La corrupción amenaza con entronizarse en distintas ramas de gobierno y afectar también al sector privado, y ello podría resultar peor que los estragos causados por el huracán María o más fuerte que la depresión económica que padece Puerto Rico hace más de una década, según economistas y representantes de asociaciones empresariales entrevistados por Negocios.
“La corrupción es el obstáculo mayor que tenemos en Puerto Rico para alcanzar nuestro bienestar económico y social. Si no se le pone control, entra como un cáncer, se infiltra, se institucionaliza y crece en múltiples dimensiones”, afirmó Alba Brugueras, profesora universitaria y presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico.
Negocios supo que ya hay proyectos de inversión que han aguantado sus planes debido a la inestabilidad que hay en Puerto Rico. Este es el caso de dos fondos de inversión estadounidenses que debido a la incertidumbre política que atraviesa el país, decidieron hacer una pausa en sus planes de inversión.
“Mis dos clientes están en el escenario de ‘vamos a ver lo que está pasando en Puerto Rico porque la estabilidad política es incierta’. Ellos miran cuánto respaldo tiene Puerto Rico de los Estados Unidos... la inestabilidad política causa descalabro en el orden económico y ellos prefieren esperar”, aseveró el representante local de ambas firmas, quien para proteger la identidad de dichos fondos prefirió mantenerse en el anonimato.
Este señaló que la inversión estimada supera los $300 millones en uno de los fondos que busca desarrollar proyectos en las áreas de viviendas para la tercera edad, un centro de distribución de alimentos y un desarrollo agroindustrial. Mientras, en el otro fondo hay más de $200 millones en proyectos relacionados a la elaboración de alimentos.
Ese cáncer de la corrupción avanza y para muestra con un botón basta.
En marzo de este año, Puerto Rico apareció por primera vez en un informe de la Comisión Europea que listaba las 23 jurisdicciones de más alto riesgo en cuanto a lavado de dinero y financiación del terrorismo, recordó Brugueras. El informe instaba a los bancos europeos a aplicar mayores controles en las operaciones financieras que involucren a clientes e instituciones financieras de estos países.
Mientras, este mes un gran jurado federal acusó por cargos de fraude, lavado de dinero, conspiración para cometer fraude, y hurto de dinero a dos exfuncionarias de gobierno, así como a empleados y contratistas del gobierno. Y habrá más arrestos este verano, según el gobierno federal.
Días más tarde, el Centro de Periodismo Investigativo reveló el contenido de 889 páginas de un chat de Telegram que tenía el gobernador Ricardo Rosselló con un grupo de empresarios y funcionarios, el cual ha indignado al pueblo y motivado marchas diarias en distintos puntos de la isla y en ciudades de Europa, América Latina y EE.UU.
En contraste, el sector privado ha sido cauteloso en sus expresiones sobre los arrestos federales y el chat, y el impacto de ello a nivel local e internacional.
Kenneth Rivera, expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), opinó que el gobierno debe resolver esto pronto, pues hay proyectos económicos, como el de zonas de oportunidad, que requieren que se actúe con rapidez. “No hemos llegado todavía a la encrucijada de que digan ‘en Puerto Rico no se puede invertir, no está abierto para hacer negocios, me voy a República Dominicana’. Se ha perdido algo de entusiasmo, pero la gente está pendiente”, sostuvo Rivera.
En cuanto al impacto inmediato a la economía hasta el viernes, dos cruceros de Royal Caribbean se habían rehusado a parar en San Juan para que los turistas no se enfrentaran con las manifestaciones.
Realidad económica
Brugueras señaló que le preocupa el efecto que tendrán en la economía estos recientes actos de corrupción, máxime cuando el panorama económico luce aún muy frágil. Destacó que Puerto Rico ha entrado en la segunda década de depresión económica, la migración no se detiene, y la población se achica y envejece.
La producción tampoco crece. Por el contrario, bajó 20% en la última década, mientras, el gobierno lleva más de 10 años sin tener presupuestos balanceados y la economía aún no se recupera de los estragos causados por el huracán María. A ello se añade que la fuerza laboral continúa disminuyendo y que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) lleva dos años enfocada en sus políticas de austeridad.
Con este panorama, urge la llegada de fondos federales para la reconstrucción y llevar a la acción un plan de desarrollo económico sostenible -que hasta el momento no existe-, y Brugueras teme que, ante la desconfianza, los fondos se retrasen o los federales les impongan nuevas cortapisas a la isla para su desembolso.
“La economía está sumergida en la corrupción, no existe la transparencia, no tenemos estadísticas confiables, los informes económicos se retienen y no se publican. Todo eso afecta al país”, opinó la economista. El problema no es nuevo, ocurre hace muchos años, y hasta ahora, se ha hecho poco por atajarlo o arrancarlo de raíz.
Señaló Brugueras que el resultado de la corrupción y la falta de transparencia se traduce en falta de servicios o servicios más costosos en las áreas de salud, educación, seguridad y carreteras, entre otros, pues la eficiencia en la asignación de recursos se reduce al tener que adquirirlos a precios inflados, tal y como ocurrió con los famosos drones anaranjados. El pasado mayo, trascendió que la administración Rosselló había comprado 600 de estos barriles de plástico, a razón de $500 cada uno, durante los meses posteriores al paso del huracán María por la isla.
Por su parte, Francisco Montalvo, coordinador de la Coalición del Sector Privado -que agrupa a una veintena de entidades empresariales- dijo que los arrestos federales y la divulgación del chat laceran laimagen del país y afectan la recuperación económica.
“Si era difícil antes, ahora será más cuesta arriba buscar la estabilidad para fondos del Medicaid”, dijo Montalvo, con relación al arresto de la exdirectora de ASES y de Velázquez Piñol, ya que “todo esto impacta la credibilidad del sistema de salud de Puerto Rico”.
Montalvo reconoció que los últimos acontecimientos mantienen aturdido al sector empresarial.
De hecho, Negocios supo que el nuevo secretario de Hacienda, Francisco Parés, solicitó en días recientes reuniones con algunos gremios empresariales para explicarle los planes de la agencia, pero declinaron la invitación. “Es momento de esperar, no es ‘business as usual’, como proyecta el gobierno”, dijo un empresario.
“Esta incertidumbre (de si Rosselló se va o no) nos pone en muy mala percepción a nivel global. No nos ven como un país en el que hay transparencia para invertir. La imagen está lacerada y afectada por la falta de credibilidad en el gobierno”, expresó Montalvo.
A esto se suma el hecho de que Puerto Rico no participa desde el 2015 en el Índice de Competitividad Global que prepara el Foro Económico Mundial debido a que hay desconfianza en las estadísticas que recopila el país, y este es uno de tantos informes que examina el inversionista al elegir el destino para desarrollar sus proyectos.
Futuro de la deuda y JSF
Otro economista que expresó su preocupación es Juan Lara, para quien la crisis de gobernabilidad solo agrava las condiciones de incertidumbre que se ciernen sobre Puerto Rico, al no haberse culminado la renegociación de la deuda y estar en plena recuperación de los huracanes de 2017.
“No sabemos qué va a pasar con la Junta de Supervisión Fiscal. No sabemos cómo van a ser las relaciones con la junta nueva, si hay junta nueva o si se cambia la ley Promesa”, manifestó.
“La única manera de subsanar la situación es que quienquiera que sea esté al frente, asuma su función como un gobernador o gobernadora de transición, y se dedique a crear una situación de estabilidad”, afirmó. En esa transición, recomendó que haya un diálogo “abierto, casi público” entre el nuevo gobernante y la Junta, para dejar en evidencia la intención de ambos lados de conservar los avances en la renegociación.
“Mi preocupación es que esto sea un cuatrienio perdido en términos de manejar la crisis”, puntualizó.
Lara indicó que es de esperarse un efecto de parálisis en inversiones nuevas por la actitud de “vamos a esperar en loque el panorama se despeja”, pero que no hay forma de estimar cuánto duraría ese freno natural si se mantiene en primer plano la sombra de la corrupción.
“Que persista el rumor de que van a arrestar a más personas en el gobierno y en los municipios añade a la preocupación”, insistió Lara.
Una tercera inquietud es que se profundice aún más la suspicacia federal sobre el manejo de los fondos de recuperación que están separados, pero aún sin desembolsar. Un ejemplo de alto nivel es que, a fines de esta pasada semana, el presidente Donald Trump volvió a usar Twitter para condenar al gobierno estatal y la gestión de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, además de afirmar, aunque no sea cierto, que en Puerto Rico han llegado ya $92,000 millones en fondos de recuperación.
Sobre ese particular, el presidente del capítulo local de la Asociación de Contratistas Generales (AGC), Alejandro Abrams González, indicó en una entrevista reciente que no había notado diferencia aún en cómo corrían los proyectos. “Sí se debe reconocer que, si ya vimos que en Medicaid se asignaron unas medidas adicionales de control de fondos (federales), me imagino que se hará lo propio en nuestra industria, cosa que no estamos objetando; siempre y cuando no añadan más burocracia al sistema de otorgación de contratos y pagos del gobierno (local)”, comentó el contratista.
Para Lara, esa actitud de continuar es la que deben asumir todos los sectores productivos. “Lo primero es seguir haciendo cada cual su trabajo, no dejar que la economía se detenga. Los que venden automóviles, que sigan con sus ofertas, que sigan con su publicidad. Todo el que esté en manufactura, en el turismo, en la construcción”, urgió.
Llamado al sector privado
“Pero es importante que el sector privado asuma claramente una actitud y se lo deje saber a los políticos, de que se acabó la tolerancia a una actividad política que no sea para los mejores intereses del país”, exhortó. “El sector privado siempre debe ser transparente en sus relaciones con el gobierno y debe serlo ahora más que nunca”.
Por otro lado, Lara auguró que los segmentos que dependen o le venden a la economía de Estados Unidos deben continuar creciendo a pesar de la situación política. “En el turismo está pasando algo muy interesante. Como los hoteles se llevaron la pela, el turismo basado en hoteles se ha tardado en recuperarse. Pero el de cruceros está rompiendo récords”, observó.
En cuanto a la industria de la construcción, que había tomado algo de auge en la fase inicial de respuesta al desastre del huracán María tras unos 10 años de severa contracción, Lara reconoció que la lentitud en desembolsos federales la está ralentizando, pero que espera que repunte en la medida que vuelvan a fluir los fondos y solicitudes de propuestas.
“Creo que aún si el presidente Trump es reelecto y continúa su actitud hostil, los fondos federales van a llegar. El problema es que lleguende manera oportuna y suficiente”, manifestó.
Opinó que si así no fuera, “sería una gran pena, porque lo único que el huracán nos ha dejado que, en algo pueda ser positivo, es la expectativa de que nos ayude a recuperar la economía”.
Por su parte, el economista Antonio Fernós Sagebién analizó que “Puerto Rico está forzado desde la ley Promesa a correr a toda velocidad, para que no se siga desprestigiando su credibilidad. Cuando pasan cosas como los arrestos por corrupción y las revelaciones del chat, se le entrega en bandeja de plata a la administración Trump la validación de lo que un momento dado dijo”.
Entonces, planteó que como “el chat evidencia que las cifras eran trastocadas, eran manipuladas, todas las que pudiéramos reclamar como un éxito quedan desacreditadas por completo”.
Por ello, puntualizó la necesidad de fortalecer un Instituto de Estadísticas verdaderamente independiente, no sujeto a las presiones partidistas que quedaron plasmadas en el chat y otras movidas para sacar al entonces director ejecutivo Mario Marazzi y armar una junta “llena de incondicionales de la presente administración”, según denunció.
El reportero Gabriel Pacheco Santa colaboró con esta historia.
