El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) reiteró este martes a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la importancia de acceder a sus fondos para ejecutar el proyecto piloto que permitirá identificar los dueños de más de 56,000 propiedades en Puerto Rico y actualizar el catastro digital.

Además, en la carta con fecha del 31 de marzo, el presidente de la junta de gobierno del CRIM, Jesús Colón Berlingeri, y el director ejecutivo, Javier García Cintrón, urgieron a la JSF a enfocarse en su rol de supervisión, sin pretender “reemplazar ni anular los poderes delegados a la junta de gobierno del CRIM”.

La misiva del CRIM responde a que, el pasado 24 de marzo, la JSF envió una comunicación a la agencia tributaria municipal en la que cuestiona su capacidad para ejecutar el plan piloto, que busca identificar la titularidad de unas 56,324 propiedades.

Para lograr tal objetivo, el pasado 4 de febrero, el CRIM pidió autorización a la JSF para usar $6,863,411 de su fondo no asignado. Parte de esa suma se usaría para contratar 214 empleados provisionales durante un periodo de dos años.

Sin embargo, en su respuesta del pasado 24 de marzo, la JSF también pidió documentos que el CRIM alega ya entregó.

Ante la situación, el liderato del CRIM planteó en su misiva que “sería de gran beneficio que la JSF entienda los objetivos de este proyecto y ofrezca sugerencias prácticas que ayuden a tener una implantación exitosa, en vez de crear obstáculos adicionales para lograr una colaboración efectiva”.

Como ejemplo de los documentos ya sometidos, el CRIM mencionó los informes financieros auditados, que el personal de la JSF examina regularmente.

Otra petición fue la lista de municipios interesados en participar del plan piloto. El CRIM indicó que esa lista la sometió a la JSF el 17 de marzo.

Sobre el plan de cumplimiento e impacto económico, el CRIM aclaró que se discutió en la reunión trimestral 2025-2026 con la JSF y que también clarificó cómo remunerará a los empleados municipales que formen parte del proyecto.

De igual forma, el CRIM aseguró que ofreció garantías para medir el desempeño e impacto económico del proyecto, pues la Plataforma CRIM 360 provee herramientas para administrar y supervisar su ejecución en tiempo real, además de que habrá personal de la Oficina Central del CRIM en monitoreo activo.

Además, en el documento, el CRIM reafirmó su compromiso en colaborar con la JSF, pero para el cumplimiento de su rol designado de supervisión fiscal.

“Algunas de las observaciones planteadas en la comunicación de la JSF trascienden la supervisión fiscal y, en la práctica, invaden funciones administrativas y de política pública que la ley asigna de manera exclusiva a la junta de gobierno del CRIM. El Código Municipal establece claramente la autoridad de la junta de gobierno para dirigir las operaciones, definir iniciativas y ejecutar los programas del CRIM”, abundaron los líderes del CRIM en la carta.

En esa línea, reiteraron la voluntad de la entidad pública para proveer la información “relevante y razonable para apoyar la evaluación de esta petición sometida. No obstante, el éxito de este esfuerzo depende de la relación de respeto institucional y claridad de los roles de cada institución”.