La determinación del gobierno y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de solicitar un proceso de ajuste de deudas bajo el Título III de la Ley PROMESA para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) abre la posibilidad a que se alcancen alivios mayores a los contemplados inicialmente en el acuerdo entre la corporación pública y los bonistas.