La Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) arremetió este martes contra LUMA Energy al señalar que el recurso de sentencia declaratoria incoado por el operador de la red eléctrica en la noche del lunes “carece de todo fundamento”.

De entrada, la AAPP indicó que la disputa incoada por LUMA debe atenderse en los tribunales de Puerto Rico y no en el proceso de Título III de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y alegó que la acción del consorcio estadounidense canadiense solo busca “dilatar y entorpecer los procesos establecidos en el contrato” para resolver controversias entre las partes.

Las expresiones de la AAPP se produjeron luego de que anoche, LUMA -alegando que el gobierno de Jenniffer González Colón solo pretende regresar al modelo de gestión que llevó a la AEE a la ruina- solicitara a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, que se respete el proceso de resolución de disputas en el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (OMA, en inglés) que LUMA, la AEE y la AAPP firmaron hace cinco años.

Mientras, tras radicar el proceso adversativo contra la AEE y la AAPP, LUMA solicitó al tribunal que emita un interdicto o el remedio que entienda apropiado que impida al gobierno de González Colón ocasionar un daño irreparable, incluyendo finiquitar el contrato de APP.

A juicio de LUMA, el tribunal federal de Título III es el foro de jurisdicción porque su contrato de AAP es un gasto administrativo dentro del proceso de quiebra de la empresa estatal eléctrica.

“El gobierno no permitirá que se utilicen tácticas dilatorias para entorpecer los procesos contractuales, ni que se trasladen al pueblo los costos de litigios infundados”, reza la declaración de la AAPP, dirigida por Josué Colón.

“El gobierno se defenderá enérgicamente ante el Tribunal y demostrará que cada una de las siete peticiones formuladas por LUMA es improcedente”, agrega la declaración.

LUMA y la AAPP están enfrascados en una controversia procesal que se concretó en julio pasado, cuando Colón –también zar de Energía y su equipo- informaron a LUMA que el operador incumplía con diversas responsabilidades desde tramitar reembolsos federales por obras realizadas hasta cobrar los cargos apropiados a las empresas de telecomunicaciones por utilizar el sistema de postes de la red eléctrica.

Para la AAPP, los señalamientos contra LUMA son “disputas técnicas”, lo que implicaría que un experto independiente “a puerta cerrada” analizaría el asunto y tomaría una determinación.

Para LUMA, en cambio, la AAPP caracteriza los señalamientos en su contra de manera incorrecta, es decir cataloga como “disputa técnica” lo que se considera una “disputa general”, con el fin de tratar las discrepancias entre las partes fuera del escrutinio público. Según LUMA, a la luz del OMA, las disputas generales deben atenderse en un proceso de mediación o en corte abierta.

Por vía de su asesor legal, Angel Rotgers, LUMA aseguró que desde julio pasado se hizo disponible para participar del proceso de mediación provisto en la sección 15 del OMA.

“Cada una de las aseveraciones de Colón, antes como director ejecutivo de la AEE y ahora como director ejecutivo de la AAPP ha sido contestada”, dijo Rotgers cuando El Nuevo Día preguntó si ha incumplido con sus deberes como operador de la red eléctrica, como alega la agencia fiscalizadora del contrato.

Rotgers insistió en que LUMA no tiene reparos en negociar para aclarar las discrepancias con la AAPP.

Acto seguido, el abogado sostuvo que los argumentos de la AAPP, ahora ante la consideración de Swain, no constituyen causales para la cancelación del contrato como se ha proyectado en la discusión pública.

“LUMA no ha recibido ninguna carta de terminación de contrato ni de incumplimiento, que es lo que procede para que yo pueda curar (alguna deficencia), que provea para que la parte en incumplimiento pueda subsanar y se provee un término para que la parte contratante lo haga”, dijo Rotgers.

Pero según la AAPP, LUMA rechaza especificar cuáles de las disputas identificadas por la AAPP son “técnicas”.

Ante la supuesta negativa del operador de la red eléctrica -lo que reportó antes El Nuevo Día- la AAPP “dio por terminada la negociación, pasando a las próximas etapas dispuestas en el contrato.

Según Rotgers, mientras LUMA ha procurado cumplir con sus responsabilidades y ha entablado canales de comunicación con diversos entes como la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la AEE no ha aportado alrededor de $800 millones que, según el OMA, serían necesarios para que LUMA pueda realizar su trabajo.

A esos efectos, LUMA pidió al tribunal que emita un interdicto a fin de que la AAPP no pueda tomar otras acciones en su contra hasta que se resuelva la controversia relacionada a las disputas.

El operador alega que si la AAPP sigue adelante con su intención de nombrar un experto independiente para atender las disputas al clasificarlas como técnicas, este podría tomar una decisión adversa al operador eléctrico sin que pueda apelarse.

“LUMA debería tener la oportunidad de combatir en los tribunales las acusaciones difamatorias de los demandados, en un foro público, con el debido proceso. La estrategia de los demandados de intentar negarle a LUMA su oportunidad en los tribunales es precisamente el tipo de daño que se califica como irreparable”, reza el recurso.