La decisión de Fitch afecta unos $32,500 millones de los $68,000 millones que el territorio estadounidense adeuda a sus acreedores. (Archivo)
Fitch Ratings retiró su clasificación para la deuda del gobierno central, aunque mantiene aquellas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica. (Archivo)

Fitch Ratings, la única casa evaluadora que todavía evaluaba el perfil crediticio del gobierno de Puerto Rico, retiró su clasificación e informó que ya no prestará tales servicios cuando se trate de ese emisor de deuda.

Fitch informó su determinación este jueves, cuando en el lado opuesto, afirmó su clasificación al programa de notas emitidas por la familia de fondos mutuos cerrados que gestiona UBS Asset Managers of Puerto Rico y que ostentan las clasificaciones A y AA, así como a la familia de fondos mutuos cerrados comanejados por UBS y Popular Asset Management.

La decisión de Fitch supone que el gobierno puertorriqueño ha sido excluido de los servicios de análisis que ofrecen las cuatro casas evaluadoras de crédito más utilizadas en Estados Unidos y Europa, entiéndase Fitch, Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service y KBRA.

De inmediato, el secretario de estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y secretario de Estado, Omar J. Marrero, explicó que “la acción de la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings de retirar su clasificación crediticia hacia los bonos de Obligaciones Generales (GOs, en inglés), Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) es asunto de naturaleza técnica”.

Marrero explicó que luego de la reestructuración de la deuda, “esos bonos dejaron de existir, lo que lleva a que la agencia retire su rating”.

“Eso no constituye impedimento alguno para que en un futuro la agencia crediticia Fitch, emita un rating para los bonos de GOs que fueron emitidos el pasado 15 de marzo de 2022″, expresó Marrero.

De acuerdo con el informe de Fitch, la firma retiró su clasificación para el gobierno de Puerto Rico, ubicada en el escalafón D, por tratarse de un emisor que se acogió a la bancarrota e incumplió con el pago de los bonos de Obligación General. La deuda por concepto de bonos que contaba con una promesa de pago provista en la Constitución fue intercambiada por una combinación de efectivo, nuevos bonos y pagos contingentes luego de que la jueza Laura Taylor Swain confirmó el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central. En julio del año pasado, Moody’s retiró su clasificación crediticia alegando razones de negocio.

Con su determinación, Fitch también retiró sus clasificaciones para los bonos de la AEP y la ASR, pues estos también fueron reestructurados en el PDA del gobierno central.

Fitch todavía mantiene sus clasificaciones, aunque también adversas, para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La firma también pasa juicio acerca de las instituciones bancarias que operan en la isla, la energética AES y Liberty Cablevision of Puerto Rico, entre otras.

En la escala clasificatoria de Fitch, el escalafón D se aplica a una entidad en incumplimiento con sus acreedores y representa un riesgo de inversión muy alto o especulativo.

Para una entidad privada o gubernamental poseer una clasificación crediticia, preferiblemente favorable o de grado de inversión, suele ser un criterio de peso a la hora de que fondos institucionales, empresas o aseguradoras hagan negocios, inviertan o presten dinero.

El perfil crediticio de Puerto Rico entró en la categoría de alto riesgo o especulativa en el 2014, generalmente identificada en el escalafón “C” y sus variantes cuando las condiciones financieras del gobierno se encontraban en su peor momento y se encaraba un cuadro de iliquidez que forzó la emisión de unos $3,000 millones en bonos especulativos o chatarra. Tales notas tocaron fondo cuando se produjo el impago en el 2016 y se aprobó la ley federal Promesa.

En los planes de reestructuración ya aprobados, como aquel de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), se requiere al gobierno conseguir de las casas acreditadoras una clasificación, como una muestra de la capacidad para que la isla obtenga el acceso pleno a los mercados de capital. Empero, la ausencia de una clasificación no significa necesariamente un cuadro de impago que conceda facultad a los acreedores para tomar acción contra el gobierno puertorriqueño o sus entidades.

Al presente, casi tres años después de la implementación de la reestructuración de Cofina y aquella del BGF, el gobierno no ha conseguido que ninguna de estas entidades sea clasificada nuevamente por las agencias acreditadoras.

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