Los suplidores y contratistas a quienes, según LUMA Energy, se adeudan unos $200 millones por trabajos realizados, tendrán que esperar al menos otros tres meses para saber qué pasará con sus pagos, ahora que la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain aplazó hasta el 2026 la moción que radicó el operador eléctrico para reclamar la millonaria suma a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Y es muy posible que cuando llegue ese momento, las decenas de suplidores y contratistas que no han cobrado en meses tampoco tendrán certeza de su pago, pues la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) informó al tribunal que se opondrá a que se desembolse la suma.

Según Aafaf LUMA no ha presentado evidencia “básica” que justifique la transferencia de fondos y mucho menos el acceso del operador a las cuentas bancarias de la AEE para tramitar los pagos en controversia.

“El tribunal debe rechazar la Moción de Gasto Administrativo de LUMA”, reza el escrito de la Aafaf, presentado por el abogado Luis C. Marini-Biaggi.

Según el gobierno, de entrada, la jueza Swain debe inhibirse de analizar el asunto, pues la moción de LUMA fue diseñada para “interrumpir” el mecanismo de resolución de disputas y obviar el foro para ventilar controversias que establece el contrato de Operación y Mantenimiento (OMA, en inglés) que rige la gestión de la red de transmisión y distribución (T&D, en inglés).

“Aun si el tribunal decidiera considerar la Moción de Gasto Administrativo, esta debería ser denegada en sus méritos. La exigencia de LUMA de tener acceso irrestricto a las cuentas bancarias de la AEE no se sustenta en el T&D OMA ni en la ley. Se trata, más bien, de un intento de obtener una orden judicial obligatoria sin cumplir con los requisitos de la Regla 7001(g) del Procedimiento de Quiebras Federal”, argumentó la Aafaf.

El gobierno reiteró que buscará demostrar que las controversias que pueda haber entre LUMA, la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) y la AEE deben atender en los foros judiciales estatales.

El pasado 23 de octubre, LUMA acudió a la jueza Swain para indicarle que necesitaba, con urgencia, que la AEE transfiriera unos $200 millones para pagar a decenas de suplidores por trabajos realizados a la red eléctrica. Según la Moción Urgente de Gasto Administrativo de LUMA, los trabajos que no se han pagado a la fecha van desde desganche y manejo de vegetación, compra de piezas para equipos y vehículos hasta labores de limpieza en oficinas administrativas.

Entre otras cosas, el OMA establece el pago mensual que LUMA recibe por operar la red eléctrica, pero el acuerdo establece que ciertos gastos serán pagados por la AEE y que el consorcio estadounidense canadiense actuaría como intermediario para coordinar la prestación del servicio.

Inicialmente, la moción de LUMA se analizaría en la audiencia general de los Casos de Título III de diciembre.

Pero ayer, Swain acogió un pedido de LUMA para aplazar la discusión de la moción y determinó que el asunto se atenderá el 4 de febrero de 2026.

Las intenciones de la Aafaf están documentadas en una moción aclaratoria que radicó el gobierno para indicar que, si bien respetaban la orden de aplazamiento, están listos para argumentar en contra de los pagos que reclama LUMA.

Mientras, el Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE), cuyos participantes están cobrando sus pensiones a cuenta gotas, también se opuso a que se conceda el reclamo urgente a LUMA.

“La moción de LUMA no aborda el efecto que las transferencias solicitadas, o el tratamiento propuesto de gasto administrativo para categorías adicionales de obligaciones, puedan tener sobre la capacidad de la AEE de cumplir con sus obligaciones legales y contractuales hacia el SREAEE”, reza el escrito presentado por el abogado Rolando Emmanuelli en nombre de plan de pensiones.

“Por lo tanto, (el) SREAEE comparece en este procedimiento para asegurar que cualquier remedio otorgado no menoscabe sus derechos ni disminuya la capacidad de la AEE de cumplir con sus obligaciones de financiamiento de pensiones”, subraya el escrito en el que se asegura que el recurso presentado por LUMA tiene múltiples deficiencias en materia de derecho.