Su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, aseguró que la resolución aprobada por el Senado no atendía ninguna necesidad social, económica o de salud. (GFR Media)

En una misiva dirigida a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y ambos líderes camerales, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) urgió al gobierno de Puerto Rico a abandonar su intento de suspender el cobro de arbitrios de importación como medida de alivio económico a la industria automotriz.

Asimismo, aseguró que, aunque la Resolución Conjunta del Senado 534 (RCS 534) apunta a eliminar una de las barreras más grandes a la compra de vehículos en la isla, “las venta de automóviles no están directa o indirectamente relacionadas a la emergencia prevaleciente del COVID-19”, por lo que concluyó que la medida recién aprobada por el Senado no atiende ninguna necesidad primaria social, económica o de salud.

Escuetamente, la JSF argumentó que el Senado violentó el requerimiento de neutralidad de ingresos incluido en el plan fiscal certificado al intentar eximir a la industria automotriz de este arbitrio por un periodo de 120 días sin haber identificado una fuente alterna para esos ingresos.

La Junta de Supervisión urge que la RCS 534 no sea aprobada por la Cámara de Representantes ni por la gobernadora”, lee la misiva que firmó la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

Como había reportado ayer El Nuevo Día, la junta sería uno de los mayores obstáculos para la medida relámpago de la autoría de Thomas Rivera Schatz y Hector Martínez Maldonado – ambos senadores del Partido Nuevo Progresista.

La resolución de solo cuatro páginas contempla que “a medida que Puerto Rico mira hacia adelante para lograr una apertura ordenada de la economía, la realidad del caso es que la prioridad del ciudadano cuando reabra la isla (economía) no será la compra de vehículos, lo que tendrá un efecto devastador para esta industria”.

Asimismo, los senadores estimaron en $414 millones los ingresos del gobierno que el arbitrio a la importación de vehículos de motor le generó a las arcas del gobierno en el 2019, poniendo el promedio en unos $3,900 por vehículo vendido.

La suspensión del Artículo 3020.08 del Código de Rentas Internas por 120 días tendría “un efecto neutro en los recaudos, ya que no se vislumbra que se compren vehículos por algún tiempo luego de que reabra nuestra economía”, argumentaron los senadores novoprogresistas en el contexto de la pandemia.

Sin embargo, la JSF se basó en el requisito de neutralidad de ingresos estipulado en el plan fiscal certificado que, aunque no se ha atemperado a la pandemia de coronavirus, sigue rigiendo las finanzas del gobierno central.

Cuesta arriba para la industria automotriz

Ya la industria había proyectado su peor año en ventas desde el 2009 debido a la pandemia del coronavirus, por lo que dependía de este salvavidas para coger algo de tracción en la primera mitad del año.

Hasta abril, las ventas se habían reducido más de un 43% en comparación con el 2019, siendo el mes de abril el peor de todos con bajas de hasta un 96%, que registró menos de 300 unidades vendidas entre los principales importadores de autos en la isla, indicó el Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA).

“Esos poquitos vehículos que se vendieron fueron de flotas de gobierno y otras unidades que no se habían registrado en marzo. Eso es lo que hay, porque no podemos vender”, dijo el presidente de GUIA, Ricardo García, quien todavía cuenta con que el gobierno les permita retomar sus ventas el próximo lunes, 18 de mayo para ponerle freno a esta caída cuesta abajo.

Sumando las cerca de 300 unidades vendidas en abril a las 3,154 ya reportadas por GUIA en marzo, el gobierno ha ingresado aproximadamente $13.5 millones por concepto de estos arbitrios en los últimos dos meses – solo un 20% de lo que habría recaudado para el mismo periodo del 2019.

“En el 2009, las ventas de autos en Puerto Rico fueron de 76,000 unidades y ese fue el punto más bajo al que hemos llegado en la historia reciente. Este año, esperamos menos de eso. Este año, esperamos vender entre 60,000 y 65,000 unidades. Esa es la expectativa de la industria en estos momentos. Eso es nefasto”, sentenció el presidente del GUIA.

García ya había contemplado que la posibilidad de que la JSF presentará reparo con la RCS 534, por lo que había informado que su industria le daría la bienvenido a cualquier incentivo, aunque fuera a través de otros mecanismos económicos.

Según se desprende de la misiva, toda reducción en los impuestos o arbitrios que cobra el gobierno debería estar acompañada de una nueva fuente de ingreso de igual o mayor peso, si la Legislatura pretende que sus medidas pasen el cedazo de la Junta.


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