Luego de un encierro de siete semanas por el coronavirus, el sector de la construcción podría reanudar sus operaciones a partir del próximo 11 de mayo, según la orden ejecutiva 2020-038. ( Archivo)

A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

---

Aunque ayer, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció un plan para reanudar la actividad empresarial y comercial de manera paulatina, en la práctica, los sectores autorizados no podrán hacerlo el próximo 4 de mayo, a menos que en cuestión de horas, logren completar un proceso de “autocertificación” con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

De igual forma, aunque Vázquez Garced autorizó que ciertos servicios médicos y de salud estén disponibles, se amplió el horario de servicios en ferreterías y centros de reparación de automóviles y se autorizó a electricistas o plomeros a prestar sus servicios, estas actividades estarán sujetas a que se coordinen mediante cita previa por mecanismos electrónicos o telefónicos, a que se atienda un paciente o cliente a la vez o se trate de una situación de emergencia.

Además, si bien la orden ejecutiva establece que se analiza la posible apertura de comercios y concesionarios de auto, entre otras actividades, el decreto pone candado a las marinas de Puerto Rico y prohíbe la enseñanza presencial en instituciones universitarias.

No cumplir con las directrices, dice la orden, se traducirá en multas y penas de cárcel a quienes violen las disposiciones, incluyendo los patronos.

Tales especificaciones están contenidas en la Orden Ejecutiva 2020-038 firmada por Vázquez Garced este viernes, decreto que La Fortaleza publicó esta noche y que sentaría las bases para la flexibilización de la actividad empresarial en Puerto Rico a partir del próximo 4 de mayo. Esto, luego de una cuarentena de siete semanas para evitar la propagación del coronavirus en Puerto Rico.

“Los sectores económicos que reanudarán operaciones en esta fase de la reapertura económica fueron seleccionados a raíz de que el indicador de riesgo de contagio es el mínimo en comparación con los demás sectores esbozados en los estudios presentadospor el Task Force Médico y el Task Force Económico”, reza la orden ejecutiva.

“Nos corresponde evitar el colapso del sistema hospitalario y de salud ante la posibilidad de que la apertura de los mercados provoque una segunda curva de contagio”, agrega el documento al plantear que “el nivel de ocupación de hospitales demuestra que se ha logrado satisfactoriamente la contención de la propagación del COVID-19”.

Mira aquí la orden ejecutiva:

Orden Ejecutiva 2020-038 by El Nuevo Día on Scribd

Del papel a la práctica

Según la orden ejecutiva, las ferreterías, centros de piezas de automóviles, talleres de mecánica y lavanderías o “laundromats” y centros de agricultura ornamental, entre otros, operarán de lunes de viernes en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., siempre que el servicio se haya coordinado mediante cita previa y se atienda un cliente a la vez.

Pero a su vez, la medida establece que ninguno de estos comercios estará abierto al público y que los clientes solo acudirán a recibir el servicio o recoger las mercancías sin entrar a los establecimientos. Los clientes, por su parte, deberán utilizar mascarillas, respetar la distancia social de al menos seis pies ya establecida o cualquier otra medida de seguridad.

Las directrices de coordinación previa y de atención de un cliente a la vez, también aplican a las oficinas médicas y a los hospitales, los que a partir del lunes próximo podrían llevar a cabo procedimientos ambulatorios. En el caso de los hospitales, la medida recomienda que antes de efectuar el procedimiento requerido, el paciente sea evaluado para corroborar si se ha contagiado con el COVID-19.

La orden ejecutiva explica que en el caso de plomeros, electricistas, técnicos de reparación de elevadores o de electrodomésticos, personal de mantenimiento de piscinas y similares podrán realizar sus labores, pero siempre que se trate de un trabajo de emergencia.

“Las urbanizaciones con control de acceso y sus administradores deberán dar fiel cumplimiento a las directrices de esta orden ejecutiva so pena de estar sujetas a responsabilidad”, subraya el decreto en su sexta sección.

Mientras, el sector de telecomunicaciones tendrá que mantener sus establecimientos cerrados, pero habilitar en cada región de la isla, un centro para ofrecer servicios de reparación, sustitución de equipos o servicios similares, siempre que se sigan los procedimientos de cita previa y de atención de clientes sin aglomeraciones.

En tanto, en el caso del sector de la construcción, los trabajos autorizados son aquellos como proyectos de desarrollo, la reparación de carreteras, proyectos de reconstrucción por desastres o aquellos dirigidos a preparar a las empresas para el momento de su reapertura en medio de la pandemia o de cara a la temporada de huracanes.

Necesaria la aprobación del Departamento del Trabajo

Para abrir, dice la orden ejecutiva, cada patrono en Puerto Rico estará obligado a adoptar los protocolos de seguridad establecidos por las agencias de seguridad ocupacional, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) o las directrices de la comunidad médica para lidiar con la pandemia.

Entre otras cosas, ello requiere proveer equipo a los empleados, adiestrarles sobre las nuevas normas en el taller de trabajo, no discriminarles o despedirles por hacer planteamientos vinculados a su seguridad, limitar el número de personas en el lugar de trabajo y los centros de reunión como cafeterías o áreas de estar.

Todas esas medidas tendrán que estar detalladas en un plan de manejo de riesgo, que a su vez, tendrá que someterse “previo” al inicio de sus operaciones al DTRH, la agencia que ha estado en el ojo de la tormenta por la lentitud en la distribución del aumento de $600 en el beneficio de desempleo, por la falta de recursos para procesar la avalancha de reclamaciones de desempleo que ha producido la pandemia y los problemas de la plataforma para que los autoempleados también reciban el beneficio.

Según la orden ejecutiva, el DTRH tendría que habilitar un formulario de “auto certificación” para que los patronos presenten sus planes a la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional de Puerto Rico (Prosha, por sus siglas en inglés).

“Esta auto certificación será un requisito inicial para poder a comenzar a operar”, reza la orden ejecutiva al plantear que una vez se radique el documento, el patrono “podrá comenzar sus operaciones”.

Reapertura en plazos de tres semanas

De acuerdo con la orden ejecutiva, la reapertura de nuevos sectores o actividades económicas dependerá de cómo evolucione la pandemia, considerando plazos de tres semanas, un acuerdo al que habrían llegado los grupos médico y económico.

Los criterios de salud dominarían el proceso de análisis que habría establecido el grupo médico, establece el documento.

“En el momento en que se identifique que la apertura de algún sector ha ocasionado un aumento notable en el riesgo de infección o el momento en que los servicios de salud se aproximen a un límite de capacidad, será necesario detener o retrasar el plan de reapertura y la orden se enmendará a esos fines”, reza el documento en su décimo octava sección.

Para continuar con la reapertura de sectores, se explica, tanto el grupo médico como el económico deberán analizar el número de contagios, así como la capacidad del sistema hospitalario y el número de víctimas fatales por la pandemia, entre otros factores.

De otra parte, la orden ejecutiva ordena a los jefes de agencia trabajar unas guías para que los empleados públicos se reintegren a sus funciones de manera escalonada o mediante trabajo en remoto.

Además, se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales desarrollar un plan para el cierre de todas las marinas de Puerto Rico para prohibir actividades recreacionales de tipo marítimo y la llegada de personas. La orden ejecutiva autoriza a los alcaldes de los municipios costeros intervenir para prohibir estos eventos.


💬Ver 0 comentarios