(Nota del editor: Este es el tercero de varios artículos acerca del Informe Investigativo Final sobre de la deuda de Puerto Rico, preparado por la firma Kobre & Kim, por encomienda de la JSF).
Entre los años 2004 al 2008, la junta de directores y funcionarios del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) aprobaron 77 transacciones de valores con la expectativa de allegar efectivo al gobierno y protegerse de aumentos en las tasas de interés, pero ese organismo no entendía claramente lo que aprobaba y a la larga, los contribuyentes terminaron pagando sobre $1,085 millones a una decena de bancos en Wall Street.
Para que tales transacciones se dieran y a pesar del poco o ningún peritaje que el BGF y el gobierno tenían en el tema, el banco de inversiones Goldman Sachs, “a espaldas del BGF”, cabildeó directamente en la Legislatura y en La Fortaleza, logrando que se aprobara una ley para que Puerto Rico entrara en el complejo mundo de los instrumentos de inversiones derivados. Específicamente, las gestiones de Goldman Sachs habrían resultado en la aprobación de la Ley 39 de 2005 para que el gobierno suscribiera instrumentos de intercambio de intereses, o “swaps”, en inglés.
A pesar de las movidas de Goldman Sachs, contrarias al interés del BGF, y de que un alto funcionario del BGF advirtió del riesgo que representaban estas transacciones al gobierno (al punto de renunciar a su cargo), el otrora agente fiscal adquirió unos $9,000 millones en estos instrumentos sin conocer cómo funcionaban y después de comprarlos, el BGF no sabía cómo administrarlos y no llevaba registros adecuados de cómo estos instrumentos afectarían el presupuesto de Puerto Rico, la liquidez del gobierno y sus corporaciones públicas o incidían en el margen constitucional del gobierno para emitir deuda.
Todo eso es lo que afirma el investigador especial Kobre & Kim, en su informe especial acerca de la deuda de la isla y cuyo contenido es el tema principal de una vista que el Comité de Investigación Especial de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) celebrará hoy en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. La sesión especial busca recibir las impresiones de diversos grupos e individuos acerca del informe y trazar un posible plan de acción para incoar reclamaciones contra quienes contribuyeron al colapso fiscal de la isla.
Mundo desconocido
“Después de hablar con muchos exmiembros de la gerencia del BGF y de su junta de directores, el consenso general es que, en numerosos momentos críticos, durante el período relevante, estos individuos no tenían una comprensión verdaderade las mecánicas de los ‘swaps’ o una apreciación de los riesgos financieros que estos, en última instancia, representaron para los emisores (de deuda de Puerto Rico)”, reza el reporte de Kobre & Kim en su página 414. “Un síntoma de esto fue que el BGF no mantuvo récords completos de la documentación legal de los ‘swaps’, incluyendo aquellos con términos que requerían la presentación de colateral”.
“Los bancos que cubrían a Puerto Rico sabían de los problemas presupuestarios y animaron, cuando no orquestaron, la entrada de Puerto Rico en el mercado de swaps”, se agrega en el capítulo 13 del documento de 608 páginas.
¿$9,000 millones en qué?
De acuerdo con el investigador de la JSF, Puerto Rico entró en los controversiales “swaps” principalmente por dos razones. La primera razón, según el informe, se produjo en el año 2005 cuando los problemas presupuestarios se agudizaban y comenzaba a cuajarse el cierre gubernamental.
Entonces, según la información compilada por Kobre & Kim, Goldman ofreció al gobierno unos $100 millones de efectivo por entrar en lo que en inglés se conoce como un “basis swap”, dinero que se utilizaría para cuadrar el presupuesto.
Posteriormente, los bancos de inversión ofrecieron unos $75 millones por otro “swap” en la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y otros $80 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El Nuevo Día reportó hace 13 años lo que le venía a Puerto Rico con los “swaps”. En el 2005, este diario reseñó el proceso de aprobación legislativa de esos instrumentos y cómo ese dinero se utilizaría para cuadrar el presupuesto. Entonces, también se reseñaron las advertencias que hizo el entonces presidente del BGF, William Lockwood, acerca del riesgo que representaban tales transacciones.
Según el reporte de Kobre & Kim, si el BGF no procedía con los “swaps”, el gobierno exigiría al agente fiscal que le prestara los $100 millones y luego, se habla de otro préstamo por otros $500 millones.
La moda de deuda variable
La segunda “razón” que tuvo Puerto Rico para comprar “swaps” estaba atada al deseo del gobierno de tomar prestado a tasas de interés variable. Esto porque, según la investigación de Kobre & Kim, en el mercado municipal había demanda por estos instrumentos de deuda, y ello ofrecía una oportunidad para que Puerto Rico “diversificara” su base de inversionistas.
De la misma forma en que el pago mensual de una hipoteca de tasa variable puede cambiar cada mes, los bonos de Puerto Rico estaban sujetos a igual riesgo. Para evitarlo, según el informe de Kobre & Kim, algunos de los bancos de inversión que ayudaron a estructurar los bonos de tasa variable de Puerto Rico fueron los mismos que vendieron “swaps” al gobierno o que vendieron bonos para pagar por la terminación de “swaps”. Ese fue el caso de instituciones como Barclays y Morgan Stanley, según el investigador especial.
Aunque hay multiplicidad de estos instrumentos, los “swaps” funcionan como una especie de sube y baja entre la entidad que emite deuda (como sería el gobierno o sus corporaciones públicas) y la entidad financiera. Si los intereses suben, la entidad financiera compensa al emisor de deuda haciendo contrapeso al impacto adverso de la movida en intereses y viceversa.
Las letras pequeñas
Pero en los “swaps”, también hay otras cláusulas y condiciones. Por ejemplo, si alguna de las partes encaraun evento de degradación crediticia, ello podría activar la terminación del “swap”, cosa que El Nuevo Día también reportó repetidamente el asunto hace cuatro años.
En esos casos, reportó entonces este diario, Puerto Rico se vio obligado a aportar millones de dólares para cubrir la deficiencia en colateral como secuela de la degradación crediticia.
En diciembre de 2008, por ejemplo, como el gobierno operaba en déficit, optó porque el Departamento de Hacienda emitiera los llamados Trans (Notas Contributivas de Corto Plazo) para pagar $241.4 millones en colateral de “swaps”.
En el caso de la AEE, apenas habían transcurrido cuatro meses desde que esa corporación pública tomó un “swap” y tuvo que aportar $108.3 millones en colateral a Goldman Sachs, indica el reporte.
Según el reporte de Kobre & Kim, en un momento dado, un banco de inversión tenía derecho a cobrar un “swap” y como el gobierno no tenía con qué pagarle, le propuso flexibilizar los términos de ese acuerdo a cambio de comprar otro “swap”.
Partiendo del informe de Kobre & Kim, la Ley 39 de 2005 solo autorizó a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) a entrar en “swaps”. Sin embargo, al cabo de cuatro años, otras entidades del gobierno también entraron en “swaps”. Entre estas figuraron, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Autoridades de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de los Puertos (AP) AEE, AAA y hasta la Universidad de Puerto Rico.
Como resultado, dice Kobre & Kim, en un momento dado, a medida que los “swaps” cobraban un valor adverso para el gobierno, Puerto Rico estuvo expuesto a pagar $1,300 millones o casi el 14% del Fondo General en estos instrumentos. Y a pesar de ello, el riesgo de los “swaps” no se calculaba como parte del margen constitucional y tampoco se analizaba su impacto en la liquidez del gobierno, destaca el reporte.
Bonos para salir de los “swaps”
En 2009, cuando la administración de Luis Fortuño llegó al poder, dice Kobre & Kim, la nueva gerencia del BGF, encabezada entonces por el actual directivo de la JSF, Carlos M. García, optó por poner fin al riesgo millonario que los “swaps” representaban al gobierno y sus corporaciones públicas.
Para ello, indica el informe, el BGF contrató un nuevo asesor, quien para entenderla magnitud de los acuerdos valorados en unos $9,000 millones se vio precisado a llamar a los bancos de inversión, habida cuenta que el BGF no poseía documentos sobre estos.
“La gerencia del BGF y el asesor en swaps nos indicaron que el BGF veía la cartera de swaps como un riesgo de liquidez”, reza el informe de Kobre & Kim.
Según el investigador especial, otros emisores de deuda en Estados Unidos como Jefferson County, donde incluso se radicaron acusaciones criminales por soborno, y la ciudad de Detroit entraron en “swaps”, pero ninguno en la magnitud de Puerto Rico.
Para salir de los “swaps”, el gobiernoestaba obligado a pagar penalidades y como no había dinero en caja, optó por emitir nueva deuda. En total, Puerto Rico pagó a unos $1,085 millones en costos de terminación de “swaps” a entidades como Morgan Stanley, FMS, UBS, Citibank y Goldman, entre otros.
Para pagar a estos bancos, Puerto Rico tomó prestado unos $965 millones en bonos a 30 años.
A pesar de que las transacciones de los “swaps” provocaron pérdidas millonarias al gobierno y su riesgo y efectos fueron reseñados por este diario durante años, que se sepa, la Legislatura y tampoco ninguna otra entidad fiscalizadora del gobierno investigó el tema.
El Nuevo Día intentó comunicarse con un portavoz de Goldman Sachs para una reacción, pero no recibió respuesta.
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