

Lo primero que pasará, dijo Sobrino Vega, será completar el intercambio de bonos con los tenedores de la deuda de Cofina.

En términos simples, explicó el funcionario, los bonistas de Cofina, incluyendo aquellos en Puerto Rico, recibirán una notificación, sea de manera directa o a través de las casas de corretaje que manejan sus inversiones, para informar que los documentos que evidencian la tenencia de los bonos serán sustituidos por un nuevo tipo de certificación con el valor que se aprobó en el plan de ajuste.

Partiendo del plan avalado por Swain, la deuda actual de Cofina ronda unos $17,000 millones. Esta deuda, según pactaron bonistas, la JSF y el gobierno, será intercambiada emitiendo dos tipos de bonos. El primer tipo serán bonos que pagarán una tasa de interés promedio de 4.79% y bajo este instrumento, se emitirán unos $9,119 millones. El segundo tipo de bono que se emitirá y que también existía en Cofina antes de la decisión de Swain, serán bonos de apreciación de capital o CAB, en inglés. Estos bonos acumulan intereses y se pagan al vencimiento. En principio, se emitirán bonos CAB por valor de $2,901 millones. 

De entrada, ambas cifras supondrían un recorte aproximado de unos $6,000 millones al principal adeudado en Cofina. Pero según los términos del pacto, cuando se incluye el valor total acumulado en CABs al cabo del 2051, estos estarían valorados en unos $10,743 millones.

Al cabo de los 40 años, según los documentos avalados por la corte, los bonistas de Cofina recibirían unos $32,300 millones en principal e intereses. En ese mismo período, los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) asociados con el plan de ajuste deben totalizar unos $75,500 millones según el plan fiscal de Cofina. 

Bajo la nueva estructura de Cofina, la separación entre bonistas “seniors” y subordinados desaparece, pero a la hora de intercambiar los bonos vigentes sí habrá diferencia en el valor que pagará Cofina. Mientras los bonistas “senior” recuperarán aproximadamente el 93% de cada dólar prestado a Puerto Rico, los bonistas recibirían alrededor de 55%.

Una vez se intercambie la deuda de Cofina, los bonistas de esa corporación pública podrían comenzar a recibir los primeros desembolsos de su acreencia este mismo trimestre, según Sobrino Vega. En especial, los primeros pagos saldrán del efectivo que Bank of New York Mellon mantiene en sus arcas como custodio de la deuda de Cofina. Pero ese dinero, calculado hasta mediados del año pasado en unos $1,200 millones no tocará a todos los bonistas, sino que irá al pago de abogados y relacionados (unos $332 millones), así como a los bonistas ahora considerados “seniors”, los que recibirían al menos, otros $619 millones.

Una vez se cumpla con los bonistas, explicó Sobrino Vega, el gobierno podrá echar mano del dinero que retendrá como parte del acuerdo.

El plan avalado por Swain descansa en un pacto singular que surgió del mecanismo de agentes que recomendó la JSF a la jueza. Los agentes de Cofina y el gobierno central, representados por Bettina M. Whyte, y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), respectivamente, acordaron que en lugar de disputar a qué parte pertenecen los recaudos del IVU que pagan los contribuyentes, lo mejor era evitar un litigio millonario dividiéndose esa fuente de recaudos entre las dos partes.

Beneficio que ya se contó

Así pues, con el plan de ajuste avalado por Swain, cada dólar del IVU que antes estaba comprometido para la deuda de Cofina, ahora se divide, a razón de 53% y 46%, entre esa corporación pública y el gobierno central.

Esa distribución del IVU antes comprometido con Cofina, según la JSF, daría a Puerto Rico cada año, unos $456 millones en nuevos ingresos al fisco, los que se agregarían a la partida del impuesto al consumo que ya recibe el Fondo General.

“Cuando la junta certificó las nuevas proyecciones económicas y fiscales en octubre pasado, consideró el impacto del plan de ajuste de Cofina”, dijo a este diario, el portavoz de la JSF, Edward Zayas.

En ese sentido, para la JSF, el beneficio que supone el plan de ajuste de Cofina ya se incluyó en en la ruta fiscal con la que debe cumplir el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares.

Y ese alivio que, según dijo Rosselló Nevares, debe ayudar al pago de servicios de salud, educación y seguridad entre otros, también ya está incluido en las proyecciones que la JSF dio al gobierno la semana pasada. 

Ello, cuando el ente fiscal envió al mandatario puertorriqueño la agenda para preparar el presupuesto siguiente y estableció que el gasto con cargo al Fondo General no podrá exceder de unos $8,020 millones. La JSF también estableció que el gobierno tendría $2,541 millones en otros ingresos para cubrir otro gastos. Pero en esa última cifra -según explicó el ente fiscal a este diario- se incluye la inyección anual estimada de $456 millones correspondiente al plan de ajuste de Cofina.

“Puerto Rico todavía necesita más reformas estructurales para tener una economía en crecimiento ”, agregó Zayas. “El plan fiscal dice claramente cómo se tiene que adecuar el tamaño del gobierno”.

De esa forma, la JSF dejó establecido que los objetivos de recortes que el ente fiscal impuso al gobierno continúan inalterados, con todo y el hito que supone la aprobación del primer plan de ajuste bajo el Título III de Promesa y que se suma al pacto voluntario en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y que se consumó el año pasado. 

Partiendo de los nuevos objetivos de gasto fijados por la JSF para el año fiscal 2019-10, podría decirse que los recortes para el siguiente año fiscal podrían ser más agudos que lo aprobado en octubre del año pasado. 

Según la JSF, en este año fiscal, el gobierno debe lograr ahorros por $629 millones y a partir de julio próximo, las economías en el gasto público deben alcanzar $1,622 millones.

Solo en el caso del Fondo General, el nuevo tope de gasto para el año fiscal siguiente implicaría unos $158 millones menos, excluyendo el pago de la reforma de salud, que las proyecciones de octubre pasado. 

“Nosotros hemos sido consistentes desde principios del año calendario 2018. La mejora en las condiciones económicas deben reflejarse en una reducción en las medidas de austeridad impuestas al gobierno”, dijo Sobrino Vega al señalar que se mantiene a la espera de las acciones de la JSF para identificar qué acciones se tomarán en el tema. 

A preguntas de El Nuevo Día acerca de qué medidas se tomarían para que la inyección de $456 millones del plan Cofina no vaya directamente a pagar a los acreedores del gobierno central, Sobrino Vega sostuvo que la administración pondera que buena parte de ese dinero pueda invertirse en servicios como educación y seguridad.

“Invertir en servicios de educación y seguridad, a la larga también beneficia a los bonistas”, dijo el funcionario.

Una solución fallida

Si bien en su fallo, Swain describió el plan Cofina como un elemento clave para que el gobierno pueda reorganizar sus finanzas, la jueza establece en su escrito que lo aprobado es la solución a una disputa legal. 

“La alternativa al plan es un litigio prolongado en procedimientos adversativos, lo que podría llevar a una recuperación ‘todo o nada’ para el gobierno central o Cofina”, estableció Swain en su fallo.

De aquí que ayer, mientras la JSF y el gobierno catalogan la decisión judicial como un hito para sanear las finanzas de la isla, quienes tendrán que pagar las consecuencias del plan lo vieran con otros ojos.

En Nueva York, por ejemplo, este diario supo que ciertos bonistas subordinados de Cofina comenzaran a ponderar la posibilidad de unir esfuerzos para apelar la decisión en el Primer Circuito de Apelaciones. Ese foro ha fallado a favor de los bonistas y ha revocado a Swain en cuatro de los casos que han llegado al foro intermedio federal asociados con los casos de Título III. 

Mientras, el Centro de Democracia Popular (CPD), Hedge Clippers, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Dignidad, VAMOS y la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda arremetían contra la decisión.

“La jueza Swain no contestó los importantes cuestionamientos sobre la legalidad de toda esa deuda para irse por la salida fácil, de no más litigios, que solo beneficia a los bonistas y a costa del futuro doloroso de un pueblo en reconstrucción”, reza la declaración conjunta de los grupos ciudadanos.

“Esta decisión lo único que nos confirma es que ni la ley Promesa ni la Junta de Control Fiscal son las herramientas para garantizar una reestructuración justa de la deuda para el pueblo de Puerto Rico”, sostuvo Eva Prados, del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda. “Esto no termina aquí, vienen ahora los planes de ajustes más importantes y tenemos que, como pueblo, estar listos para resistir este abuso desde el comienzo”, sostuvo.


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