La directora de la Junta Fiscal dice estar optimista, pero describe como insuficientes las gestiones de la Legislatura y La Fortaleza.

La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, indicó este lunes que espera que la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la Legislatura puedan “entender” el valor que representa el acuerdo recién pactado con una treintena de fondos de inversión para reestructurar las Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y respalden lo que sería el segundo plan de ajuste del gobierno central para salir de la bancarrota.

“Espero que la gobernadora y la Legislatura revisarán y entenderán el valor real que estos acuerdos proveen a Puerto Rico”, dijo Jaresko en una rueda de prensa para explicar el nuevo acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) del gobierno central y que en el agregado significará para los bonistas, una recuperación cercana a 74 centavos de dólar.

A preguntas de la prensa en torno a si se reunirá con Vázquez Garced para discutir el nuevo RSA, Jaresko indicó que regularmente conversa con la mandataria. Agregó que recientemente, se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y que próximamente, hará lo propio con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, con el objetivo de conversar sobre el pacto alcanzado.

Jaresko aseguró que el acuerdo es otro paso para sacar a la isla del proceso de bancarrota, una realidad que cada día le cuesta al gobierno y a los negocios en Puerto Rico.

Pero Jaresko también dejó claro que la JSF se enfocará en presentar el nuevo plan de ajuste del gobierno central ante la jueza Laura Taylor Swain en o antes del próximo 28 de febrero.

Mientras Jaresko insistía en que el acuerdo debe continuar, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) emitía una declaración escrita en la que insistía en rechazar el pacto.

La Aafaf dice que no al acuerdo

“El acuerdo anunciado ayer por la JSF, si bien incluye una reducción sustancial en la deuda pública de obligaciones generales, también mejora las protecciones legales y garantías que tendrían los bonistas durante los próximos veinte años. Entre esas salvaguardas se encuentran: gravámenes estatutarios sobre ciertas partidas, la emisión de nuevos bonos subordinados de COFINA y el establecimiento de nuevos fondos de reserva para asegurar el repago de la deuda reestructurada”, reza la declaración de la Aafaf.

Como parte del proceso de confección de este nuevo acuerdo, la JSF se ha negado a mejorar la posición de nuestros pensionados. En vista de lo anterior, el gobierno de Puerto Rico ha decidido no apoyar el nuevo acuerdo, según sus términos actuales. Nuestros retirados ya han hecho sacrificios en el pasado, por lo que entendemos que cualquier mejoría en el trato a los bonistas, tiene que venir acompañado de un mejor trato para éstos. Hacemos un llamado a la JSF a reconsiderar su postura al respecto”.

Los servicios no se afectarán, alega Jaresko

“El servicio a la deuda se reduce en 64%”, destacó Jaresko al señalar que el pacto le ahorrará más dinero a Puerto Rico y por ello, los servicios a la población “no se afectarán”.

De acuerdo con Jaresko, el acuerdo con los bonistas de GOs y la AEP permitirá reducir de unos $4,200 millones a $1,500 millones, la cantidad que saldrá del presupuesto cada año para pagar a los bonistas.

Anoche, la JSF reveló que había llegado a un acuerdo con al menos cuatro grupos de bonistas para modificar unos $14,000 millones en bonos GOs y otros $4,700 millones en bonos de AEP, pagando a estos -en promedio- alrededor de 72 centavos de dólar.

Los suscribientes del pacto, explicó Jaresko, representan un respaldo mayoritario a la transacción en relación al respaldo que recibió un primer acuerdo con la Coalición de Deuda Legítima (CDL) y que sentó las bases para el primer plan de ajuste radicado en septiembre del año pasado.

Jaresko aseguró que en relación al plan de ajuste inicial, Puerto Rico se ahorrará otros $5,000 millones en el pago de la deuda, pues de consumarse el pacto, los bonos que se intercambiarán tendrán una vigencia de 20 años, en lugar de tres décadas.

Según el plan de la JSF, mientras los bonistas de GOs y AEP recibirían sobre 70 centavos de cada dólar prestado al gobierno, serán los bonistas de la deuda emitida por agencias como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y los Bonos de Obligación de Pensiones (POBs), quienes llevarían la peor parte, además de los acreedores no asegurados del gobierno.

Esto, porque la propuesta del organismo fiscal espera pagar a estos bonistas alrededor de tres centavos de dólar. En ese grupo se incluyen sobre $16,000 millones en acreencias generales no aseguradas como las de contratistas y suplidores del gobierno para quienes se habría separado, aproximadamente, 1.3 centavos.

Intocable el pacto en pensiones

Si bien la JSF señala que ha logrado un recorte mayor desde el lado de los bonistas, ese alivio no revertirá hacia otros grupos en el proceso de bancarrota.

Jaresko indicó que, en este momento, el plan de la JSF de reforma a las pensiones y que recortaría hasta 8.5% del ingreso mensual de los jubilados del sector público, continúa inalterado y que lo mismo sucederá con el acuerdo que restituye las aportaciones que los empleados públicos hicieron al Sistema 2000, dinero que fue utilizado por el gobierno en lugar de invertirse para pagar el retiro de estos.

La JSF espera presentar el segundo plan de ajuste en o antes del próximo 28 de febrero y espera poder discutir este para su confirmación hacia el mes de octubre.


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