Ante la falta de una definición clara de cuáles son los servicios esenciales que el Estado debe garantizar a los ciudadanos, representantes de una veintena de organizaciones sindicales, cívicas y políticas denunciaron ayer que los acuerdos que negocian el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con bonistas atentan contra el bienestar de las poblaciones más vulnerables.
Mañana, la jueza Laura Taylor Swain presidirá una vista en el Tribunal Federal, en San Juan, para determinar si se ratifica el acuerdo alcanzado entre el gobierno y los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) para el repago de su acreencia.
“No es casualidad que no se hayan definido lo que son servicios esenciales, incluso en el proceso de quiebra de Detroit pasó lo mismo. Es uno de los elementos que se usan para priorizar los servicios más importantes para el pueblo”, indicó la portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Eva Prados.
El producto de la negociación entre el gobierno y los bonistas de Cofina propone un recorte de un 28% en el pago del principal que se adeuda a estos acreedores. Como parte del acuerdo, una clasificación de los bonistas de Cofina recibirá más que otra, por lo que los llamados bonistas senior podrían recobrar el 93% de lo que pagaron al adquirir los bonos.
De acuerdo con representantes del gobierno local, el acuerdo representa un ahorro anual de $425 millones para el erario.
No obstante, representantes de las organizaciones que rechazan el pacto señalaron ayer que los números utilizados en dicha negociación no se sustentan con las proyecciones económicas que han realizado múltiples expertos.
El coordinador del Programa de Solidaridad de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (ProSol Utier), Luis Pedraza Leduc, recordó que este es el primer gran acuerdo que se negocia con bonistas, previo a los trabajos que incluirán a los bonistas de las obligaciones generales, deuda que está protegida por la Constitución del Estado Libre Asociado.
“El acuerdo es malo para el pueblo de Puerto Rico. El acuerdo de Cofina implica la destrucción de los servicios esenciales”, manifestó Pedraza Leduc.
El secretario de organización de la Federación de Maestros, Rafael Feliciano, sostuvo que los pagos que se hará a los bonistas de Cofina ponen en riesgo, entre otras cosas, el futuro de las pensiones de los empleados públicos.
“El pueblo tiene que estar presente porque dinero que va al pago de estos bonistas inescrupulosos es dinero que no va para garantizar las pensiones de nuestros jubilados, es dinero que no va a los servicios esenciales, es dinero que no va a nuestras escuelas, es dinero que no va a la Universidad (de Puerto Rico)”, sostuvo Prados.
