El presidente de Acdet, Iván Báez, aseguró que su organización ha hecho sus propuestas y las han discutido con la gobernadora Wanda Vázquez.

El presidente de la Asociación de Comercio al Detal (Acdet), Iván Báez, no ve con buenos ojos una de las alternativas que se evalúa para modificar el pago del impuesto al inventario, que entre otras cosas busca eliminar la aplicación permanente del mismo sobre una larga lista de productos de primera necesidad cuya venta aumenta durante emergencias.

No es una alternativa para nosotros. Hay unos modelos que sencillamente…. hicimos una recomendación como Asociación de Comercio al Detal porque el proyecto, como está en estos momentos, no nos resuelve el problema. Hay que mirar otras alternativas”, dijo Báez ayer al salir de una reunión en La Fortaleza.

Báez, uno de los líderes más vocales en contra del impuesto al inventario, al que describe como un “nefasto impuesto”, es también el director de asuntos públicos de la cadena Walmart en Puerto Rico.

La gobernadora ha expresado su interés de ayudarnos con el tema de la eliminación del impuesto al inventario. Busca una moratoria y estamos seguros de que va a trabajar con el legislativo para que se busque una alternativa y eliminar este nefasto impuesto. Se habla de posponer, de poner topes, hay unos modelos”, dijo Báez a El Nuevo Día.

Según representantes del sector empresarial en el país, la razón por la cual Puerto Rico no cuenta son suficientes abastos en diversos productos -situación que se puso sobre manifiesto tras el paso del huracán María-, está directamente relacionado a este impuesto. El pago, un gravamen sobre toda la mercancía almacenada, le genera $220 millones anuales al Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM).

A pesar de los reclamos del sector comercial, hay otras figuras que ponen en duda el verdadero beneficio de la eliminación del impuesto ya que no existe ninguna garantía de que los comercios necesariamente importarán más mercancía al no tener que pagar por el gravamen.

Tan reciente como el pasado lunes, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y los representantes de mayoría Antonio Soto, José “Memo” González y Juan Oscar Morales radicaron el Proyecto de la Cámara 2442, que busca eliminar la aplicación permanente del impuesto sobre una larga lista de productos de primera necesidad cuya venta aumenta durante emergencias. Sin embargo, el proyecto no cuenta con un estimado de impacto fiscal y deja la puerta abierta para que el secretario de Hacienda amplíe la lista de productos exentos durante declaraciones de emergencia.

Méndez, por su parte, dijo que los municipios tienen que aprender a hacer “más con menos”. Los gremios que agrupan alcaldes sostienen que la eliminación del impuesto, sin un sustituto, significaría la quiebra de más de la mitad de los gobiernos municipales.

De ser convertido en ley, el proyecto estaría eximiendo del impuesto a productos como tormenteras, tornillos, expansiones, paneles de madera, soga, plantas eléctricas de todo tipo, cisternas, casetas de campaña, baterías, guantes plásticos y de látex, jabones de todo tipo, mascarillas, desinfectantes y toallitas húmedas, entre otros.

Se suponía que el proyecto fuera aprobado en la sesión legislativa del jueves pasado, sin discusión alguna y por la vía del descargue, pero finalmente fue dejado en lo que se conoce como asuntos pendientes. El portavoz de la mayoría de la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, indicó que Méndez les ha solicitado a los gremios que agrupan a los alcaldes que se expresen sobre la medida.

El representante anticipó que el proyecto sería enmendado para introducir el concepto del máximo a pagar por comerciante.

Una propuesta que se está discutiendo entre alcaldes y el liderato legislativo desde el año pasado busca promediar, con el historial de los pasados cinco años, el pago hecho por cada comerciante. Se estima que globalmente esa cantidad ascendería a $220 millones, y la idea es que la partida individual promediada de cada comerciante se establezca como un tope. Todo inventario sujeto al impuesto por encima de ese promedio estaría libre del pago del gravamen lo que en teoría permitiría que aumenten los abastos.

La idea ha sido discutida públicamente por el representante Soto, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara y el presidente de la Junta de Directores del CRIIM, Javier Carrasquillo. Soto indicó el año pasado que el cálculo de haría promediando el pago del impuesto por los pasados tres años y que esa cifra sería el monto a pagar por los próximos cinco años, a partir de la firma de la ley.

Negocios nuevos sin historial del pago del gravamen estarían sujetos a la tasa vigente.

"El contribuyente sabe qué va a pagar y le permitiría aumentar el inventario sin penalidad", argumentó Carrasquillo a El Nuevo Día en una entrevista del año pasado. "También se garantiza a los municipios ese ingreso de $220 millones", agregó en la misma entrevista.

La idea fue rechazada por el sector comercial y, aunque se plasmó en un proyecto de ley, nunca fue llevado a votación al finalizar la última sesión legislativa del año pasado.


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