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La octava reunión de la Junta de Supervisión Fiscal. (Vanessa Serra Diaz)

Tras una serie de enmiendas, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó con el voto unánime de sus miembros el presupuesto que presentó el gobierno reduciendo la partida asignada a la Legislatura, alterando las asignaciones especiales contenidas en el documento y restableciendo una reserva presupuestaria bajo el control de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

La aprobación se dio pese a la oposición que hasta el último minuto expresó el Ejecutivo, por voz del representante del gobernador en la JSF, Elías Sánchez, en lo relacionado al recorte presupuestario de $13 millones a los gastos operacionales de la Asamblea Legislativa. Esta baja, junto a una contenida en la versión inicial del presupuesto, plantea una merma total de poco más de $24 millones, según explicó el propio Sánchez en una conferencia de prensa al final de la octava reunión pública de la Junta.

Con la acción de la JSF se termina la configuración del presupuesto del año fiscal 2018 que comienza hoy, 1 de julio. Esto porque las disposiciones de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) establecen que, de encontrarse que el presupuesto aprobado por el gobierno no cumple con el Plan Fiscal certificado, la JSF podrá aprobar su propia versión, la que regirá independientemente de la postura de los poderes Ejecutivo y  Legislativo.

Por eso, el presupuesto avalado por la JSF no tendrá que pasar por una nueva revisión de esos poderes.

De hecho, también este es el primer presupuesto que se elabora bajo el esquema legal de PROMESA y es la primera vez, al menos en la historia reciente de Puerto Rico, que un ente no electo por el pueblo determina la composición presupuestaria del país. 

“En una colonia sí se le puede dictar el presupuesto al gobernador. PROMESA establece que, si se acoge de manera íntegra el presupuesto, el gobernador pues procede la firmarlo, pero como se enmendó por la JSF, se da por aprobado”, sostuvo Sánchez.

José B. Carrión, presidente de la JSF, explicó en una conferencia de prensa que la determinación de recortar aún más los gastos operacionales de la Legislatura se debe a que se buscaba que las medidas de austeridad que se están tomando sean proporcionales en todas las ramas del gobierno.

“El presupuesto, en su vasta mayoría, cumplía con el plan fiscal certificado... en un noventa y pico por ciento. Tuvimos unas diferencias con el gobierno y unas conversaciones bastante difíciles. Parte de esas diferencias fueron con la Legislatura. Fuimos ayer (anteayer), nos reunimos con los presidentes de los cuerpos y les explicamos nuestra forma de pensar. (El recorte) es cónsono con las demás ramas”, dijo Carrión.

Ese principio de proporción también fue esbozado en otra de las enmiendas forzadas por la JSF, que uniforma los recortes en cada uno de los programas del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). En la versión previa del documento presupuestario, se establecía un recorte general en la agencia de poco más de 13%. Sin embargo, los programas se afectaban de manera distinta.

Las enmiendas unilaterales de la JSF se unieron a las propuestas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares que buscaban corregir las deficiencias señaladas por el organismo creado por virtud de la ley PROMESA, estatuto aprobado por el Congreso de EE.UU. hace un año. Los señalamientos implicaban cambios en las partidas presupuestarias que, sumados, alcanzaban los $319 millones.

Las enmiendas del Ejecutivo corregían varios asuntos, como la ausencia de una asignación específica para la Rama Judicial. Del mismo modo, se reestablecían $50 millones de una reserva presupuestaria en la OGP, que inicialmente tenía $84 millones. Este dinero había sido, en cierto modo, repartido por la Legislatura como contingencia de las distintas agencias e instrumentalidades del gobierno. También, se atendían algunas insuficiencias de fondos en entidades públicas como la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia.

“En cuanto a las asignaciones especiales, hubo un recorte de $24.1 millones, cuyo desglose lo podremos ver cuando se presente la resolución. Se bajaron ‘across the board’ (las asignaciones especiales)”, explicó Sánchez.

Entre las asignaciones especiales afectadas estaba el subsidio del gobierno a la producción local de leche, explicó Sánchez.

Sin embargo, la compensación que anualmente desembolsa el gobierno producto de una sentencia judicial asociada a esta industria, no se verá afectada a pesar que la protección contra de litigios que ofrece el proceso de ajuste de deudas bajo el Título III de PROMESA provee la posibilidad de que se retenga el dinero, indicó el representante del gobernador en la JSF.

Amenaza latente

La versión del presupuesto aprobada ayer por la Junta no elimina la amenaza de una reducción en la jornada laboral o de eliminación del bono de Navidad de los empleados públicos. La contingencia, según Ana Matosantos, miembro de la JSF, tenía dos partes que activaban su implantación. La primera era la creación de una reserva de $200 millones adicionales a lo proyectado en el flujo de efectivo del gobierno central. Eso fue alcanzado por el gobierno. La segunda parte establecía que el gobierno debía establecer un plan de implementación de los cambios administrativos, de modo que se garantice la reducción de gastos. Algunas de las iniciativas de austeridad contempladas en el Plan Fiscal y el presupuesto, ya cuentan con justificaciones que satisfacen a  la Junta. Sin embargo, todavía falta el detalle de las medidas que se tomarán para unos $200 millones en recortes contenidos en el presupuesto. De no completarse este proceso, la Junta podría exigir una reducción en la jornada laboral y la eliminación de los bonos de Navidad para septiembre, dijo Matosantos.

Sánchez, sin embargo, alegó que este tipo de iniciativas de contingencia no son necesarias porque el gobierno no tiene forma de excederse en sus gastos porque no tienen acceso a préstamos. Además, indicó que ya corrigieron el problema principal de los desajustes presupuestarios al limitar las asignaciones multianuales.

“El presupuesto actual no tiene una reducción de jornada y no hace falta porque los recortes los vamos a cumplir y no vamos a sobregastar...  No existe manera en que gastes lo que no tienes”, dijo Sánchez.

Carrión, por su parte, afirmó que todavía la JSF no le ha pedido al gobierno que proceda con el achicamiento de la jornada laboral, como interpretó el gobierno hace una semana. Sin embargo, afirmó que es responsabilidad de la JSF alertar al público de que puede surgir esa situación

“Nosotros estamos tratado de ser responsables y queremos dejarle saber al pueblo sobre esta posibilidad”, dijo el presidente de la JSF.

Carrión dijo estar consciente de que, si se decreta una reducción en la jornada laboral, se tendrán que superar las visiones legales que tiene el gobierno y la JSF sobre esta contingencia. Se refería con esto a las expresiones del gobernador en las que interpreta que la reducción de jornada es una recomendación de la JSF y no una pieza fundamental del Plan Fiscal certificado. Esto implica que el gobierno no tiene la obligación de implantar la medida. Carrión, sin embargo, reafirmó que estas disposiciones sí son una parte fundamental del Plan Fiscal. Anticipó que, si se decreta la contingencia y el gobierno rehúsa implantar la directriz, tendrán que dirimir el asunto en los tribunales.


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