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Advierten que recomendación de la Junta Fiscal para recortar el Crédito por Trabajo impactará poblaciones más vulnerables

Hasta 200,000 personas podrían dejar de recibir el beneficio, según un análisis de Espacios Abiertos

28 de mayo de 2025 - 12:00 PM

Wilmarie de Jesús, analista de Política Pública de Espacios Abiertos y Daniel Santamaría Ots, co-Director de Espacios Abiertos (Suministrada)

De implementarse las recomendaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para ajustar el Crédito por Trabajo (EITC, en inglés) se afectarían adversamente las poblaciones más vulnerables, según un análisis realizado por Espacios Abiertos (EA).

Dependiendo de cómo se implemente el recorte, según EA, el Departamento de Hacienda podría, o recortar $300 del beneficio promedio que recibe cada familia, o dejar fuera del crédito a entre 40,000 y 200,000 contribuyentes.

Daniel Santamaría Ots, codirector ejecutivo de EA, explicó que la manera en que se afectarían los contribuyentes dependerá de cómo el gobierno, y específicamente Hacienda, que es la agencia que implementa el EITC, decida implementar las reducciones sugeridas por la JSF.

Explicó que el crédito promedio actual es de unos $1,900. Un recorte como el que sugiere la JSF, significaría llevar el crédito a un promedio de $1,600, una reducción de $300 o aproximadamente un 16%.

La otra posible vía sería reducir las personas que reciben el EITC, lo que dejaría a unos 40,000 trabajadores fuera del beneficio, o hasta 200,000, si el gobierno opta por excluir a pensionados y jóvenes que actualmente cualifican para el crédito. Santamaría Ots aclaró que, por vía legislativa, aunque el EITC busca incentivar a las personas a permanecer en la fuerza trabajadora, los pensionados fueron incluidos para recibir el beneficio que se financia con fondos federales y estatales.

En su plan fiscal certificado más reciente, la JSF recomendó al gobierno ajustar los criterios de elegibilidad para reducir el costo que tiene este programa, estimado en $1,303 millones para el año contributivo 2023.

Efecto económico

Pero según un análisis de EA, presentado en conferencia de prensa este miércoles, el ajuste que impulsa la JSF tendría el efecto de reducir la participación laboral y desincentivar el trabajo en la economía formal.

“Si a un ambiente de desaceleración en la entrada de fondos federales se le añade austeridad de fondos locales en programas como el EITC, no solamente volveremos a ver decrecer nuestra tasa de participación laboral, sino que además, la clase empresarial local se podría ver obligada a absorber gran parte del recorte en EITC si quiere mantener el actual incentivo a trabajar en la economía formal y si quiere continuar evitando que parte de su fuerza laboral regrese a la informalidad”, dijo Santamaría Ots.

El EITC es un crédito que se obtiene con la radicación de la planilla de contribución sobre ingresos y beneficia, principalmente, a familias de ingresos bajos y moderados. EA ha presentado estudios que explican cómo el crédito ayuda a reducir la pobreza.

De acuerdo con la entidad, el programa de EITC significó desembolsos de $1,303 millones, con un crédito promedio de unos $1,873 a 695,689 familias en 2023.

“El crédito hizo además que más de 64,000 familias puertorriqueñas mejoraran su seguridad económica al cruzar el umbral de pobreza federal gracias al estímulo al trabajo”, indicó la organización.

La entidad estimó que las recomendaciones de la JSF de ajustar los requisitos para otorgar el EITC afectaría a, por lo menos, 86,735 hogares de pensionados que recibieron un promedio de $1,208. Además, se afectarían alrededor de 127,399 jóvenes entre los 19 y 26 años que cobraron un promedio de $1,503 y otros 494,458 hogares de familias sin dependientes que recibieron un cheque promedio de $1,145.

La JSF, explicó EA, sugirió recortar hasta $400 millones del programa de EITC para reducirlo hasta $900 millones. Pero las proyecciones gubernamentales contemplaban aumentar el programa en años venideros, lo que entonces implicaría una reducción mayor de cara al próximo presupuesto. Esto, mientras la actual Ley 60 de 2019, que otorga incentivos contributivos a empresas e individuos, costará unos $683 millones para 2026.

Según EA, los municipios de San Juan, Bayamón y Ponce –entre los más poblados– sería los más afectados con la propuesta del organismo que controla las finanzas públicas de Puerto Rico.

Santamaría Ots reconoció que la JSF exige beneficios contributivos “transparentes”, es decir, que si el gobierno aprueba algún beneficio, apruebe también la fuente de dónde saldrán los fondos para no afectar el presupuesto. Sobre esto, EA hizo un llamado a la Asamblea Legislativa a considerar el impacto de la propuesta.

“Le estamos dando la información a la Asamblea Legislativa y (para) que trabajen con tiempo, con los datos que estamos dando. No podemos esperar que no haya ninguna contrapropuesta ante ese posible recorte”, dijo Santamaría Ots.



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