De no haber sido por la avalancha de fondos relacionados con la catástrofe que provocó el huracán María y la pandemia del coronavirus, los primeros cinco años de vigencia de la ley federal Promesa –en especial, las políticas de ajuste en el gasto público requeridas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)- habrían agravado el cuadro de estancamiento económico que experimenta la isla.