El gran volumen de reclamos que recibió la Oficina del Comisionado de Seguros, luego de María, se debió a pagos insuficientes por parte de las aseguradoras. (Vanessa Serra Díaz)

Aunque prácticamente la totalidad de las reclamaciones de seguros tras el paso del huracán María ha sido atendida, las aseguradoras todavía adeudan alrededor de $2,500 millones a cientos de individuos, comercios y sobre todo, dependencias públicas.

En contraste, el sector de seguros -medido por el volumen de primas- aparece fortalecido. Esto, como resultado de un aumento en las primas y de un mayor interés de los consumidores por protegerse mejor, según el comisionado de Seguros (OCS), Javier Rivera Ríos y la directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros (Acodese), Iraelia Pernas.

“En la OCS, se ha establecido un antes y después (del huracán María) en cuanto a fiscalización y al rol principal de proteger el interés público y el tener el balance correcto de mantener una industria saludable adecuada y sostenible”, indicó Rivera Ríos al reconocer, en el lado opuesto, que el sector de seguros de Puerto Rico y sus distintos componentes han atravesado por el período más difícil que se haya experimentado en décadas.

Según la radiografía anual del sector publicada por la OCS en junio pasado, en el 2018, el sector de seguros reportó el volumen de primas suscritas más alto en cinco años, totalizando $13,939 millones o 14% más que lo gestionado un año antes.

Entretanto, todas las líneas de negocios vieron aumentos. En seguros de vida y anualidades, los volúmenes aumentaron sobre el 20% en el 2018 y las primas suscritas bajo el Centro Internacional de Seguros (CIS), crecieron 22%. En el CIS, el nicho que acoge a aseguradores internacionales haciendo negocios desde Puerto Rico para el mundo maneja casi $7,000 millones en activos.

Mientras, los seguros de salud rebasaron la marca de $10,000 millones, ubicándose específicamente en $10,459 millones al cierre del 2018. En parte, como resultado del cambio en el modelo de gestión de la reforma de salud.

El nicho de P&C

Empero, el alza que la mayoría de los consumidores ha sentido de manera directa está en el segmento de propiedad y contingencia (P&C), la línea de negocios que continúa bajo el candelero a dos años del ciclón. Esto, tras las miles de quejas de consumidores y asegurados comerciales por pagos insuficientes.

De acuerdo con la OCS, el año pasado, las primas suscritas en propiedad y contingencia incrementaron casi 17%, en un período cuando todavía no se conocían con claridad las reclamaciones más controversiales post-María -como aquellas de municipios y empresas- y cuando no hubo ningún desastre de marca mayor en la región como fue el caso del huracán Dorian en las Islas Bahamas hace unas semanas.

“Las primas han aumentado con un impacto al consumidor porque no podemos perder de vista que la cubierta de seguros es obligatoria. En ese sector (de P&C) todavía tenemos una industria en recuperación”, dijo Rivera Ríos.

“En cuanto a Dorian, todavía es muy pronto para tener un número”, agregó el regulador al reconocer que el fenómeno encarecerá el costo de reaseguro. En el caso de Puerto Rico, luego de múltiples cambios a la reglamentación relacionada con las reservas requeridas a las aseguradoras durante la pasada década, el reaseguro es el principal vehículo para hacer contrapeso al riesgo que suscribe el asegurador.

Según Pernas, el mercado de Puerto Rico ha evolucionado de diversas formas luego de la temporada ciclónica de 2017.

Explicó que hay un creciente número de consumidores buscando asegurarse mejor, lo que unido a un alza en los tratados de reaseguro, explica los aumentos en primas que ha visto el mercado de Puerto Rico.

Pero de acuerdo con Pernas, la industria de seguros post-María internaliza otros cambios como las nuevas exigencias reglamentarias, que incluirán aumentar los niveles de capitalización requeridos a estas entidades y la preparación de planes de contingencia y respuesta para atender a los asegurados en el siguiente desastre.

Inyección millonaria

“Las aseguradoras pudieron responder. Es cierto que hubo situaciones particulares y que ha habido casos lamentables, pero este es un sector que todavía representa entre el 12% y el 13% del producto bruto y que en un período de dos años, ha inyectado a la economía de Puerto Rico casi $6,500 millones”, dijo Pernas.

La cifra en cuestión es prácticamente dos terceras partes del presupuesto de gobierno con cargo al Fondo General.

“Las aseguradoras tuvieron la capacidad de hacer un desembolso de esa magnitud y se lo hicieron más rápido de lo que se creía iba a pasar con los fondos federales para la recuperación”, subrayó Pernas.

Desde la perspectiva de Acodese, no todos los cambios regulatorios serán beneficiosos para el sector y los consumidores como tampoco puede adjudicarse de manera exclusiva a los aseguradores, la dilación en el pago de reclamaciones.

Según Pernas, mientras las aseguradoras establecidas en la isla tendrán que cumplir con nuevos criterios y continuar con el pago de impuestos, la legislatura flexibilizó el uso de líneas excedentes en Puerto Rico, un segmento del sector de seguros que no tiene presencia en la isla y tampoco es supervisado por la OCS.

“Ahora hay una legislación que propone que estas líneas excedentes estén en una moratoria de tres años para el pago de contribuciones y cuando comiencen a pagar, en tres años, pagarán una tercera parte, o sea, pagarán 3% en vez de 9% que es lo que pagan los aseguradores aquí”, indicó Pernas en referencia a la tasa aplicable sobre la prima que se suscribe.

Los ajustadores públicos

“También hemos conocido estos casos, donde luego de que intervienen ciertos ajustadores públicos, las reclamaciones aumentaron significativamente reclamándose equipos y otras pérdidas de cosas que no existían. Algunos de esos casos se atenderán en los foros pertinentes, pero habrá que hacer otros ajustes”, manifestó Pernas al lamentar que el sector de seguros todavía aguarda por medidas concretas en ese tema.

En los pasados meses, los aseguradores Mapfre e Integrand levantaron objeciones formales ante la OCS y los tribunales por el rol que ha jugado el ajustador público Scott M. Favre en ciertas reclamaciones de empresas y dependencias públicas.

“Esa vara de autorizar ajustadores, de requisitos y la forma de operar de estos ajustadores debe revisarse”, reconoció Rivera Ríos.

Sin ofrecer detalles, el funcionario indicó que al presente, la OCS conduce seis investigaciones contra ajustadores públicos. Las pesquisas están en diversas etapas, pero algunas han concluido y se encuentran en el período de refutación al que tiene derecho el ajustador público, antes de que la determinación sea final y firme.

Cambios regulatorios

Si bien Rivera Ríos reconoció la controversia en el caso de los ajustadores públicos y planteó que también habrá que exigir más preparación a los intermediarios dedicados a la venta de seguros, el jefe de la OCS cree los ajustes implementados a la fecha, han contribuido al bienestar de los consumidores y procurar la solvencia del sector.

En el caso de las líneas excedentes, por ejemplo, Rivera Ríos entiende que lo aprobado, atempera el mercado de Puerto Rico a la reglamentación vigente en otros 48 estados.

Destacó también como acierto que se haya aclarado el asunto sobre el tiempo de prescripción en reclamaciones; la inclusión -en el Código de Seguros- del concepto de “mala fe” a la hora de tramitar reclamaciones y la exigencia de adelantos cuando -al tramitar una reclamación- no haya discrepancias entre el asegurador y el reclamante en caso de pérdidas.

“El ‘appraisal’ es la herramienta idónea y es vinculante por ley que puede atender una reclamación antes de ir a los tribunales”, agregó Rivera Ríos haciendo referencia a otro de los cambios que se hizo al Código de Seguros el año pasado.

Tres liquidaciones en dos años

Si el huracán María fue un dolor de cabeza para miles de asegurados y para las compañías de seguros, también lo ha sido para el propio regulador.

Hasta el mes pasado, las aseguradoras habían recibido sobre 291,000 reclamaciones post-María, pero el regulador, que apenas cuenta con unos 80 empleados, ha recibido 2,500 querellas de consumidores afectados, incluyendo 22 quejas de agencias públicas y municipios.

“Todavía queda un 3% de las reclamaciones pendientes. Es un porcentaje pequeño en cuanto al número de reclamaciones, pero pesado, en términos de dólares y centavos”, dijo Rivera Ríos al indicar que a su juicio quedan pendientes de pago unos $2,500 millones en reclamaciones post-María.

Rivera Ríos reconoce que la OCS camina sobre una línea fina entre “regular a los participantes de la industria de manera adecuada” y procurar que el consumidor no terminepagando los platos rotos.

Aunque el sector como un todo parece fortalecido, según el informe de la OCS, al completarse el 2018, los aseguradores en Puerto Rico perdían $61 millones en suscripción y su razón combinada se ubicaba en su nivel más bajo en cinco años, con 91%. Para ese año, las aseguradoras en Estados Unidos -que también lidian con desastres mayores como fuegos forestales, tornados y tormentas- mostraban una razón combinada de 99.1%, según la OCS. La razón combinada es un indicador de la industria de seguros que analiza la rentabilidad de un asegurador considerando sus gastos y las pérdidas pagadas en relación a los seguros que vende.

El huracán María fue tan devastador que -tal como El Nuevo Día anticipó hace un año- al menos tres aseguradores locales no pudieron resistir: Constellation Health (en el sector de salud y que andaba moribundo desde el 2015) y los aseguradores de P&C, Real Legacy Assurance e Integrand Assurance. Este último podría entrar al proceso de liquidación si el tribunal acoge un pedido de la OCS a esos efectos y que fue radicado el pasado 12 de septiembre.

“Es un récord lamentable”, aceptó Rivera Ríos al plantear que colocar en sindicatura a tres aseguradores de manera simultánea ha requerido un despliegue de recursos que la OCS no había puesto en vigor anteriormente.

“Estará por verse si habrá un tercer asegurador (de P&C) que requiera una intervención. No quiero decir con eso que vaya a pasar (la intervención), pero lo que sí puedo decir es que vamos a estar bien pendientes”, dijo Rivera Ríos.

Según el funcionario, aunque espera que no ocurra “nada”, siempre hay “uno o dos aseguradores que hay que vigilarlos más de cerca”.


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