El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) elevó al Tribunal Supremo de Puerto Rico el caso contra LUMA Energy para que se le elimine la exención de la que goza para no responder por equipos dañados de los consumidores por fallas en el sistema eléctrico.

La secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo, solicitó al Tribunal Supremo la certificación intrajurisdiccional y una sentencia declaratoria para que se anule la inmunidad que le otorgó el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) a LUMA.

“No albergamos duda de que este caso cumple cabalmente con los requisitos necesarios para certificar el presente asunto ante este honorable foro. Es vital que este honorable foro se exprese de manera categórica sobre lo que entendemos constituye una apropiación indebida de los poderes legislativos, en abierta violación al principio constitucional de separación de poderes consagrado” en la Constitución de Puerto Rico, lee el recurso sometido por la agencia.

El nuevo recurso busca que se expida un auto de certificación para asumir jurisdicción inmediata sobre el caso que está ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el cual fue presentado el pasado 22 de julio.

El DACO ha pedido al tribunal de primera instancia que declare nula la sección 401(g) del acuerdo de operación con LUMA, así como la resolución del 31 de mayo de 2021 para no responder a los consumidores por los daños causados.

De acuerdo con la secretaria, ninguna otra entidad privada en Estados Unidos goza de la inmunidad que se otorgó a LUMA para que no esté obligado en responder por los daños causados por las variaciones de energía eléctrica.

En una reciente vista pública se informó que LUMA ha recibido aproximadamente 1,828 querellas de parte de los consumidores por daños en sus hogares, alegadamente causados por los apagones y fluctuaciones de voltaje.

“Lo que aquí se plantea no es una mera disputa contractual, sino el resultado de un sistema eléctrico en donde los abonados, día tras día, enfrentan interrupciones constantes, daños a sus bienes, pérdidas económicas, y una calidad de servicio inaceptable. Todo esto ocurre bajo la protección de una cláusula de inmunidad que impide cualquier rendición de cuentas, como si el operador privado del sistema eléctrico estuviera por encima de la ley”, lee el documento.