La Asociación de Economistas ya había expresado sus preocupaciones sobre la reapertura escalonada de la economía local. (GFR Media)

En la víspera del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) instó al gobierno impulsar medidas que protejan la salud y vida de los trabajadores y de la ciudadanía, especialmente ahora que ambos “Task Forces” recomiendan reabrir la economía escalonadamente en plena pandemia de coronavirus.

Entre sus recomendaciones se resalta el que, “como parte de las medidas para proteger la salud y la vida, debe proveerse a todos los trabajadores seguro médico y acumulación de licencia por enfermedad, además de un salario cónsono con el costo de vida para satisfacer necesidades básicas”, según se desprende de su comunicado.

Asimismo, su presidente, Heriberto Martinez Otero, reafirmó que “el principio fundamental de la salud y el bienestar de las familias debe ser la prioridad en cualquier plan estratégico del gobierno dirigido a la atención de la crisis del COVID19. A tales fines, recomienda que los patronos provean los materiales y el equipo de protección necesarios para operar de forma segura en medio de una pandemia”.

Estas medidas, enfatizó la AEPR deberían aplicarle a toda la fuerza laboral en el sector público y privado, independientemente de su situación contractual o jornada laboral, en conjunto con aquellas sugeridas por el grupo de trabajo médico y por el grupo de trabajo económico.

Ahí incluyó “las orientaciones a la población sobre medidas de seguridad, la creación de protocolos para reabrir las empresas, validación de estos por el gobierno, cubierta de las aseguradoras de pruebas y servicios médicos relacionados a COVID-19 y dotación de recursos al sistema público de salud para la atención de esta pandemia”.

A modo de trasfondo, la AEPR señaló que “el sistema público de salud del país ha sido ineficiente desde que se aprobó la Reforma de Salud en la década de 1990”, a lo que también han abonado las políticas de austeridad adoptadas a partir de la depresión económica que comenzó en el 2006 y que 14 años después aún persisten.

A eso añadió que la Ley 7 del 2009, la Ley 66 del 2014 y la Ley 4 del 2017 han precarizado la situación de los trabajadores, representando “el despido de empleados públicos, reducción de beneficios relacionados con la licencia de vacaciones, licencia de enfermedad y bono de navidad, el aumento del periodo probatorio, inclusión de nuevas causas para el despido justificado y la congelación de aumentos salariales estipulados en convenios colectivos”.

Todo esta ha desembocado en que, a pesar de que los ingresos de los propietarios de empresas hayan aumentado casi un 35% en plena crisis económica, la compensación devengada por sus empleados ha disminuido casi un 9% en términos absolutos entre los años 2006 al 2019, según su análisis del Apéndice Estadístico del Informe Económico a la Gobernadora, que se publica cada año.

En el mismo periodo, la población se redujo un 16%, mientras que la producción disminuyó un 21% y el empleo otro 22%, reduciendo la tasa de participación laboral de un 49 a un 41% en la isla.

“Tal situación ha provocado una mayor vulnerabilidad de los trabajadores y sus familias que se dramatiza en momentos de crisis, tal y como quedó demostrado con el Huracán María, los terremotos y, en estos momentos, el COVID-19. Por tal razón, la AEPR se reafirma en que se provean mayores protecciones a los trabajadores y sus familias y que aquellos que se reintegren a sus empleos conserven sus beneficios laborales. La prioridad debe ser destinar de forma efectiva los recursos necesarios al sistema público de salud y a la ciudadanía en general; con particular atención a los sectores más vulnerables”, afirmó por escrito Martínez Otero.

En cuanto al desembolso de fondos de emergencia, la AEPR urgió a las agencias de gobierno, incluyendo a la Junta de Supervisión Fiscal, a agilizar los procesos para allegar las ayudas a los familias del país.

“Han transcurrido siete semanas desde que se declaró la emergencia, la salud económica de miles de trabajadores se ha agravado por la falta de eficiencia y efectividad en la otorgación de los beneficios”, explicó la asociación, haciendo referencia a los $1,200 por adulto y $500 por niño, el seguro por desempleo de los cuentapropistas y asalariados, los $500 prometidos para los empleados del sector privado y pensionados que aún no llegan a las manos que más los necesitan.

Por otro lado, tomando en consideración las crudas instancias de violencia de género de las pasadas semanas, la AEPR recomendó a los patronos realizar esfuerzos adicionales para atender el estado de emergencia machista que persiste en el país.

“En este sentido, estos deben informar sobre los protocolos para atender la violencia de género en el lugar de trabajo y las protecciones legales que cobijan a las trabajadoras; incluyendo, la legislación que protege el principio de ‘igual paga por igual trabajo’, como parte de promover un espacio integralmente saludable y digno para gestar una apertura. Las empresas además deben considerar proveer facilidad para cuido de los hijos de los empleados que son requeridos a trabajar de forma presencial en esta crisis; al menos mientras dure el periodo de cierre de escuelas”, reza el comunicado.


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