La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain en una ilustración de Ramón Sandoval.
La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain en una ilustración de Ramón Sandoval. (El Nuevo Día)

Si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cumple con varios cambios requeridos, la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain se propone confirmar el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, dejando que las objeciones en torno a los casos de expropiación forzosa, otras reclamaciones y la práctica anulación de decenas de leyes estatales se resuelvan en un proceso apelativo si fuera el caso.

En una orden emitida este lunes, Swain –a cargo de los Casos de Título III de Puerto Rico- dio como plazo hasta la medianoche de este viernes, 14 de enero para que el organismo presente el octavo PDA del gobierno central modificado por sexta ocasión.

Swain requirió a la JSF modificar el PDA para que este refleje sobre una docena de cambios a la luz de las conclusiones de hecho y derecho que serían validadas por el tribunal.

De igual forma, Swain pidió a la JSF que modifique el PDA para establecer que si algún día, un tribunal con jurisdicción determina la justa compensación en un caso de expropiación forzosa o expropiación a la inversa, el gobierno pagará tal reclamación en efectivo y al 100%. De paso, tales reclamaciones nunca serían reconocidas como una reclamación general no asegurada.

Además, reza la orden de Swain, la JSF tendrá que modificar la sección 89.3 del PDA, que trata de las leyes estatales que quedarán ocupadas por la ley federal Promesa y el PDA, para que tal alcance quede delimitado a las conclusiones de hecho y derecho que reconozca el tribunal.

En esa revisión, Swain solicitó a la JSF remover las leyes 80, 81 y 82 de 2020 de la lista de leyes estatales que quedarían sujetas a Promesa. Los estatutos proveen para el retiro temprano de ciertos empleados públicos y la modificación de los criterios de jubilación para policías y maestros, respectivamente.

Prevalecen los objetores con reclamaciones de expropiación forzosa

Según el borrador de la orden de confirmación que Swain firmaría, el PDA del gobierno central sería confirmado a la luz de la sección 314(b) de Promesa y solo las objeciones por casos de expropiación forzosa y a la inversa serían admitidas o reconocidas por el tribunal.

Para examinar la viabilidad del PDA, Swain llevó a cabo una maratónica vista de confirmación que se prolongó durante unos ocho días durante noviembre pasado.

Si bien el Departamento de Justicia federal indicó a Swain que intervendrá en el proceso de confirmación del PDA para defender la constitucionalidad de Promesa y la JSF alega que tiene poder para modificar las reclamaciones de expropiación forzosa, la jueza parece convencida de que ello no es posible sin violentar la quinta enmienda de la Constitución estadounidense.

En contraste, las objeciones de bonistas individuales como el abogado Peter C. Hein o aquellas de acreedores que prestaron servicios o vendieron bienes al gobierno serían denegadas en su totalidad, a juzgar por el documento que acompaña la orden de Swain.

Mientras, las objeciones que antes radicaron grupos de bonistas como aquellos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y que luego fueron retiradas por estos serían denegadas con perjuicio.

El borrador de la orden de confirmación que suscribiría la jueza también indica que el tribunal de Título III retendrá la jurisdicción del PDA para asegurar que se cumpla con los términos de los nuevos bonos de Obligación General (GOs en inglés) que el gobierno emitiría como parte del PDA, así como la emisión del Instrumento de Valor Contingente (CVI, en inglés).

El CVI es un pago adicional que recibirían los bonistas en caso de que los recaudos por el impuesto al consumo y los arbitrios del ron excedan las proyecciones en el plan fiscal certificado para el año fiscal 2020. La Ley 53 de 2021, que se aprobó el año pasado para autorizar la reestructuración de la deuda sería parte del PDA.

Cuando el gobierno territorial emita la nueva deuda reestructurada, los instrumentos que reciban los bonistas llevarán una inscripción que establecerá que estos tienen el aval del tribunal.

A pesar de que Puerto Rico entraría en déficits presupuestarios a partir del año fiscal 2034, el borrador del memorando de conclusiones de hecho y derecho, que a su vez, acompañaría la orden de confirmación establece que el PDA es “factible”, “razonable” y cumple con “la prueba de mejor interés” para los acreedores.

Una camisa de fuerza a Puerto Rico

De igual forma, el borrador de la orden de confirmación establece que Puerto Rico adoptará una nueva política de endeudamiento, limitando al 7.94%, el margen de los recaudos al fisco que podría comprometer mientras el PDA esté vigente. La nueva política de manejo de la deuda supone que por al menos dos décadas, el gobierno central apenas podría tomar nuevamente prestado hasta que salde lo estipulado en el PDA.

Con la orden que Swain emitiría, el gobierno se libraría de casi una treintena de litigios y reclamaciones de acreedores –en especial, bonistas y aseguradoras municipales- que alegaban que Puerto Rico había actuado en contra de sus derechos reteniendo dinero que les pertenecía o que estos tenían un derecho prioritario de cobro vis a vis otras obligaciones del estado.

Pero a su vez, el PDA enterrará para siempre la posibilidad de constatar si, en efecto, el territorio estadounidense emitió deuda en contravención de su normativa. Como resultado, el gobierno quedará vedado de buscar en otros foros y fijar responsabilidades a quienes cobraron cientos de millones en comisiones por estructurar tales transacciones y de quienes se alega contribuyeron a la bancarrota municipal estadounidense más grande de la historia.

Inicialmente, después de una investigación encomendada a Kobre & Kim, la JSF y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) buscaban invalidar unos $6,000 millones en bonos de GOs y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Lo mismo se perseguía con otros $3,000 millones en bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).

Ahora, si la jueza Swain confirma el PDA, la JSF mantendrá vivas ciertas disputas contra terceros (Avoidance Actions, en inglés), pero estas están dirigidas mayormente contra contratistas y suplidores del gobierno. Si la JSF logra recuperar algo de tales litigios, los beneficios irán a un fideicomiso a las personas o firmas representadas por el UCC.

Protegidas las pensiones… pero modificado para siempre el retiro de los empleados activos

“Para que no haya dudas, el (PDA) no modifica los beneficios incluidos en el Beneficio Mensual de Pensión, el bono de Navidad, el bono de Verano, el bono de Medicamentos y el Beneficio de Seguro Médico, según definido en el séptimo (PDA) enmendado”, reza el borrador de la orden de confirmación que Swain emitiría.

En materia de retiro y pensiones, el borrador de la orden de confirmación también incluye la creación del fideicomiso dirigido a pagar las pensiones cuando el gobierno pueda quedar sin fondos suficientes.

Asimismo, el PDA obligará a maestros y jueces a aportar a sus nuevas cuentas de ahorro para el retiro a la luz de la Ley 106 de 2017. En el caso de maestros y jueces menores de 45 años, aportar al Seguro Social también será obligatorio.

Libres de toda culpa

Según el borrador de la orden de confirmación y en términos generales, una vez el PDA se confirme o se produzca alguna decisión judicial requerida en alguna reclamación particular, el gobierno tendrá unos 10 días para desembolsar los pagos acordados en el proceso de reestructuración. Ello incluye, los pagos a asesores, abogados y bonistas que participaron de las negociaciones.

Si en efecto Swain confirma el PDA, agrega el borrador, habrá unos 90 días para que los acreedores presenten alguna reclamación que quede pendiente y los abogados y asesores de la JSF, el gobierno, el UCC y el Comité Oficial de Retirados (COR) tendrán 120 días para presentar lo que quede pendiente de sus honorarios.

Los integrantes de la JSF, los oficiales de gobierno, bonistas, aseguradores municipales o cualquier otra persona o entidad relacionada que participó en la reestructuración del gobierno central quedarán libres de responsabilidad alguna salvo que medie fraude o conducta mal intencionada, reza el borrador de la orden de confirmación.

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