El portavoz de Liuna, Edison Severino, denunció que "en 85% de los proyectos se está incumpliendo con el salario mínimo". (Teresa Canino )

La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) urgió hoy a derogar la orden ejecutiva 2018-033, que elevó a $15 el mínimo de salario por hora en proyectos de construcción con fondos públicos, para dar paso a una conversación entre gobierno y sector privado sobre cómo mejorar los sueldos sin agravar los costos de operación.

Nuestro llamado es a que se regrese a la mesa de diálogo y se discuta cómo vamos a mejorar las condiciones laborales, porque no puede tener más sentido vivir de las beneficencias que trabajar”, afirmó  en entrevista con este medio el presidente de la ACPR, Emilio Colón Zavala. Mientras, mediante comunicado, la ACPR instó a trabajar en medidas que atiendan las reformas salariales y de forma simultánea ayuden a reducir los costos de hacer negocio. 

“Nuestro recurso más importante es el humano.  Se deben tomar las medidas necesarias para lograr que estos aumentos salariales no perjudican a nuestros obreros mediante la pérdida de beneficios de asistencia para vivienda subsidiada y salud entre otros”, abundó Colón Zavala. 

De otra parte, Colón Zavala recordó que la orden 33, que casi duplicó el salario mínimo en la industria, se firmó sin que el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares consultara el tema con su consejo asesor de construcción ni con líderes de este sector productivo. 

“Fue una sorpresa. Me enteré por la prensa”, comentó sobre la movida que se logró luego de que el cabildero Elías Sánchez (Sifonte) conectara a la Unión Internacional de Trabajadores de Norte América (Liuna) con La Fortaleza, según ha confirmado el propio sindicato. 

Por su parte, el portavoz de Liuna, Edison Severino, denunció hoy en conferencia de prensa que “en 85% de los proyectos se está incumpliendo con el salario mínimo. De 209 contratos revisados, que representan $321 millones, 175 fueron excluidos arbitrariamente del salario mínimo establecido por la orden ejecutiva. Estos contratos representan $288.6 millones o 90% del valor total de los contratos en el período analizado”. 

Según Severino, solo 34 contratos, que totalizan $32.4 millones, se adscribieron a la orden.  

Sobre esto, Colón Zavala indicó que, según la información que maneja la ACPR, “hubo proyectos de agencias en los que los fondos federales ya estaban otorgados y aplicar la orden sobre esos proyectos hubiese significado que no se llevaran a cabo”.

En este proceso de reconstrucción, además, la norma ha sido que pase tiempo sustancial entre una aprobación de fondos y el desembolso.  Sin embargo, recalcó que solo el gobierno, en particular el Departamento del Trabajo, puede aclarar o explicar por qué se han excluido proyectos de la orden, como alegó Severino. 

“Parte del problema con la orden es el requisito de los acuerdos laborales por proyecto”, añadió Colón Zavala. Indicó que esto se convierte en “sindicalización obligada porque no se puede firmar este tipo de acuerdo con cientos de obreros a la vez. Hay que sindicalizar. Y esto es una medida que uniones como Liuna promueven para recuperar su participación en el mercado laboral”.


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