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23 de octubre de 2025
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Los principales bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ahora reorganizados en dos grandes grupos, clamaron este miércoles a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain que ponga freno a “la destrucción de valor” que experimentan como acreedores de la corporación pública.
Sin embargo, aunque ambos grupos coinciden en que la AEE ha gastado “miles de millones de dólares” sin justificación alguna e incluso, afirmaron que continúan dispuestos a prestar más dinero a la empresa eléctrica, estos discrepan en torno a cómo y cuándo continuar adelante con el litigio que busca definir los gastos indispensables de la AEE. Ese pleito, a su vez, debe ayudar al tribunal de Título III a establecer cuánto dinero podrán recuperar los bonistas en un eventual Plan de Ajuste para la empresa eléctrica (PDA-AEE).
Eric Brunstad, socio de Dechert LLP, reveló que sus clientes, entre ellos, Invesco Advisors, BNY Mellon y AllianceBernstein y quienes se han organizado bajo el nombre “Prepa Ad Hoc Group” (Ad Hoc-AEE), se han mantenido en conversaciones con el Equipo de Mediación de la AEE.
La expresión de Brunstad, vertida durante la audiencia general de los Casos de Título III del mes de octubre, confirmó que las negociaciones para conseguir un entendido en la AEE continuaron adelante, pese a la incertidumbre que se creó en agosto pasado cuando el presidente Donald Trump desarticuló la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El pasado 6 de octubre, Swain extendió los trabajos del Equipo de Mediación hasta abril de 2026. El dúo de mediadores, integrado por la exjueza Shelley C. Chapman y el juez de quiebras Brendann L. Shannon, se comprometió a presentar al tribunal un calendario de encuentros con las distintas partes del proceso de quiebra de la AEE este mes. También aseguró que el grupo continúa trabajando para reanudar las negociaciones tan pronto quede constituida la JSF.
Pero a su vez, Brunstad dijo a Swain que, en nombre de sus clientes, había entablado conversaciones con la JSF acerca del litigio en torno a los gastos operacionales de la AEE y que tanto el grupo Ad Hoc-AEE como el ente fiscal estaban de acuerdo en continuar adelante.
Según el abogado, antes de que la JSF quedara en desbandada, las partes habían avanzado “sustancialmente” en los temas de descubrimiento de prueba, pero también reconoció que es muy probable, que las partes no se pongan de acuerdo.
“La AEE continúa gastando el colateral de los bonistas sin las protecciones adecuadas (para nuestros cientes)”, dijo Brunstad.
Acto seguido, el abogado recordó a Swain que si el impasse continúa, el tribunal tiene ante su consideración dos recursos: la moción para dejar sin efecto la suspensión automática de litigios que protege a la AEE y ponderar el nombramiento de un síndico y la moción para desestimar el caso de quiebra de la corporación pública.
“Nos reservamos nuestros derechos”, dijo Brunstad mientras recordaba que luego de que el grupo encabezado por BlackRock Financial rompió su acuerdo con la JSF, el 92% de los bonistas de la AEE estaría en contra del ente fiscal.
“Somos guerreros incansables”, dijo por su parte Thomas Lauria, socio de White & Case y abogado de GoldenTree.
El fondo de cobertura de riesgo que encabeza el grupo más aguerrido que ha encarado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y que ha unido fuerzas con National Public Finance Guaranty y otros fondos de inversiones representadas por el despacho Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison dijo a Swain que estaban listos para “regresar al campo de batalla” si así se ordenaba, pero aseguró que la solución más “práctica” sería lograr un entendido en la mesa de negociación.
Lauria dijo a Swain que su cliente todavía estaba dispuesto a negociar.
“Hicimos una oferta que incluía miles de millones de dólares de nuevo capital para acabar con este caso… Esa oferta sigue en la mesa”, dijo Lauria.
El año pasado, cuando la JSF tenía el respaldo de casi la mitad de los bonistas de la AEE que tenían a BlackRock Financial como líder, los fondos liderados por GoldenTree ofrecieron poner fin a la quiebra de la AEE.
Ofertaron entonces, intercambiar los bonos vigentes por nuevos bonos a 50 años y prestar $2,500 millones de una nueva serie de bonos que emitiría la AEE. La AEE pagaría a los bonistas con un cargo especial que permanecería en la factura por cinco décadas.
La JSF rechazó la propuesta por entender que agravaba el endeudamiento de la AEE y encarecía el costo de la electricidad en Puerto Rico, entre otras razones.
Lauria reconoció que en esta etapa del caso, litigar sería costoso y de paso, el ejercicio podría ser fútil debido a la incertidumbre en torno al futuro de la JSF.
“La composición de la (JSF) puede cambiar en cualquier momento”, dijo el abogado.
Lauria agregó que la dilación del proceso de quiebra ha tenido múltiples repercusiones, siendo Puerto Rico “la gran víctima” con un sistema eléctrico en precario.
“Los bonistas llevan sufriendo por este caso ocho años durante los cuales no se ha hecho un pago en sobre $8,000 millones en bonos”, prosiguió Lauria, quien sugirió aplazar los procesos hasta diciembre próximo cuando podría haber más certeza en torno al futuro de la JSF.
Sin embargo, la abogada de la JSF, Margaret Dale, aseguró que el organismo continúa en funciones, luego de que los directivos Arthur J. González, Betty A. Rosa y Andrew Biggs retomaran sus responsabilidades en el organismo como resultado del interdicto provisional que frenó las destituciones por parte del presidente Donald Trump.
Swain retomará el tema de la quiebra de la AEE en la audiencia general de los casos de Título III el próximo 10 de diciembre.
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