En la foto, el economista Joaquín Villamil, la principal oficial ejecutiva de Microjuris, Ataveyra Medina Hernández, la abogada Daisy Calcaño López y el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo M. Román Espada, durante la convención anual de la organización. (Suministrada)

Las seis semanas de encierro que buscaron frenar la pandemia del coronavirus dieron un golpe funesto a la abogacía en la isla, no solo en el plano económico sino en la viabilidad de esa profesión que es fuente de empleo directo e indirecto para sobre 24,000 personas en Puerto Rico.

Eso quedó estipulado ayer miércoles durante el foro “Tendencias en la industria legal en Puerto Rico: Marco macroeconómico y retos actuales”, un diálogo, coordinado por la firma de inteligencia legal Microjuris.

El foro se llevó a cabo en el contexto de la convención del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) y en este, los panelistas coincidieron en que la profesión se encuentra en una encrucijada que incluso, podría poner en aprietos el ofrecimiento de servicios legales a indigentes. Esto, a medida que más abogados se acogen al retiro, prevalece una brecha digital en buena parte de quienes practican la profesión o los ingresos que generan sus oficinas ya no son suficientes para pagar el salario de secretarias, paralegales, mensajeros, emplazadores y otros servicios relacionados.

“No hay duda que la clase togada ha sido una de las más afectadas como empresarios pequeños que somos”, indicó Daisy Calcaño López, haciendo referencia a los estragos que ha causado la pandemia del coronavirus en la profesión.

Según la abogada litigante, quien aspira a la presidencia del CAAPR, el período de encierro que transcurrió entre mediados de marzo y mayo pasados sacó a la luz muchos de los escollos que ha encarado la profesión. Entre ellos, la falta de conocimiento o aplicación de herramientas tecnológicas hasta el requisito de prestar servicios pro bono cuando los togados han visto un menoscabo considerable de sus ingresos.

De acuerdo con Calcaño López, muchos abogados no pudieron recibir o solicitar los paliativos que se ofrecieron como el Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA, en inglés) y tampoco las ayudas que otorgó el gobierno local, a pesar de que la profesión no se consideró un servicio esencial.

Transcurridos seis meses desde la emergencia por el coronavirus, agregó la abogada, la norma ha sido el cierre de oficinas, el traslado de abogados fuera de Puerto Rico, el despido del personal, el retiro de abogados que no están dispuestos a nuevos procesos como vistas judiciales por la vía virtual y otros que interesan entregar sus respectivas notarías para dedicarse a otras profesiones.

“Vemos la temeridad de los clientes en venir a la oficina. Se mantienen en remoto y hasta desistir de los casos en el tribunal y repensar la controversia y atenderla fuera de los tribunales. La pandemia nos ha transformado la vida”, continuó diciendo Calcaño López.

De igual forma, a pesar de que las nuevas órdenes ejecutivas en torno al coronavirus han permitido reanudar los servicios legales, a la fecha, ciertos servicios como los relacionados a ejecuciones hipotecarias continúan suspendidos.

Se desploma la profesión

“Hay un replanteamiento de la abogacía”, indicó por su parte, el economista Joaquín Villamil, al explicar que en Puerto Rico, el ejercicio del derecho “es una práctica de empresas pequeñas”.

Con cierta frecuencia, Estudios Técnicos realiza una radiografía acerca de la abogacía en Puerto Rico, un ejercicio a cargo de la también abogada, Anitza Cox, y el estadístico Carlos Torija.

De acuerdo con Villamil, hasta el 2018, en Puerto Rico, había 1,204 oficinas de servicios legales. La cifra supone un desplome de 34.6% en relación al pico de estos establecimientos para el 2007.

Estudios Técnicos conduce este una nueva encuesta para tener una radiografía actualizada a raíz de la pandemia.

Entre los años 2008 al 2018, según Villamil, el número empleados asalariados en la profesión legal también había ido a la baja hasta ubicarse en unos 4,291. Para el 2008, este indicador rondaba unos 8,557 puestos de trabajo.

“Puerto Rico es un país sobredimensionado que tendrá que redimensionarse con una economía más pequeña y un contexto externo menos amigable”, sostuvo Villamil. “Eso requerirá cambios dramáticos en cómo manejamos el país”.

De acuerdo con los datos más recientes compilados por Estudios Técnicos, en Puerto Rico hay unos 13,994 abogados con licencia. De estos, el 8% ejerce fuera de Puerto Rico, por lo que unos 12,828 abogados que residen en la isla ejercerían la profesión en el gobierno, el sector privado o sin fines de lucro.

En el agregado, los servicios que ofrecen estos profesionales se traducen en unos 24,000 empleos directos e indirectos.

Uno de cada tres abogados no solicitó ayudas por el coronavirus

“Es una profesión (la abogacía) que tenemos que mirarla y remirarla con los eventos actuales”, sostuvo por su parte la principal oficial ejecutiva de Microjuris, Ataveyra Medina Hernández.

En mayo pasado, en un intento por entender el efecto de la pandemia en la práctica legal, Microjuris encuestó unos 481 abogados.

En las seis semanas que siguieron al encierro de marzo pasado, un 35% de los abogados encuestados reportó pérdidas de ingresos de entre $10,000 a $25,000 y hacia mediados de mayo pasado, un 32% no había podido solicitar las ayudas económicas para compensar los efectos económicos de la pandemia, explicó Medina Hernández.

Según Medina Hernández, el 20% de los notarios encuestados no pudieron ejercer su práctica, lo que deja a la luz, el rol que la tecnología podría jugar a futuro en esa actividad.

Ante la reducción de procesos en los tribunales, la actividad hipotecaria y de notaría, una tercera parte de los encuestados, optó por dedicarse a la asesoría, un reglón que parece despuntar como alternativa, explicó la abogada.

La coyuntura, opinó Medina Hernández, obliga a que la rama Judicial considere la realidad que viven los profesionales con las políticas y exigencias a la profesión, en especial, los requisitos para fungir como abogados de oficio.

En un hilo, el servicio pro-bono

En ello coincidió el presidente del CAAPR, Edgardo Román, al indicar que las secuelas del coronavirus tanto económicas como procesales “trascienden la vida de los abogados” para tener un efecto dominó en el resto de la población.

Según Román, el coronavirus coincide con un nuevo Código Civil, con cambios a las reglas de procedimiento criminal y menos casos que atender, una combinación que sumada a la crisis económica que vive Puerto Rico y el cambio poblacional solo ha servido para “empobrecer” a los abogados.

De acuerdo con Román, habida cuenta que muchos abogados han perdido sus ingresos y regresan a practicar otras profesiones como la ingeniería y la contabilidad, ello hará más difícil que haya abogados de oficio disponibles.

“Se achicará el listado de representación legal de oficio”, advirtió Román al indicar que entre los años 2000 al 2016, el volumen de casos nuevos se ha reducido en 32%.

El estado de derecho requiere que los abogados cumplan con un número de horas de servicio -sobre todo, casos criminales- a personas que no pueden pagar por servicios legales, lo que se conoce como pro-bono. Como parte de ese proceso, el abogado debe asistir a su cliente y representarle en juicios que pueden durar semanas aunque estos no reciban compensación alguna.

“La rama Judicial va a tener que hacer un ajuste… hay que traerlo a la mesa con honestidad”, dijo Román al señalar que si bien los abogados quieren cumplir con su deber ético el nuevo entorno en que se encuentra la profesión requiere de otros mecanismos que trascienden la reinvención de la profesión.