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El presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar (a la izquierda), no logró convencer a la Junta de Supervisión Fiscal para que aprobara el plan fiscal que presentó el primer centro docente del país. (Gerald López Cepero)

Mientras en las afueras del Centro de Convenciones profesores y estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) protestaban contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en el interior del edificio cinco de los miembros del organismo creado por la ley Promesa decidieron imponer recortes presupuestarios y aumentos en las matrículas más severos que los recomendados por el gobierno.


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