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(Suministrada)

Utilizar una tarjeta de crédito para pagar otra o recibir constantes llamadas de cobro de los bancos y otros acreedores, son señales de las serias dificultades económicas que viven muchos individuos y negocios antes de considerar declararse en bancarrota.

Del 1 de enero al 31 de mayo de este año, en Puerto Rico se radicaron 3,160 peticiones de bancarrota ante el Tribunal federal de Quiebras, informó Humberto García, director y dueño del Boletín de Puerto Rico, publicación que divulga datos sobre el tema. De esas peticiones, 2,992 fueron de individuos y 168 correspondieron a casos comerciales.

Constituye un leve aumento (de 34 casos o 1.1%) respecto al mismo periodo de 2018, cuando se radicaron 3,126 peticiones de quiebra. Sin embargo, representa una merma respecto a años anteriores. De enero a mayo de 2017 se radicaron 3,920 peticiones, un 19% más que en 2019. Durante el mismo periodo de 2016 se radicaron 4,415, que son 40% más que en 2019, según el Boletín de Puerto Rico.

“En los últimos tres años ha habido una disminución en los casos de quiebra”, observó García, lo que adjudicó a medidas que ha tomado la banca en los últimos años para ser más cuidadosa respecto a quién le aprueba hipotecas, préstamos y tarjetas de crédito. Agregó que la gran cantidad de puertorriqueños que se ha mudado a Estados Unidos ha provocado que muchos radiquen quiebra en los estados donde residen.

La bancarrota es un proceso legal que permite a individuos y corporaciones relevarse del pago de algunas o de todas sus deudas. Los casos los trabaja el Tribunal federal de Quiebras, que cuenta con cuatro jueces en la isla y cuya sede en Puerto Rico ubica en el Viejo San Juan. Como se trata de una rama del gobierno de los Estados Unidos, tanto los documentos que se entregan como las reuniones y vistas que se llevan a cabo son en inglés, informó Carmen Conde, abogada con más de 20 años de experiencia en procesos de quiebra.

“Por regla general, al radicar la quiebra hay una paralización automática que detiene demandas, subastas, ejecuciones hipotecarias, reposesiones y toda gestión de cobro del gobierno y de los acreedores”, resaltó Juan Manuel Suárez Cobo, abogado con más de 20 años de experiencia en quiebras de consumidores.

Las alternativas

El Código federal de Quiebras contiene varios capítulos con distintas alternativas para conseguir ese relevo del pago de obligaciones. Una orientación con un abogado con experiencia en bancarrotas resulta útil para determinar bajo qué capítulo acogerse, dependiendo del perfil del deudor, de su situación económica y de lo que le interesa hacer.

“Antes de radicar, el abogado debe analizar las finanzas del cliente. Debe conocer su presupuesto, por lo que necesita saber cuáles son sus ingresos y gastos, sus bienes y deudas. Se puede verificar la información con informes de crédito y cartas de cobro de los acreedores”, explicó Suárez Cobo. “El presupuestome vaa decir si hay capacidad económica para un plan de pago”.

Con toda esa información, se llenan unas planillas y se radica electrónicamente la petición ante el Tribunal federal de Quiebras, que luego procede a asignar un juez, un síndico y un número de caso. La petición debe decir a qué capítulo se va a acoger el deudor.

El Capítulo 7 es el de liquidación, que aplica a individuos y corporaciones. En estos casos un síndico se encarga de liquidar o vender los bienes del deudor para pagarle a todos los acreedores por igual, hasta donde rinda el dinero. Aunque el dinero no alcance para pagar todo, el deudor, si cumple con los requisitos, se libera de las deudas. En el caso de los individuos, el Código de Quiebras da derecho a proteger ciertas propiedades del proceso de liquidación.

Cuando la intención es reorganizarse y continuar operando un negocio se recurre al Capítulo 11, que es el de reorganización y aplica a corporaciones, sociedades y ciertos individuos. El deudor es quien administra sus bienes para pagarle a los acreedores de acuerdo con un plan, que los acreedores deben aprobar mediante votación. Un síndico utiliza los informes mensuales que somete el deudor para supervisar el proceso.

El Capítulo 12 es similar al 11, pero solo aplica a los agricultores porque cuenta con disposiciones diferentes y beneficios específicos para estos debido al interés del gobierno federal en proteger la industria agrícola, informó Conde.

Mientras, el Capítulo 13 de ajuste de deudas de un individuo con ingresos regulares aplica a consumidores y a negocios no incorporados (por ejemplo, un DBA o “Doing Business As”). Requiere radicar un plan para el pago de toda o parte de la deuda. Aunque no se lleva a votación, los acreedores tienen derecho a objetarlo.

El proceso

De 30 a 45 días después de la radicación, tiene lugar la reunión 341, conocida así por la sección del Código de Quiebras que trata sobre este cónclave. “Es la primera vez que el deudor se enfrenta con sus acreedores cara a cara”, puntualizó Conde. “Ahí tiene que decir por qué radicó la quiebra, cuáles son sus activos, sus pasivos y, en los casos de reorganización, cómo se va a reorganizar. Los acreedores le pueden hacer preguntas”.

Enfatizó que en la radicación y en la reunión es importante decir toda la verdad sobre las finanzas del deudor. “Esa información es bajo pena de perjurio”, dijo la abogada. “Todo lo bueno y lo malo lo tienes que decir. Esconder un bien puede conllevar hasta cárcel porque es un acto criminal que se llama fraude de acreedores”.

En los casos de Capítulo 7 de liquidación, “la persona no tiene que volver al tribunal después de esa primera reunión, a menos que haya algún problema”, apuntó Conde. “Es como que te quitas la chaqueta, la dejas allí y sigues caminando porque el síndico se hace cargo de todo y tú te vas. Si tienes un negocio, tienes que entregar la llave ese día, pues de ahíen adelante el síndico administra los bienes y los liquida para pagarle a todo el mundo por igual”.

Según Suárez Cobo, el caso culmina cuando se emite el descargo, que es la orden que dice que no debes más esas deudas, que típicamente son todas menos las que no se descargan, como por ejemplo las pensiones alimentarias. Conde agregó que siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos, el proceso de liquidación puede durar seis meses.

Cuando se trata de los capítulos 11, 12 y 13, Conde mencionó que el proceso no termina con la reunión 341, pues 120 días después de la radicación tiene lugar una vista ante el juez. En los casos de Capítulo 11, el deudor tiene esos 120 días para presentar un propuesto plan de reorganización y un “disclosure statement”, que provee a los acreedores información adicional para evaluar el plan. Es un periodo de exclusividad en que el deudor es el único que puede presentar un plan. Si ese periodo culmina sin que esto ocurra y el deudor no solicita una extensión, cualquier acreedor puede presentar su propio plan.

Después de esos 120 días, las partes van a una vista ante el tribunal, donde se presenta el “disclosure statement” y el plan propuesto. Si el juez determina que lo propuesto cumple con los requisitos de ley, el próximo paso es que el deudor busque los votos de los acreedores. “Si eres mi acreedor, te envío el plan con una papeleta en que ellos votan ‘Acepto’ o ‘Rechazo’”, detalló Conde. “Tienes que tener la mitad más uno de los acreedores que votan y por lo menos dos terceras partes o 66% de deuda que vote a favor”.

Ese proceso debe tomar 60 días, ya que 180 días después de la radicación tendrá lugar la vista de confirmación, a la que debe llegar el deudor con los votos necesarios para confirmar el plan. “Una vez confirmas el plan, sales de la quiebra con una reestructuración de tu deuda, en que se cambian términos y condiciones de préstamos; se paga a los acreedores prioritarios, como el gobierno, en un término de cinco años sin recargos ni penalidades; y se paga a los acreedores no asegurados lo que puedas, no lo que debas. Es salir como nuevo”, describió Conde.

La principal diferencia entre este proceso y el que se sigue en los casos de Capítulo 13 de ajuste de deudas de individuos, es que el plan de pago no se lleva a votación entre los acreedores, pues es el tribunal el que lo aprueba. Si embargo, los acreedores pueden evaluarlo y tienen derecho a objetarlo, explicó Suárez Cobo. “El periodo entre la reunión 341 y la vista se usa para arreglar y litigar esas diferencias. En la mayoría de los casos, las partes se ponen de acuerdo y se presenta en la vista un plan distinto”, esbozó el experto.

Si no hay objeciones, el tribunal confirma el plan de pago, que pasa a ser el nuevo acuerdo que tiene la persona con sus acreedores y que suele durar de tres a cinco años. “Cuando el deudor termina de hacer esos pagos, ocurre un proceso administrativo y luego se emite el descargo, quees la orden que dice que no debes más esas deudas”, dijo Suárez Cobo.

Los costos

Tanto los cargos que cobra el tribunal como los honorarios de los abogados pueden variar según el capítulo bajo el que se radica la quiebra. El tribunal tiene unos cargos fijos por radicación, que son de $335 para el Capítulo 7, $1,717 para el Capítulo 11, $275 para el Capítulo 12 y $310 para el Capítulo 13, informó Conde.

En cuanto a las bancarrotas de individuos, Suárez Cobo estimó que los honorarios suelen estar por debajo de los $2,000 en la mayoría de los casos de liquidación y ser menos de $5,000 en gran parte de los casos de ajustes de deudas de individuos. Para los que se acogen al Capítulo 13, los honorarios se incluyen en el plan de pago.

Conde informó que en los casos de reorganización bajo el Capítulo 11, el síndico, por supervisar los trabajos, cobra cada tres meses, dependiendo de los desembolsos que hace el deudor. Para ello, utiliza la información del mismo informe que usa para supervisar. Los honorarios de los abogados varían según la complejidad del caso.

“La quiebra da muchos derechos y beneficios, pero tienes que cumplir con las obligaciones”, resaltó Conde.


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