Apenas dos días después de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pusiera fin a las negociaciones con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sin conseguir un acuerdo con estos, el grupo organizado de bonistas (Ad Hoc-AEE) y las aseguradoras que respaldan parte de la deuda de la corporación pública solicitó a la jueza Laura Taylor Swain desestimar el proceso de Título III.

Los principales bonistas de la AEE radicaron su reclamo cerca del mediodía mientras Puerto Rico continúa bajo un estado de emergencia por el paso del huracán Fiona, ciclón que dejó sin servicio a la mayor parte de los cerca de 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses en el territorio caribeño.

“La triste verdad es que la AEE está hoy más lejos de confirmar un Plan de Ajuste (PDA) de lo que estuvo en julio de 2017, cuando la JSF comenzó este caso”, reza la moción del Ad Hoc-AEE y las aseguradoras municipales Assured Guaranty Corp., su filial Assured Guaranty Municipal, National Public Finance Guarantee y Syncora Guarantee Inc.

Los demandantes poseen aproximadamente el 65% de los $8,300 millones en bonos vigentes de la AEE.

Señalando que se les acabó la paciencia, el Ad Hoc-AEE, National, Assured y Syncora indicaron a la jueza que “ha llegado el momento” para ejercer sus derechos contractuales, incluyendo nombrar un síndico que establezca una tarifa eléctrica “asequible y sostenible”, de manera tal, que la corporación pública pague su deuda pública y mejore sus servicios.

Para ello, Swain tendría que desestimar el proceso de Título III o levantar la suspensión automática de litigios que ha protegido a la AEE por cinco años para que se decida en el tribunal si debe nombrarse un síndico para la corporación pública.

En un escrito de 44 páginas, los principales acreedores de la AEE ofrecieron una narrativa de la saga que alegan haber vivido durante los pasados ocho años, debido a “la incapacidad” de la corporación pública de cumplir con los acuerdos que ha pactado.

Pero a su vez, los demandantes alegaron que en lugar de consumar el acuerdo pactado en el 2019, el tercero de su tipo en ocho años, la JSF tomó ventaja de la ayuda federal provista a Puerto Rico por causa del huracán María y la pandemia del Covid-19, mientras el gobierno ha preferido, por razones políticas, retractarse de los acuerdos pactados.

“Simplemente no hay excusa para el fracaso de la (JSF) en promover un acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) durante el proceso de mediación y tampoco para su fijación con una propuesta para litigar (que va a perder) en lugar del plan que necesita Puerto Rico”, agrega el documento.

“Ahora, la maniobra política de los partidos de gobierno incluso amenaza con detener el progreso que la AEE ha alcanzado en los últimos años”, agregaron los demandantes haciendo referencia a la contratación “apolítica” de LUMA Energy como operador de la red eléctrica.

“La negativa de la (JSF) de continuar adelante con su acuerdo con los bonistas y la consecuente fracasada salida de la AEE del Título III podría resulta en un evento de terminación de $115 millones bajo el contrato de LUMA el 30 de noviembre de 2022, dándole a los políticos la alternativa de no renovar el contrato de LUMA”, indicaron los demandantes al señalar que ese sentido, la transformación de la AEE quedaría en ascuas en ausencia de un síndico.

“A la fecha, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) solo ha desembolsado $40 millones de los $12,200 millones disponibles para financiar proyectos para mejorar la red”, reza la moción suscrita por los abogados Amy Caton, Howard R. Hawkins, Jr. y Robert Berezin, así como Manuel Fernández-Bared, Linette Figueroa-Torres, Nayda Perez-Román, Heriberto Burgos Pérez y Eric Pérez-Ochoa.

Caton, de Kramer, Levin, Naftalis & Frankel LLP, Fernández-Bared, Figueroa-Torres y Pérez-Román, del estudio legal Toro Colón Mullet PSC, representan al Ad Hoc-AEE.

Hawkins, de Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, y Burgos Pérez hacen lo propio por Assured.

En tanto, Berezin, del bufete Weil, Gosthal & Manges LLP, y Pérez Ochoa, del despacho legal Adsuar, Muñiz, Goyco Seda & Pérez-Ochoa PSC, representan a National.

¿A qué responde la movida?

El reclamo de los principales acreedores de la AEE fue la respuesta de estos a la decisión de la JSF de abandonar, sin un acuerdo definitivo, las negociaciones para reorganizar las finanzas de la corporación pública bajo la ley Promesa.

Mientras Puerto Rico aguardaba por la llegada de la tormenta tropical y luego huracán Fiona, la JSF informó su decisión en la madrugada del sábado, una vez terminó el plazo que la jueza Swain había dado para llegar a un acuerdo.

La decisión no es sorpresiva. En mayo pasado, cuando Swain concedió más tiempo a la JSF para conseguir un acuerdo con los acreedores, los demandantes advirtieron que si no se alcanzaba un pacto definitivo pedirían al tribunal que desestime el proceso, es decir, que quite a la AEE las protecciones que la corporación pública ha tenido a través del Título III. Eso significa que se reanuden los litigios pendientes y que se elimine la prioridad de pago que tienen los suplidores y contratistas que prestan servicios a la corporación pública en la actualidad a pesar del proceso de quiebra.

Ahora, Swain tiene ante su consideración, la moción del Ad Hoc-AEE, National, Assured y Syncora para poner fin al proceso de Título III o levantar la suspensión automática y la moción de la JSF para que el tribunal establezca un calendario de descubrimiento de prueba y juicio en su fondo para dilucidar las controversias de derecho que impidieron a la JSF y los acreedores consumar un acuerdo. Entre estas, el derecho de los bonistas sobre ciertos activos de la AEE y la prioridad de pago que poseen en relación a otras obligaciones de la utilidad pública como las pensiones.

La jueza Swain ha anticipado que discutirá la moción de la JSF esta semana, si en efecto, se celebra la audiencia general del mes de septiembre.

En una orden emitida este domingo, Swain indicó que la celebración de la audiencia dependería del impacto que el huracán Fiona tenga en la isla y si ello permitiría continuar con el proceso judicial.