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El gobernador Ricardo Rosselló Nevares saluda al nuevo presidente de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico, Stephen Spears.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares saluda al nuevo presidente de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico, Stephen Spears. (Ramón “Tonito” Zayas)

La nueva junta de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico (AGC-PR) juramentó ayer y arrancó su gestión con la noticia de que ya el gobernador Ricardo Rosselló convirtió en ley una preferencia contractual para contratistas y proveedores locales de la industria de la construcción.

“Vamos a tener los mecanismos para que el contratista de aquí tenga trato preferencial. No es un capricho, es una necesidad. Tenemos las mejores herramientas y trabajadores. Vamos a ponerlos a trabajar. Es beneficio para nuestro desarrollo económico”, afirmó Rosselló sobre la firma del proyecto de la autoría del senador Miguel Romero e impulsado por la AGC.

A horas de haber presentado el nuevo plan fiscal ante la Junta de Supervisión Fiscal, Rosselló fungió como orador en la toma de posesión de la nueva junta, celebrada ayer en el hotel La Concha, en Condado.

“Este plan fiscal tiene un componente aspiracional. Se diseña cuál es el Puerto Rico que queremos”, reconoció el gobernador, incluyendo la educación, viviendas, carreteras y energía en la lista de reformas que encaminará en el 2018.

Adelantó que en este año se concretará lo que ha anunciado desde el inicio de su cuatrienio: un código de incentivos que retenga ayudas a sectores o actividades que rinden frutos y que elimine los que no producen resultados medibles.

“Vamos a trabajar con una reforma digital del gobierno. Mucha de la dilatación y los procesos se basan en un gobierno demasiado amplio, demasiado desconectado y deficiente”, agregó por el lado de la informática y rendición de cuentas.

En cuanto a la reforma contributiva, confirmó que su plan es reducir 50% en el primer año el impuesto a transacciones entre negocios (B2B) y eliminarlo al próximo año.

“Es una medida necesaria para restar obstáculos a hacer negocio”, indicó Rosselló.

Anticipó que el IVU a los alimentos procesados “lo vamos a reducir al 7% para potenciar el sector”, y formulará un equivalente local al crédito por trabajo (“Earned Income Tax Credit”) para incentivar el aumento de la tasa de participación laboral, que actualmente ronda el 39%.

Con miras a paliar el impacto de la reforma tributaria federal, que estimó en $1,700 millones en siete años para el renglón de las grandes empresas solamente, Rosselló anunció que su plan es bajar la tasa máxima corporativa de 39% a 29%.

Los asistentes recibieron la medida con un fuerte aplauso de pie.

Por su parte, el nuevo presidente de AGC-PR, Stephen Spears, celebró la movida de Rosselló a favor de vender los activos y privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Indicó que esta serie de transacciones, aún pendientes de legislación, modernizarán el sistema eléctrico y redundarán en “una mejor calidad de vida para todos”.

Spears hizo hincapié en que contratistas, empresas y suplidores locales deben tener participación importante tanto en la construcción como en el mantenimiento de las instalaciones.

Esta insistencia responde a que, en el plan de su presidencia, “lo número uno es la defensa a la contratación local, sea federal o estatal”, según afirmó Spears en entrevista con Negocios.

“Somos contratistas del patio, tenemos la capacidad y las destrezas”, recalcó el veterano contratista, nacido en Indiana, pero que ha hecho de Puerto Rico su casa y lugar de negocio por más de 40 años.

Para subrayar que esta industria aún genera el efecto multiplicador en la economía, particularmente en la creación de empleos, indicó que en los cuatro meses tras el paso de los huracanes Irma y María, “la construcción ha duplicado su fuerza trabajadora de 22,000 a unos 40,000 a 45,000 personas”. Y esto ha sido solo por labores de reparación y mitigación.

“Es lógico prever que la construcción creará unos 60,000 empleos en los próximos años”, afirmó. Pero, para ello, insistió en que se requiere mayor contratación directa de empresas, suplidores y profesionales de Puerto Rico.