Miles de comercios permanecen cerrados en un intento por frenar el avance del coronavirus en Puerto Rico. En la foto, una vista de la usualmente concurrida Placita de Santurce.

Cientos de empresas en Puerto Rico están obligadas a pagar el salario de sus trabajadores, aunque estos no estén operando debido a la orden de cierre que busca atajar el coronavirus, indicó la abogada experta en asuntos laborales, Natalia Colón.

Según Colón, la obligación de los patronos en Estados Unidos y Puerto Rico emana de la ley federal Families First Coronavirus Act, estatuto que entró en vigor el pasado 18 de marzo como parte de la respuesta del gobierno federal para compensar el impacto de la pandemia del COVID-19.

“Es la primera vez en la historia de la nación estadounidense que por diseño congresional, se otorga una licencia por enfermedad para los trabajadores estadounidenses”, dijo Colón al señalar que, por lo general, la relación entre un patrono y sus empleados -en lo que atañe a beneficios marginales- suele legislarse a nivel estatal o territorial.

“Y esto aplica a todos los empleados, no importa si están en período probatorio, independientemente del tiempo que han trabajado en la empresa, si se trata de un empleado a tiempo parcial o a tiempo completo”, subrayó la expresidenta de la Asociación de Profesionales de Relaciones Laborales.

Según Colón, aunque la discusión pública se ha centrado en el avance de la pandemia y en el paquete de ayuda económica que se aprobó esta madrugada en el Congreso estadounidense, la semana pasada, el presidente Donald J. Trump aprobó la ley Families First para enmendar dos estatutos que rigen la compensación de los trabajadores y las situaciones de enfermedad que puede encarar un trabajaor: Family and Medical Leave Act (FMLA) y Fair Labor Standards Act (FLSA).

Puerto Rico se encuentra en un estado de aislamiento social y toque de queda desde el pasado 15 de marzo, luego de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced, tomó dicha acción en un intento por frenar el coronavirus en la isla. Ello obligó al cierre de miles de empresas hasta el próximo 30 de marzo, pero se anticipa que el período de aislamiento forzado continuará más allá de esa fecha.

¿Qué dice la ley federal?

Aunque la ley tiene diversos alcances, en términos generales, Families First establece que el patrono otorgará a todos sus empleados “una licencia de enfermedad de emergencia” equivalente a 80 horas para empleados a tiempo completo.

Ahora, si un empleado interesa solicitar 10 semanas adicionales de licencia para cuidar a un menor bajo la enmienda a la ley FMLA, ese empleado debe haber trabajado al menos 30 días consecutivos con la empresa.

En el caso de empleados a tiempo parcial, la paga se calcularía considerando el promedio de horas trabajadas en dos semanas.

Según Colón, el patrono otorgará la licencia de 80 horas al empleado al instante y cargará contra esta la nómina del trabajador aunque su empresa no esté operando por causa del cierre forzoso impuesto por e gobierno.

Al presente, según la abogada, varios patronos forzados a cerrar en la isla y enviar a sus empleados a casa, han optado por pagarles, cargando estos días contra sus respectivas licencias de vacaciones o enfermedad.

De acuerdo con Colón, una ventaja de la licencia de enfermedad por emergencia aprobada por el Congreso es que el patrono cargará la nómina contra esta, lo que interrumpe que se agoten otras licencias que posea el empleado.

Colón hizo claro que esta licencia solo aplicará para la emergencia del coronavirus y el estatuto expira el 31 de diciembre de este año.

Duda con la fecha de efectividad

Colón explicó que aunque la fecha de aprobación de la ley fue el pasado 18 de marzo, no está claro si la activación de la licencia de enfermedad de emergencia y el consecuente pago a los trabajadores sería retroactivo o si este comenzaría al cabo de 15 días de la firma de la ley o no más tarde del próximo 2 de abril.

Para Colón, lo indudable es que el estatuto aplica a toda empresa cerrada en Puerto Rico por la Orden Ejecutiva 2020-23 y tendrá serios efectos en los pequeños y medianos empresarios.

También otro dato indudable, dijo Colón, es que esta disposición no aplica a empresas con 500 empleados o más.

A preguntas de El Nuevo Día en torno a por qué eximir a patronos con 500 empleados o más, Colón sostuvo que en diversos foros legales se especula que las empresas grandes –entiéndase cadenas comerciales o empresas de aviación, por ejemplo- fueron excluidas porque estas han experimentado tantos efectos con la suspensión de la actividad comercial internacional y de viajes, que crear la licencia de emergencia pagar a sus empleados aunque estos no estén trabajando, acabará de sepultarles económicamente.

Ayuda paupérrima

“Esto va a tener un efecto drástico en el flujo de efectivo de las empresas”, dijo Colón.

De acuerdo con la abogada, Families First ofrece unos paliativos a los patronos por adoptar la licencia de enfermedad de emergencia.

En esencia, explicó la abogada, el patrono no tendrá que remitir al gobierno las retenciones de Seguro Social u otros impuestos que hace al empleado y que suelen rondar entre 13% a 14% del salario.

Pero Colón reconoció que ese paliativo jamás compensaría el pago de salarios cuando no se ha rendido un trabajo para la empresa. Explicó que se consideran ciertos créditos contributivos en el paquete de estímulo fiscal.

Este miércoles, tras conocerse la aprobación del paquete de ayuda en el Congreso federal, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sostuvo que el plan de ayuda económica incluye un programa de préstamos a pequeños y medianos negocios a través de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) que servirá para que las empresas paguen el salario de sus trabajadores hasta ocho semanas. Tales préstamos, dijo Mnuchin, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, serán condonados, siempre que tales trabajadores permanezcan en su puestos pasada la emergencia.

Pero en el caso de los patronos en Puerto Rico, no queda claro cómo podrían recibir tales créditos contributivos, pues las empresas en la isla no pagan contribuciones federales.

En ese sentido, Colón señaló que las medidas propuestas a nivel local son “paupérrimas, en vista de lo extraordinario de las circunstancias”.

Posible una exención a ciertas empresas

“No sé qué podrá hacer un pequeño y mediano negocio con $1,200 ante esta coyuntura”, dijo Colón haciendo referencia al dinero que otorgaría el gobierno local a comercios o empresas que cerraron por las medidas de aislamiento social impuestas por el gobierno.

Según Colón, en el caso de negocios con menos de 50 empleados, el Families First podría eximirles de pagar a sus trabajadores, siempre que la empresa pueda demostrar que pagar la licencia de enfermedad por emergencia le llevaría a la ruina.

De acuerdo con la abogada, los abogados y ejecutivos de Recursos Humanos están a la espera de la normativa que el Departamento del Trabajo federal debe emitir para implementar el Families First, donde se espera haya mayor claridad en torno a los criterios que deben seguir las empresas para cumplir con el estatuto.


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