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La Asamblea Legislativa dio paso al “cheque de alivio contributivo”, un beneficio único que llegaría a los contribuyentes elegibles este año y que, según una carta enviada por el Departamento de Hacienda a la Casa de las Leyes, será financiado con sobrantes de los años fiscales 2022 a 2024.
La medida pasa ahora a La Fortaleza.
El proyecto se aprobó por unanimidad en la Cámara de Representantes con el aval de las minorías. En el Senado, obtuvo el voto en contra del senador independiente Eliezer Molina.
La Resolución Conjunta de la Cámara 278 viabiliza utilizar unos $554 millones del Fondo General para enviar un beneficio único a entre 600,000 y 700,000 contribuyentes, según los estimados del gobierno.
El incentivo, similar al otorgado en 2024, pero sin que haya un pago mínimo, se concretó luego de que el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara baja levantara bandera sobre el retraso de Hacienda en entregar información necesaria para aprobar una reducción en las tasas contributivas individuos, una promesa de la gobernadora Jenniffer González Colón. El Proyecto de la Cámara 1014 (PC 1014) que también busca modificar las escalas de ingreso o brackets continúa ahora en discusión en la Legislatura, y sus efectos, de aprobarse, se darían para el ciclo contributivo del próximo año.
Antes de aprobar la resolución para repartir el cheque de alivio contributivo, la Asamblea Legislativa pidió una certificación a Hacienda para consignar la existencia de fondos.
Alivio con dinero de años previos
El pasado viernes, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, envió una carta a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez Núñez, explicando un sobrante de $813.7 millones que el gobierno pretende destinar en parte para el pago del alivio contributivo.
El dinero no proviene de ingresos corrientes, es decir de recaudos levantados en el presente año fiscal, o recurrentes. Según la misiva, viene de varias reservas o sobrantes de años anteriores.
Por ejemplo, hay $31 millones que no se repartieron en el incentivo reintegrable de 2024 y reservas de años fiscales entre 2022 y 2024, así como una reserva creada bajo la Ley 52 de 2022 (Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas). De ese fondo, hay $250 millones.
La existencia de sobrantes en un año presupuestario puede responder a diversas razones, pero hace poco más de una semana, al divulgar el informe correspondiente al final del año fiscal 2025, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), destacó que el gobierno no registró adecuadamente los gastos en incurridos y pidió recursos que posteriormente no utilizó, incluyendo aumentos salariales aprobados que no desembolsó o servicios programados en el presupuesto que tampoco se hicieron disponibles a la población.
El Nuevo Día solicitó, de inmediato, una reacción de la JSF, pero al momento de la publicación de esta noticia no había recibido respuesta.
El pasado viernes, la JSF envió una carta a los presidentes legislativos advirtiendo de las incompatibilidades de las propuestas contributivas del Ejecutivo con la Ley Promesa.
Consulta a la Junta Fiscal
Para el presidente del Senado, aprobar el cheque de alivio contributivo único implica autorizar “que el Ejecutivo se siente con la (JSF) y verifique si la liberación de los fondos que ellos desglosan en la carta que envió el secretario de Hacienda están disponibles o no”.
Rivera Schatz dijo que, a su entender, debe quedar claro que los fondos identificados por Hacienda sí están disponibles.
“En la mecánica gubernamental, se han identificado unos fondos, si están disponibles o no, es otra cosa. Eso tiene que quedar bien claro. Nosotros no vamos a obstruir el deseo de la gobernadora de buscar la aprobación y por eso, vamos a estar aprobando la RCC 278, para que pueda, entonces, sentarse con la (JSF)”, agregó.
“Vamos a aprobar esta medida entendiendo que para lograr el acceso a esos fondos, el gobierno de Puerto Rico se tiene que sentar con la (JSF), lamentablemente, porque somos una colonia”, subrayó el líder senatorial al indicar que Pantoja Rodríguez aseguró que la partida de $554 millones no tiene un uso asignado dentro del presupuesto.
Aunque la administración de González Colón alega que otorgará un alivio de sobre $554 millones a los contribuyentes, en el neto, el ajuste contributivo que ha propuesto es mucho menor. Esto, porque para pagar el reajuste en tasas y escalas de ingreso, el PC 1014 eliminaría el crédito de hasta 8% que se concedió en el 2022. Ese crédito representaba un descuento directo que el contribuyente recibía, pues en lugar de pagar el 100% de la contribución determinada entonces, pagaba el 92% o 95%. Según Hacienda el beneficio rondaba unos $280 millones.
Como resultado, de aprobarse, el ajuste promovido por González Colón, implicaría un beneficio neto para los contribuyentes de unos $274 millones.
¿Qué dice la resolución?
En síntesis, según la resolución conjunta aprobada, los individuos pagarían sus impuestos por el ingreso devengado en el año 2025 a base de las tasas existentes y, posteriormente, recibirían el pago de devolución, de forma similar a lo que ocurrió hace dos años por medio del llamado “incentivo reintegrable”, correspondiente al año contributivo 2023. Al igual que entonces, el incentivo solo tendría efecto un año.
Entre los requisitos estipulados para recibir el beneficio, se incluyó “tener ingreso neto sujeto a contribución igual o menor de $150,000”.
En la Cámara de Representantes, las minorías del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Partido Popular Democrático (PPD) y el Proyecto Dignidad (PD) votaron a favor de la medida, aunque expresaron preocupación por la capacidad del gobierno actual para cumplir con un alivio contributivo permanente.
El portavoz independentista Denis Márquez dijo, por su parte, que “no deja de ser un alivio a la clase trabajadora, como planteamos en una vista pública”.
Continuarán su análisis
Tanto la Cámara como el Senado indicaron que continuarán adelante con la evaluación de la propuesta para cambiar las escalas contributivas.
Rivera Schatz indicó que el jefe de Hacienda le confirmó que el próximo viernes, el equipo fiscal del Ejecutivo -que incluye también a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf)- cumplirá con el requerimiento de información de la Asamblea Legislativa.
Según el análisis de la JSF en torno al PC 1014, la medida está corta por $370 millones.
“La reforma contributiva se va a seguir atendiendo, pero, como parte de la discusión del presupuesto y de otra legislación que vamos a estar atendiendo en el próximo trimestre, ese va a ser uno de los temas. No es que no se va a atender, no es que se detuvo, sino que se va a atender en un período próximo, examinando toda la documentanción”, afirmó Rivera Schatz.
En el caso de la Cámara, el presidente Méndez Núñez reiteró temprano este lunes que no avalarán las propuestas de imponer el cobro de Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los equipos de energía solar, ni imponer el pago de arbitrios a los carros eléctricos, las otras dos medidas incluidas en el PC 1014 para financiar los cambios contributivos.
Cuando se le preguntó entonces cómo se financiaría el ajuste que promueve La Fortaleza, Méndez Núñez dijo que “por eso, necesitamos la información que se le pidió al Ejecutivo, porque la posición nuestra es que no vamos a aprobar la imposición del IVU a placas solares y equipos eléctricos, por eso necesitamos (los datos)”.
“Necesitamos la información para asegurarnos cómo se va a financiar y buscar el dinero de fondos recurrentes que no sean sencillamente recortes presupuestarios sin tener visibilidad de dónde provienen”, agregó el legislador.
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