Tal como reportó El Nuevo Día en octubre pasado, la Fundación Familia Bravo ha lanzado formalmente un nuevo programa de apoyo al Tercer Sector al otorgar a un financiamiento a la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña.

Como parte de un acuerdo de colaboración, la Fundación otorgó $2.3 millones a la cooperativa para crear 10 Centros Comunitarios de Resiliencia Energética.

Blanca Santos, principal oficial ejecutivo y financiero (CEO y CFO) de la Fundación dijo que la nueva iniciativa busca “apoyar a otras organizaciones sin fines de lucro y a comunidades de Puerto Rico a través de entidades con una trayectoria probada de servicio e impacto en la comunidad, mediante un financiamiento en condiciones que hasta ahora no habían logrado obtener mediante otros mecanismos del mercado”.

Fundada en 2019, la CHM es la primera cooperativa eléctrica de Puerto Rico tras la aprobación de la Ley 258-2018. La organización busca generar y distribuir energía renovable y asequible a comunidades rurales en la zona central y montañosa de la isla.

El financiamiento representa cerca del 40% del costo del proyecto por lo que constituye una pieza clave para la nueva incursión de la cooperativa.

En total, la creación de las 10 microrredes comunitarias requiere una inversión total de $5.8 millones. La Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) de Puerto Rico es parte intrínseca de la iniciativa que también cuenta con $3.5 millones asignados por el Departamento de Energía de Estados Unidos, a través del programa de Subvenciones de Fórmula Estatal y Tribal para la Resiliencia de la Red.

En síntesis, la CHM instalará una decena de sistemas fotovoltáicos y baterías para garantizar la continuidad de los servicios esenciales durante apagones prolongados. En conjunto, los sistemas tendrán una capacidad agregada de 875 kilovatios de generación solar y 1.85 megavatios-hora de almacenamiento. Cada microrred estará compuesta por entre tres y cinco comercios cercanos geográficamente y que ofrecen servicios esenciales, como son clínicas médicas, farmacias, supermercados y panaderías.

“Este proyecto representa mucho más que infraestructura energética; es una herramienta de resiliencia para nuestras comunidades. Cuando ocurren apagones prolongados, son estos comercios y centros comunitarios los que sostienen la vida diaria de la gente”, sostuvo en declaraciones escritas, Shirley Montalvo, Coordinadora Comunitaria de la CHM.

“Contar con energía confiable marca una diferencia real en la seguridad, la salud y la estabilidad de nuestras comunidades”, agregó Montalvo.

Para Santos, el lanzamiento del programa de financiamiento al tercer sector es una “nueva forma de hacer filantropía: estratégica, emprendedora y enfocada en escalar soluciones que ya funcionan”.

Según Santos, el apoyo estratégico de la Fundación hará factible iniciativas de impacto social que son medibles y financieramente sostenibles, “pero que no siempre encajan en los modelos tradicionales de inversión”.

“El respaldo de Bravo Family Foundation permitió cerrar una brecha crítica y viabilizar un proyecto que fortalece el modelo cooperativo, demostrando que las comunidades organizadas pueden liderar soluciones energéticas sostenibles”, señaló, por su parte, José Massol, presidente de la junta directiva de la CHM.

De inmediato, no se precisó dónde se instalarán las microrredes, pero el objetivo de CHM es llegar a otros cuatro municipios. El proyecto forma parte del programa Resiliencia Energética Fotovoltaica Comunitaria (ReEnFoCo) y que ya ha probado su efectividad en comunidades como Castañer. Allí las microrredes instaladas permitieron mantener el servicio eléctrico antes, durante y después del huracán Fiona en 2022.

El lanzamiento del programa de financiamiento del Tercer Sector de la Fundación Bravo llega justo cuando cientos de organizaciones sin fines de lucro experimentan recortes presupuestarios, luego de que la administración del presidente Donald Trump instaurara una política de ahorros en el gasto público federal.

Estimados de entendidos en Puerto Rico apuntan a que los recortes al Tercer Sector en Puerto Rico podrían rebasar los $1,000 millones en los próximos años.