Las reclamaciones de acreedores cuyas propiedades fueron expropiadas por el gobierno no serán rechazadas y tampoco consideradas como reclamaciones no aseguradas sujetas a recortes en el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central porque ello sería contrario a la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ha concluido el Primer Circuito de Apelaciones.